CIE, un modelo puesto en duda

algeciras/Edificios en malas condiciones, con humedades y falta de mobiliario básico. Habitaciones comunales de hasta 24 plazas con servicios a la vista que no proporcionan intimidad al interno. Rejas y puertas que se cierran desde fuera con un candado metálico y sin un sistema de apertura inmediata para casos de emergencia.

Ausencia de luminosidad en las habitaciones y falta de espacios lúdicos. Ni calefacción en invierno ni refrigeración en verano. Ese es el tétrico dibujo que realizan las personas y colectivos que trabajan en el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa de las instalaciones encargadas de albergar a las personas que cuentan con un expediente de expulsión del país. Unas instalaciones que no tienen carácter penitenciario, según el Ministerio del Interior, pero que para las ONG y muchos otros colectivos presentan en muchos sentidos peores condiciones que una cárcel.

Los centros de internamiento de extranjeros nacieron en los años 80 ya acompañados de polémica. Su objetivo es, según el propio Ministerio del Interior, "la custodia preventiva o cautelar de los extranjeros para garantizar su expulsión o devolución en virtud de expediente administrativo, o la expulsión como medida sustitutiva de una pena privativa de libertad". En la actualidad hay siete CIE en activo en España (el de Tarifa es una extensión del algecireño). En los últimos años se han cerrado dos: Málaga, por sus condiciones ruinosas, y el de Fuerteventura, por su escasa ocupación. Por los siete centros pasaron en 2015 (último dato disponible) 6.930 internos, un tercio de ellos por Algeciras, único de Andalucía. No son una excepción española: se calcula que en toda Europa hay unos 280 centros de este tipo.

La mayoría de los internos recluidos en ellos lo están por una infracción administrativa: carecer de permiso de residencia. Es el caso de los migrantes que llegan en patera, subsaharianos en su inmensa mayoría, que son internados en el centro de la Isla de las Palomas de Tarifa a la espera de que se resuelva su expediente de expulsión. En otros casos, se trata de personas que han cometido un delito penado con menos de seis años y esa pena es cambiada por la expulsión del país; ahí se encuentran los internos (masculinos) de Algeciras, que también alberga a mujeres en una zona aparte. En ambos supuestos los internos llegan al CIE por una orden judicial.

Sobre los centros hay un reguero de denuncias de ONG sobre las condiciones de vida, críticas de los jueces de control, de los policías, informes de defensores del pueblo autonómicos y nacional… Las denuncias van desde la falta de ropa para los internos, a los que se da una sola muda para todo el periodo que están allí (un máximo de 60 días), a la ausencia de servicios sociales y psicológicos. Se les priva de su libertad deambulatoria, pero también se les retiran los móviles y otras posesiones. Se advierte de la falta de policías y medios policiales suficientes: el Sindicato Unificado de Policía (SUP) asegura que con los actuales "no se puede garantizar la seguridad de internos y funcionarios", con una ratio de 1 agente por cada 10 internos en Algeciras y 1/20-25 en Tarifa. La juez de control de ambos, la titular del Juzgado número 1 de instrucción de Algeciras, acaba de emitir un contundente auto en el que insta a los directores de los centros a tomar una serie de medidas, como la construcción de espacios lúdicos, la supresión de rejas, el suministro de ropa, la eliminación de habitaciones con más de tres internos y la instalación de duchas individuales y wc ocultos a la vista. Y en el caso del CIE de Tarifa, su situación legal es más que dudosa: funciona como centro independiente pese a carecer de autorización para ello y está en un enclave singular dentro del Parque Natural del Estrecho, imposibilitando el uso público de la Isla de las Palomas.

Ya en 2010, el Defensor del Pueblo reclamaba el cierre del centro de Algeciras por considerar "absolutamente inadecuadas" las instalaciones, situadas en la antigua cárcel de La Piñera. En los últimos meses, los motines de Aluche (Madrid) y Murcia, con internos fugados, han devuelto a la actualidad estos polémicos centros y el auto de la juez de control de Algeciras ha sido una gota más en el ya rebosado vaso de las quejas. Hasta el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido la necesidad de habilitar un nuevo modelo de internamiento de extranjeros. Pero ¿sigue siendo válido el concepto de CIE?

