Casanova insiste en su proyecto de la planta de biomasa en La Almoraima

El alcalde de Castellar, Juan Casanova, insiste en su proyecto de diversificación económica en la finca La Almoraima. El primer edil está a la espera de mantener una reunión con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para conocer la hoja de ruta que plantea para esta finca.

Casanova indicó ayer que existe cierta aceptación a su proyecto, ya que tras tres años obteniendo la negativa por respuesta por parte de la gerencia de La Almoraima, el Ministerio parece receptivo y así se lo transmitió recientemente el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, con el que mantuvo una conversación. "Me reiteró la intención del Gobierno de iniciar el procedimiento para la venta de La Almoraima. Le recordé las peticiones del Ayuntamiento desde hace tres años y me dijo que le parece una idea coherente", explicó el primer edil, quien añadió que existen pocas esperanzas de que no se privatice la finca.

El regidor castellarense aclaró que se puede aunar lo público con lo privado. "Con un alquiler podríamos salir del paso, necesitamos sólo unas pocas hectáreas para la planta de biomasa. Habría beneficios para la inversión privada, el Ayuntamiento y la titularidad de la tierra quedaría intacta ", añadió. Por otra parte, opinó que las peticiones de la Plataforma social para mantener una reunión con los delegados territoriales de Medio Ambiente y Turismo, Federico Fernández y Manuel Cárdenas, respectivamente "no tienen mucho sentido porque la finca es titularidad del Gobierno".

El alcalde sí reconoció que han pasado meses desde que junta rectora de Los Alcornocales aprobara dar traslado a la Junta para que inicie la declaración de monte público, sin que se haya producido ningún movimiento.

A este respecto, la CGT del Campo de Gibraltar, que el pasado sábado acudió a la marcha protesta contra la privatización de La Almoraima, manifestó que la Consejería de Medio Ambiente no tiene la más mínima intención de declararla como monte de utilidad pública en ningún momento porque han transcurrido cuatro meses sin que se haya iniciado ningún tipo de procedimiento.

"Este hecho pone en evidencia las palabras de la consejera abogando por lo público en un momento socialmente mediático y ahora creemos que se está negociando un apaño político con el Ministerio de Agricultura", añadió la CGT.

Para el sindicato, esta finca junto a la de Marajambú deben convertirse en el motor de desarrollo de Castellar y en ejemplo de que el desarrollo sostenible es capaz de ofertar trabajo digno y de calidad. Finalmente, solicita que se ponga en valor el plan de desarrollo sostenible de La Almoraima elaborado en 2007 y que pone en valor actividades económicas que generarían en torno a 150 empleos.