La electrificación de la Algeciras-Bobadilla topa de nuevo con su impacto ambiental

La renovación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla vuelve a toparse con un retraso administrativo. El proyecto de construcción de la subestación Ronda, una de las dos que suministrarán la energía para la electrificación de la línea, tendrá que tramitar una Declaración de Impacto Ambiental, el procedimiento de evaluación ambiental más largo, en lugar del simplificado al que optaba. Otra demora en un proyecto que de haberse seguido el calendario inicial fijado por la Comisión Europea para las redes transeuropeas de transporte, debería haber estado finalizado en este 2020.

El plazo para la ejecución de las subestaciones eléctricas ya se había alargado anteriormente. Estas dos instalaciones, bajo los nombres de Ronda y Marchenilla (esta en Jimena de la Frontera), se habían quedado fuera de la planificación obligatoria de la red de transporte de energía eléctrica y no fue hasta 2018 cuando Adif solicitó su inclusión en ella. A finales de ese año se licitó la redacción del proyecto y en octubre de 2019 llegó al Ministerio para la Transición Ecológica para su evaluación ambiental. Más de un año después, el Ministerio ha emitido una resolución en la que obliga a someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria "ya que se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".

Según recoge el dictamen publicado por el Boletín Oficial del Estado este jueves, la nueva subestación de transporte de energía eléctrica a 400 kV estará compuesta por dos parques: uno propiedad de Red Eléctrica de España (REE), que contendrá la nueva subestación de la red de transporte de energía eléctrica Ronda 400 kV; y otro propiedad de ADIF, donde se desarrollará la nueva subestación de tracción de Ronda 400/50 kV. Además, se proyecta la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica. La instalación se situaría dentro del término municipal de Ronda, en una zona incluida en dos Reservas de la Biosfera: Intercontinental del Mediterráneo y Sierra de las Nieves y su entorno.

El Ministerio alerta en primer lugar que el proyecto afecta al dominio público hidráulico, pero "en el documento ambiental no se ha presentado de manera detallada la obra de drenaje transversal con la que se salvará el arroyo de los Arcos, tal y como indica en su contestación -a consulta del Gobierno- la Delegación Territorial en Málaga". También advierte que se debe analizar en detalle la afección sobre los terrenos pertenecientes al dominio público y sus zonas de servidumbre.

El mayor impacto sobre la fauna se genera en la fase de explotación, derivado del riesgo de colisión de la avifauna con el nuevo tramo de línea eléctrica aérea. La Junta apunta que la ubicación del proyecto se solapa con los corredores de especies necrófagas, especialmente del alimoche, quebrantahuesos y milano real por su catalogación como especies en peligro de extinción en Andalucía, y de otras como el águila perdicera, águila real y cernícalo primilla. Igualmente, se constata la presencia del murciélago de cueva. Por ello, el Ministerio reclama "un estudio de avifauna exhaustivo y de las poblaciones de quirópteros amenazados de la zona, durante un ciclo anual completo para descartar afecciones".

También se alerta sobre posibles afecciones a especies de flora amenazada, ya que, aunque ninguna de estas especies ha sido detectada durante la elaboración del documento ambiental, "se desconoce el periodo concreto en el que se ha realizado el estudio específico sobre afección a flora, el cual debe ejecutarse en la época de floración. En este sentido, y en la línea con las sugerencias de la Delegación Territorial en Málaga, es necesario obtener una mayor información mediante la prospección de campo de las especies de flora, así como una descripción de las medidas a plantear".

Otra cuestión apuntada por el Ministerio es que la construcción de la subestación eléctrica tiene repercusiones sobre numerosos Hábitats de Interés Comunitario, generando una pérdida de los mismos, pero pese a ello carece de una descripción detallada de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera necesario, compensar los efectos negativos.

Asimismo, se pide más información para comprobar que no se construye en la Cañada Real de Málaga o se advierte de que el documento ambiental no prevé riesgo de incendios forestales mientras que la Delegación Territorial en Málaga informa que la totalidad del término municipal de Ronda, y por tanto las infraestructuras proyectadas, se ubican en un área catalogada como zona de peligro afectado por riesgo de incendio forestal.

"Como consecuencia de la falta de detalle de los estudios realizados, el programa de vigilancia ambiental presenta muchas carencias", señala el Ministerio. Por todo ello, decide que es necesario someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria. Un procedimiento que puede demorarse años.

Este es el segundo retraso por tramitación ambiental que sufrirá el proyecto. En abril, el Ministerio para la Transición Ecológica también determinó que la electrificación de la línea Ronda-Bobadilla tenía que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinario.

Estas demoras levantan dudas sobre la fecha de finalización de la obra de modernización de la vía férrea, que se había establecido para 2022. Dudas formuladas incluso por la Comisión Europea en su revisión del avance de los corredores transeuropeos de transporte, las líneas básicas para el movimiento de mercancías y personas dentro de la Unión Europea. Así, en el Cuarto Plan de trabajo del Corredor Mediterráneo Europeo publicado el pasado jueves 8 de octubre, en el que se analiza la marcha de los trabajos, la electrificación de la Algeciras-Bobadilla aparece como un posible incumplimiento en el horizonte de 2030. "La electrificación está asegurada en el 90% de las líneas ferroviarias del corredor. Solo falta en algunos tramos en España, como la línea Bobadilla-Algeciras. En el resto del corredor se utilizan tres voltajes diferentes, lo que plantea el problema de la interoperabilidad", subraya la coordinadora del informe, Iveta Radicova.