Para el delegado del Gobierno, en Andalucía, Antonio Sanz, sí. "Los CIE cumplen una función muy importante en nuestro país, que es de acogida de migrantes". Hasta la semana pasada habían llegado a las costas andaluzas 581 personas y en 2016 alcanzaron Andalucía en embarcaciones 6.109 migrantes, para 3.369 del año anterior. "Lógicamente tenemos que dar una respuesta a esa situación", remarca Sanz, quien defiende el trabajo que se realiza en los centros de internamiento de extranjeros. También frente a las críticas del SUP por la falta de personal y medios: "Se utilizan los medios que se consideran necesarios dentro de la disponibilidad", asegura.

En el caso concreto de Algeciras, Sanz recuerda que "hace meses que venimos trabajando el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Algeciras para construir un nuevo centro". La tramitación está avanzada; hace unos meses se acordó el convenio por el que la ciudad cedería una parcela de 10.000 metros cuadrados junto al centro penitenciario de Botafuegos para que se edifique un nuevo CIE. Faltaría solo firmar el convenio, remarca Sanz, que aprovecha para destacar "la buena disposición del alcalde, José Ignacio Landaluce". La obra carece de plazo, pero una vez que esté culminada supondría no solo dejar atrás las deficientes instalaciones actuales, sino reunificar los dos centros actuales en uno liberando también la Isla de las Palomas.

Además, el CIE de Algeciras está llamado a ser un proyecto "pionero", el primero de ese nuevo modelo de centros que promueve el Ministerio del Interior. Como recuerda el delegado, el Ministerio ha creado un grupo de trabajo con expertos, ONG y partidos para definir otro modelo de CIE, que dé respuesta "a la nueva magnitud del fenómeno migratorio". Para ello se plantea "la construcción de un nuevo modelo de CIE con las condiciones que todos consideramos que debe tener".

Escaso éxito

Pero más allá de las características de un centro de internamiento de extranjeros, se plantea una cuestión de fondo, la base de todo el modelo: ¿merece una persona que solo ha cometido una infracción administrativa ser privada de libertad? "Ahora mismo es legal", contesta el fiscal de Extranjería de Algeciras, José Luis Jaudenes. "Otra cuestión es que sea lo más adecuado". Jaudenes está encargado (junto a la juez de control) de velar por la legalidad en el centro de internamiento de extranjeros. Y coincide con la magistrada en buena parte del diagnóstico que ha recogido en su auto: mal estado del edificio en Algeciras, saturación, escasez de espacios lúdicos, falta de climatización, los problemas de los baños... También en lo positivo como la buena atención sanitaria, lo adecuado de la comida, el esfuerzo de la Policía Nacional y el respeto a los derechos de los internos. Pero además del mal estado de la antigua cárcel de La Piñera (para la que ya ha pedido antes el cierre), el fiscal llama la atención sobre el escaso éxito que el sistema está teniendo en el que es su objetivo declarado: lograr la devolución de los extranjeros a su país. Menos de la mitad de los internos acaban siendo expulsados finalmente. En el caso del CIE de Algeciras, remarca, se tramitaron 2.367 órdenes judiciales de internamiento en el centro durante el año 2015: sólo 581 personas fueron finalmente expulsadas, menos de una cuarta parte. Ese porcentaje baja aún más en el caso del centro de Tarifa, donde se recluye a los llegados en patera: su identificación es imposible en la mayoría de los casos, en otros no hay convenio con el país de procedencia, y sin ello no se puede tramitar expediente de expulsión. Se les encierra durante semanas sin que se pueda cumplir el objetivo.

