El Campo de Gibraltar, el gran olvidado en materia de Justicia

Escasos medios materiales y sobre todo personales, sedes inadecuadas y una sobrecarga de trabajo demostrada estadística tras estadística. Ese es, a grandes rasgos, el panorama de la Justicia en la comarca, empeorado paradójicamente como consecuencia del éxito del plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar. Las oficinas judiciales no dan abasto para dar salida a una carga de trabajo que se resume en un dato: desde agosto de 2018, cada día se detiene a una media de nueve personas por delitos relacionados con el narcotráfico. Jueces y fiscales coinciden en que el sistema está al borde del colapso. “El Campo de Gibraltar es el gran olvidado en materia de Justicia”, sentencian al unísono.

Europa Sur ha convocado en torno a una mesa redonda al juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz; al presidente de la sección algecireña de la Audiencia Provincial, Manuel Gutiérrez Luna, y al fiscal jefe, Juan Cisneros, para debatir sobre la situación de la Justicia en el Campo de Gibraltar, sus problemas, necesidades y retos. Esta es la imagen que dibujan en la conversación desarrollada en el restaurante El Guadarnés, en la Estación de San Roque.

Falta de medios

La falta de órganos judiciales y personal suficiente es una constante durante el debate. A finales del pasado año el Gobierno aprobó la creación de dos nuevos juzgados en Algeciras, uno en La Línea y otro en San Roque (también una quinta plaza de magistrado en la Audiencia y un refuerzo en la Fiscalía). Todo apunta a que podrían ponerse en marcha a mediados de año, aunque no hay confirmación oficial al respecto a pesar de que desde el sector judicial se está urgiendo su puesta en marcha para hacer frente a la avalancha de procedimientos con múltiples investigados en materia de narcotráfico. Corresponde a la Junta de Andalucía habilitar las sedes para que los juzgados abran, mientras los jueces serán nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Pero la carga de trabajo de la zona requiere aún más a su juicio.

“Hace falta una segunda sección de la Audiencia Provincial”, asegura Gutiérrez Luna. Hace 20 años que se creó la primera, que cuenta con cuatro magistrados que en breve serán cinco. Ellos son los encargados de juzgar los delitos con más de cinco años de pena de prisión, pero también de resolver los recursos de los juzgados de instrucción, que suponen una elevada carga de trabajo, “casi nos da más trabajo la instrucción que el juicio”. La sección algecireña, que se hace cargo de todo el Campo de Gibraltar, es insuficiente para la zona de alta litigiosidad en la que se encuentra, más si se compara con Cádiz, que cuenta con cinco secciones (16 magistrados). También se ha quedado físicamente pequeña: “Estamos señalando juicios para 20 imputados, cada uno con su abogado frente a lo que pasaba antes, que cada letrado llevaba a varios acusados. ¿Dónde celebramos esos juicios?”, remarca Gutiérrez Luna. Hay que actualizar además los medios materiales “tenemos los mismos que hace 20 años”.

En cuestión de espacios, los juzgados tampoco están en mejor situación. Se han denunciado en muchas ocasiones las malas condiciones en las que están algunas sedes judiciales, con goteras, sin seguridad. La solución, para el decano de Algeciras pasa por la agrupación de las sedes judiciales, la idea de la Ciudad de la Justicia que quedó aparcada. “Habría que agrupar dejar solo dos sedes, Palacio de Justicia y Audiencia”, señala Alberto Ruiz. Eso supondría una mejora de las oficinas, pero también mejorar la seguridad en casos como el juzgado de Menores (con una entrada estrecha y donde tienen que compartir sala de espera con los adultos) o evitar a los fiscales las dificultades de desplazarse de un sitio a otro.

