Algeciras pide 19 millones de préstamo para pagar sentencias

Casi 18 millones son para abonar deudas con Recolte, concesionaria primero de playas y ahora de parques y jardines

Solicita esta cuantía al fondo de ordenación de Hacienda

Fachada de la casa consistorial. / Erasmo Fenoy
Raquel Montenegro

12 de agosto 2018 - 01:38

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras vuelve a recurrir a la firma de préstamos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago de sentencias en contra. En este caso, el Consistorio solicitará al Ministerio de Hacienda que le permita concertar una operación por 19 millones de euros dentro del denominado fondo de ordenación, el instrumento habilitado por el Gobierno central para que los ayuntamientos en peores circunstancias económicas puedan hacer frente al pago de operaciones de crédito, refinanciación de préstamos y la ejecución de sentencias judiciales.

Esa es la propuesta que el equipo de gobierno lleva al pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes y que después Hacienda tendrá que aprobar (o no). El Consistorio quiere hacer uso de este mecanismo financiero para pagar ocho sentencias judiciales, seis de ellas perdidas frente a la empresa Recolte y Servicios Medioambientales, que fue concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de playas y ahora lo es del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines. Todas suman casi 18 millones de euros.

Otros 322.000 serían para pagar a Parque Jardín Cementerio, que fue concesionaria del servicio del camposanto. El Ayuntamiento de Algeciras rescató esa concesión alegando que su titular no estaba cumpliendo el contrato, pero esta interpuso un contencioso para reclamar el pago de una indemnización en concepto de precio de las obras, instalaciones, maquinaria, enseres, vehículos y demás material afecto a la concesión del servicio de cementerio tras la resolución. Otros 700.000 euros son para Ibercaja Banco.

El Ayuntamiento de Algeciras ya se ha acogido en ocasiones anteriores al fondo de ordenación, un mecanismo de apoyo a las administraciones con mayores dificultades de financiación que se abre de forma anual. Los ayuntamientos solicitan su adhesión a este fondo detallando cuáles son las cantidades y conceptos que quieren pagar a través del mismo para su aprobación por parte del Ministerio. En el caso de que así sea, conciertan un préstamo a un tipo de interés ventajoso (propuesto por el Gobierno) con el Instituto de Crédito Oficial para afrontar esos pagos. Para acceder a la financiación las entidades locales tienen que presentar también un plan de ajuste o la modificación del que tuvieran con las medidas a adoptar para hacer frente a esa nueva deuda.

El Ayuntamiento de Algeciras está aún pendiente de concertar otra operación con el Ministerio de Hacienda. El Consistorio va a solicitar 34 millones de euros de un fondo de ordenación extraordinario para hacer frente al pago de la deuda pendiente con proveedores. El objetivo es poner el contador a cero para rebajar el periodo medio de pago a proveedores de 370 días a 30, el plazo marcado en la ley.

En cuanto a la deuda bancaria, que a 1 de enero era de 176 millones de euros, el Consistorio algecireño también prevé abordar una reestructuración del débito a largo plazo mediante otro préstamo ICO. El Consistorio quiere refinanciar 40 millones de euros en operaciones a largo plazo que se hicieron hace años a un interés más alto.

Millones en los juzgados

Las sentencias incluidas en el fondo de ordenación que se solicita ahora son solo una parte de los procedimientos judiciales que el Ayuntamiento algecireño tiene abiertos. Así, a primeros de año el Consistorio tenía en curso 113 procesos judiciales, la mayoría de ellos como demandado. En total, los procesos en los que participaba el Consistorio en esa fecha sumaban unas reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de deuda de más de 40 millones de euros. En ellos se incluía parte de la deuda de Recolte que ahora se pretende abonar con cargo al fondo de ordenación. También en esa cantidad se incluía una demanda judicial del Banco Santander por el denominado caso swap (de 17,5 millones de euros), en el que la Justicia se pronunció finalmente a favor del Ayuntamiento. Dentro de las demandas judiciales municipales hay todo tipo de reclamaciones, desde las tradicionales por caídas en la vía pública o actuaciones municipales a litigios sobre impuestos, pasando por reclamaciones de deuda.

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