Para Jaudenes, ante esa realidad se podrían explorar otras opciones que proporciona la Ley de Extranjería, una norma que "da posibilidades". En primer lugar, ante la ausencia de permiso de residencia caben dos opciones sancionadoras: una multa de entre 501 y 10.000 euros o el expediente de expulsión. Y en el caso de que se opte por la expulsión, para garantizar esta no se prevé solo la posibilidad de internamiento sino que hay opciones como la presentación periódica ante las autoridades, la residencia obligatoria en un lugar determinado, la retirada del pasaporte o cualquier otra medida que el juez estime adecuada y suficiente. Y en esta última alternativa se abre un mundo de posibilidades. "Ahí podríamos tener imaginación para buscar otras medidas diferentes al internamiento. Por ejemplo, se ha hablado de pisos tutelados", señala el fiscal. De hecho, cuando hay arraigo del extranjero no suele dictarse el internamiento.

Para Algeciras Acoge, la opción de cerrar los CIE es la única plausible. "Se ha demostrado que la eficacia del internamiento es ínfima", apunta su presidente, Jesús Mancilla. Desde la ONG se apuesta por que los extranjeros que tengan una orden de expulsión por haber cometido algún delito esperen en la prisión, mientras aquellos que llegan en patera sean derivados a pisos tutelados o centros gestionados por organizaciones no gubernamentales. De hecho, en la práctica eso ya está ocurriendo: tras 10 o 20 días en los CIE los extranjeros están pasando a los espacios de las ONG. Hay una tercera casuística: aquellos que llevan ya tiempo en España, para los que propone que se adopte cualquiera de las otras medidas de control previstas en la ley. "El internamiento debe ser la última opción".

Mancilla apunta además que este sistema supondría un considerable ahorro respecto al gasto que suponen los CIE. Según los últimos datos aportados por el Ministerio del Interior, su mantenimiento supone 8,8 millones de euros al año. A ellos hay que sumar el coste de las obras que se ejecutan, que en el caso de Algeciras "han sido para tirar el dinero dado el estado del edificio". Éste contaba con capacidad para 190 personas, pero ahora solo tiene 90 plazas al no poderse utilizar en su totalidad.

En el CIE de Algeciras trabajan varias ONG, que se reúnen y coordinan semanalmente. Cruz Roja tiene un convenio oficial desde abril del pasado año para intervenir en los CIE en labores humanitarias y sociales como la interpretación de lenguas (la falta de intérprete es uno de los grandes problemas de los internos), facilitar el contacto con familiares, tramitación de documentos, información y desarrollo de actividades. Otras organizaciones trabajan también en estos y otros campos, con más libertad desde la aprobación del reglamento de 2014. Algeciras Acoge, Proyecto Alma, Fundación Amaranta, Fundación Cruz Blanca, Fundación Prolibertas y Asociación Cardjin llevan a cabo una labor imprescindible.

¿Centros seguros?

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha encargado de sacar al exterior las denuncias, en este caso de los agentes que trabajan en los centros. "Los funcionarios de los CIE lo están pasando mal", asegura su portavoz, Antonio Olivencia. Desde su ámbito, critican la falta de medios con la que tienen que lidiar a diario en unos centros con decenas de personas privadas de su libertad. Los policías no pueden portar pistolas por motivos de seguridad, pero tampoco tienen chalecos. Son pocos en relación al número de internos. Y aunque en Algeciras no se han reportado motines como los de otros centros, también tienen sus riesgos, señala: hace un par de semanas se encontraron varios pinchos metálicos durante un registro rutinario de las habitaciones. Por eso no están de acuerdo con la petición de la juez de retirar las mamparas de la sala de visitas de Algeciras, el lugar en el que están los internos a los que se ha sustituido una pena por la expulsión.

En lo que sí coinciden con el resto es en la necesidad de un nuevo edificio. "Necesitamos unas instalaciones nuevas, que estén como las de la prisión -salvando las distancias-. Con sus habitaciones individuales, su ducha y su retrete". Algo muy lejos de las humedades y mobiliario en mal estado que tienen ahora. Más personal y más medios. Y también que se agilicen los expedientes, "hay que intentar agilizar los trámites de expulsión, aunque para eso también hace falta más personal". España marca 60 días como máximo para esa tramitación e Interior destaca que en algunos países europeos esos trámites son de hasta 18 meses. Hasta un año y medio privado de libertad por no tener permiso de residencia para el paraíso europeo.