Los CIE de Algeciras y Tarifa registraron en 2019 la media más alta de internamiento del país: 36 días

Las 643 personas que ingresaron durante el año 2019 en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras -y de su extensión en Tarifa- permanecieron en las instalaciones una media de casi 36 días, la más alta de España.

Así lo refleja el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) en un anexo de su informe anual lanzado este jueves después de que el Gobierno le haya proporcionado, siete meses después, algunos datos que le había solicitado. Esta red de entidades de la Compañía de Jesús entiende que el Ministerio del Interior infringe gravemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y afirma que ha iniciado las acciones legales pertinentes y ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo. "Acciones que forman parte de la labor de observar la realidad de los CIE y de defender el papel de la sociedad civil en el seguimiento y control de prácticas lesivas de los Derechos Humanos", afirma en el anexo.

El CIE de Algeciras presenta una duración media de los internamientos de 35,89 días, por encima de Barcelona (29,63), Las Palmas (20,09), Madrid (30,12), Murcia (24,77), Tenerife (31,57) y Valencia (27,46) y de la media de todos estos centros (27,27). Esta cifra había sido de 26,08 en 2018, 26,63 en 2017, 24,47 en 2016 y 24,06 en 2015.

El SJM entiende que el aumento puede responder a varios factores: "que no se interna a personas que identifican su origen en países a los que resulta muy difícil devolverlos, las variaciones en los números de personas readmitidos diariamente por Marruecos y Argelia, o la prolongación del internamiento hasta que se resuelve la admisión a trámite de solicitudes de protección internacional".

El número de personas ingresadas en los CIE del Campo de Gibraltar (643) supone el 9,93% del total de España, donde se registraron 6.473 internamientos. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, las instalaciones en Algeciras y Tarifa perdieron un 80% de su capacidad entre 2015 (cuando podían albergar a 352 personas) y 2019 (cuando solo podían internar a 70). En ninguno de esos años estuvo cercano siquiera al 100% de ocupación. En 2015 tenía un 46,17% y el año pasado, un 81,46%, con muchas menos plazas.

En total se identificaron 13 menores en la antigua cárcel de La Piñera (41 en todo el país), que fueron trasladados a dispositivos de protección bajo la tutela de la Comunidad Autónoma.

"Las variaciones en las cifras de capacidad reflejan circunstancias como los cierres de instalaciones por su degradación o por obras, las limitaciones de número de personas que pueden compartir habitación según criterio de los juzgados de control para salvaguardar la dignidad humana", explica el anexo del informe.

En toda España, la cifra de personas internadas sigue una tónica descendente a partir de 2017: en 2019 fueron 1.382 menos que en 2018. Cuando se observan los datos desde 2009 queda patente la tendencia a un menor recurso al internamiento, incluso a pesar de los leves aumentos de 2011 respecto del año anterior y de 2017 a contar desde 2015.

Los datos que maneja son anteriores al cierre provisional del CIE de Algeciras y del definitivo de Tarifa, es decir antes también de que se declarara la pandemia del coronavirus y comenzara el cierre de fronteras. En el de Algeciras se realizan unas obras de reforma para reabrirlo cuando esté terminado el nuevo edificio en un terreno cercano a la antigua cárcel de Botafuegos.

El informe del SJM refleja el bajo número de personas (865, un 5%) que pasaron de un Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) a un CIE. En el de San Roque estuvieron ingresados 5.511 migrantes en 2019. El internamiento en los CIE se produce normalmente mediante traslado desde las comisarías de policía en las que las personas extranjeras permanecen detenidas hasta 72 horas mientras se tramita la autorización judicial.

Los jesuitas destacan que, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, solo se habría internado al 66,83% de las personas devueltas, al 45,86% de las personas expulsadas y al 58,04% de las personas repatriadas forzosamente. "De ellas es fácil deducir que el internamiento no es una medida imprescindible para ejecutar las órdenes de expulsión y devolución: un tercio de las personas devueltas y algo más de la mitad de las expulsadas no pasan por un CIE".

También resaltan el bajo número de personas internadas en CIE por órdenes de expulsión relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana (161), lo que desmonta los argumentos de los que defienden que la mayoría de los migrantes internados son delincuentes.

Los sucesivos informes del SJM reflejan las apreciaciones sobre el estado de los CIE que dejan los jueces de control de estancia en sus autos y los equipos del Defensor del Pueblo (en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) en sus informes. No así las apreciaciones de los Fiscales Delegados de Extranjería (FDE), al publicarse con posterioridad las memorias al gobierno en el inicio del año judicial de quien ostenta el cargo de Fiscal General del Estado en cada momento. Este anexo sí lo recoge. De Algeciras, dice que "destaca la persistencia de las deficiencias estructurales señaladas en años anteriores: falta de calefacción para internos y funcionarios, ausencia de cierre centralizado de las habitaciones de los internos y escasez de mobiliario en ellas". Apunta las leves mejoras gracias a las inversiones de mantenimiento, a la labor de los funcionarios y de las ONG que lo visitan y también la insistencia de la juez de control en la necesidad de realizar obras de reforma. Además, añade un apunte sobre la ausencia de casos de víctimas de trata, que relaciona con que no se interna a mujeres desde 2017. Anota igualmente la reducción del número de internos a un máximo de 30 en las instalaciones de Algeciras, mientras que nada dice de las instalaciones de Tarifa.