Pero más allá de lo físico, el Campo de Gibraltar adolece de la falta de órganos clave como un juzgado de lo Mercantil –“esa carencia no tiene ninguna justificación”, apunta Juan Cisneros–, lo que obliga a desplazarse a los ciudadanos. Por ejemplo, está ocurriendo con las causas de la cláusula suelo, que se llevaron a Cádiz y se están fijando a dos años. También necesita aumentar el número de órganos en San Roque y La Línea, que ahora tienen juzgados mixtos (civil y penal) que tienen que hacer frente a situaciones complejas, como las últimas operaciones contra el narcotráfico. Y se debería crear la plaza de magistrado para La Línea, apunta Gutiérrez Luna, de forma que los jueces pudieran ascender allí y no tuvieran que marchar a otros lugares cuando llevan un tiempo en el municipio. “Ya se pidió hace tiempo, pero no hubo apoyo político”, recuerda.

Faltan asimismo fiscales para desbloquear el trabajo de los juzgados, advierte Cisneros, son “un eslabón que si falla atasca los juzgados”, remarca. Y mejoras retributivas para los existentes, ya que hay profesionales que hacen el mismo trabajo en dos categorías salariales diferentes. Otro de los eslabones serían los funcionarios: “La ratio es de un funcionario de tramitación por fiscal y tenemos 7 y 2 de auxilio para 16 fiscales, y eso con funcionarios de refuerzo, que no son plazas, están en el aire”.

Blanqueo

Estas carencias vienen de años atrás, pero que ahora se han agravado por la batalla desatada contra el narcotráfico, que llena calabozos y juzgados. Tanto es así que hace unas semanas el juez decano de Algeciras advertía que la carencia de medios podía provocar que parte de los narcotraficantes detenidos quedasen en la calle al no poderse terminar la instrucción de sus casos antes de los dos años máximos de prisión preventiva.

Y el trabajo promete seguir aumentando: la próxima semana se inaugura la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), destinada a la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Un instrumento que aplauden y que contará con una treintena de personas –“que son muchas”, apunta Cisneros– destinadas a perseguir el dinero del narco, con participación de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. “Es muy importante, porque hasta ahora no se hace mucha información patrimonial”, señala el presidente de la sección algecireña, mientras los tres coinciden en que es clave para acabar con el narcotráfico.

Pero la carga de trabajo de los juzgados también refleja otras singularidades de la zona. Como el elevado número de expedientes relacionados con la inmigración ilegal y la existencia de muchos matrimonios mixtos, que requieren de un control por parte del juzgado para evitar los matrimonios de conveniencia. Para ello cuentan con la colaboración de la Policía, más necesaria aún porque “la falta de recursos impide hacer las audiencias reservadas al nivel que se exigiría normalmente”, explica el decano, encargado del Registro Civil. Y se detectan matrimonios pagados. “De cada tres audiencias reservadas fijadas, en una los contrayentes no aparecen”.

Otra materia en la que destaca (en negativo) la comarca es el elevado número de casos de abusos y agresiones sexuales, apunta Gutiérrez Luna. “Rara es la semana que no vemos uno”, explica, “con mucha frecuencia el caso de una madre separada cuya nueva pareja abusa de sus hijos”.

En una zona con una gran superficie protegida, hay también muchas construcciones ilegales y sentencias de condena por ellas; otra cuestión son los derribos de las edificaciones. “La ley establece como norma general la demolición, salvo excepciones”, señala el fiscal jefe, “el problema es que los ayuntamientos no tienen medios suficientes para derribar”. Y los propietarios, que son los condenados a demoler en primera instancia, no lo hacen.

En otros casos, apunta Juan Cisneros, hay una mala utilización de los recursos judiciales, un abuso de ellos. “En la Fiscalía hemos tenido un problema con el Ayuntamiento de Los Barrios, que nos manda todo, denuncia todo. Y todas las denuncias hay que estudiarlas”.

Para hacer frente a ese panorama de alta litigiosidad en múltiples campos Alberto Ruiz trae a colación la reclamada unificación de los partidos judiciales a medio plazo, una organización conjunta de todos los juzgados existentes que permitiese agrupar el trabajo comarcal en algunas materias en un mismo órgano. El presidente de la sección de la Audiencia recuerda que ya se estudió hace años esa unificación, pero la propuesta es diferente, remarca Cisneros: se mantendrían las tres sedes judiciales. Una propuesta que respalda el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que por ahora parece que tendrá que esperar.