La Audiencia de Algeciras fija el 10 de abril el macrojuicio contra los Castaña

La sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz ha fijado para el próximo 10 de abril el comienzo del macrojuicio de la Operación Dismantle contra el clan de Los Castañas, según han confirmado a Europa Sur fuentes de la Fiscalía Antidroga. Se trata de una vista oral demorada mucho más de lo esperado por la falta de un espacio lo suficientemente amplio, en las varias sedes judiciales de Algeciras y el Campo de Gibraltar, como para acoger a 157 encausados con sus correspondientes representantes legales.

Si ya se ha fijado el juicio todo indica que es porque la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía se ha decidido por un emplazamiento, que busca desde hace más de dos años, aunque no lo ha anunciado. La opción más probable es, según fuentes judiciales consultadas por este periódico, que adecue durante los próximos meses un espacio en dos plantas en el edificio de la Audiencia Provincial. Aprovechando el sitio que han dejado libre los juzgados de lo Contencioso-Administrativo (trasladados a la oficina de la Calle Muro) se crearía una segunda sala complementaria que estuviera conectada con la principal con cámaras de televisión y de forma telemática. Así se podrían distribuir a los acusados y sus abogados.

La Junta barajó incluso trasladar el macrojuicio a Málaga, pero la Audiencia de Cádiz consideró que no era la solución más adecuada, según explicó Rosa Ana Morán Martínez, Fiscal Jefa Antidroga, en una entrevista con Europa Sur.

Cuando comience el juicio habrán pasado 938 días (más de dos años y medio) desde que Antonio Tejón, presunto líder del clan de los Castaña, y tres de sus supuestos colaboradores más estrechos se encuentran en prisión provisional a la espera que de que la Junta de Andalucía habilite una sala donde puedan ser juzgados por los delitos de narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Hace cuatro meses, la Audiencia de Cádiz aceptó parcialmente la petición de la Fiscalía Antidroga de que los siete procesados que seguían en prisión provisional después de dos años (tiempo máximo fijado a priori por la ley, que se cumplió el 14 de septiembre) continuasen en prisión dos más debido al riesgo de fuga, su reincidencia y la gravedad de los delitos que se les imputan. De esos siete, tres quedaron finalmente en libertad bajo fianza.

En el proceso de la operación Dismantle figuran como acusados 157 personas relacionados con el clan de Los Castañas, considerado hasta su desarticulación hace ahora tres años como el principal grupo de narcotraficantes del Estrecho. La suma de la petición de condenas formulada por la Fiscalía Antidrogas de Algeciras es de vértigo: 2.000 años de cárcel y más de 16.000 millones de euros en multas, cifra que representa más de un tercio del Presupuesto de la Junta de Andalucía en 2022, fijado en unos 44.000 millones de euros.

En concreto, el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Sur, establece por el delito contra la salud pública dos grupos de acusados: 49 de ellos afrontan una petición de 6 años y 9 meses de cárcel; otros 108, de 5 años y seis meses. Cada uno de los 157 se enfrenta al pago de dos multas, a razón de 50.000.000: 15.700 millones de euros, en total.

Según el mismo escrito, fechado el 13 de enero de 2022 y firmado por la fiscal jefe Antidrogas algecireña, Macarena Arroyo, por el delito de contrabando se solicita para 144 acusados la pena de 5 años de prisión y el pago de forma individual de 4 millones de euros, lo que da una cifra total de 584 millones de euros. Por el delito de receptación, la petición para 144 los acusados es de dos años.

Por el delito de pertenencia a organización criminal aparecen 45 acusados, a razón de 2 años de cárcel por cabeza. Figuran, además, dos acusados (uno de ellos, Samuel Crespo, conocido por su truculenta fuga del hospital de La Línea en febrero de 2018, cuando estaba detenido) por el delito de posesión de armas, con una petición de condena de 3 años de cárcel para cada uno.

Finalmente, hay un último acusado por atentado contra agente de la autoridad, para quien el ministerio fiscal solicita 4 años de prisión y el pago de la indemnización (no establecida en el escrito) a la víctima.

De los acusados, 146 están localizados por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Algeciras, responsable de las diligencias, en tanto que los once restantes tenían orden de detención.

El de la Operación Dismantle es la más importante pero no el único de una serie de macrojuicios contra las redes del narcotráfico cuya celebración está pendiente por las deficientes infraestructuras.