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La cuarta sesión del juicio que se celebra en Algeciras contra el clan de Los Castañas por narcotráfico y blanqueo de capitales estuvo marcada este jueves por la admisión íntegra del escrito de acusación presentado por la Fiscalía.
El procedimiento sigue por tanto adelante con el próximo lunes 24 de abril como la fecha fijada para el inicio de las tomas de declaración de los 95 acusados que permanecen en la macrocausa.
La vista quedó empañada por la renuncia de uno de los abogados tras haber recibido amenazas de su cliente durante uno de los recesos. Este incidente forzó la suspensión del proceso durante una hora, hasta que otros tres abogados han asumido la defensa del procesado para poder continuar con la vista.
La sesión arrancó a las 10:00 con la contestación del Ministerio Fiscal a la petición impugnación del escrito de acusación y a una docena de cuestiones previas presentadas por las defensas en los tres primeros días del juicio.
La fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, respondió durante más de una hora con abundante jurisprudencia a la más de una decena de reparos que las defensas de los procesados habían planteado como asuntos previos. Unas cuestiones que fueron finalmente desestimadas por el tribunal que, a la par, ha asumido el escrito de acusación, lo que supone continuar con el procedimiento y avalar el trabajo de la Fiscalía Antidroga.
Las defensas solicitaban la impugnación completa del tercer escrito de acusación, a lo que Arroyo replicó que ninguno de los letrados había solicitado la suspensión o un plazo para examinar el documento, lo que bajo su criterio mantenía la plena vigencia del texto. "Solicitar la suspensión para plantear una prueba o tiempo para contestar es una facultad de las defensas -que no se había utilizado- mientras que la jurisprudencia admite modificaciones de la acusación previa en el momento inicial de la vista", defendió Arroyo.
En cuanto a las cuestiones previas, los letrados planteaban reparos amparándose en la calificación del delito de receptación o la declinatoria de la jurisdicción aplicable. También sobre la práctica de los registros, falta de firma en alguno de los escritos (subsanable, según Arroyo) o las intervenciones de comunicaciones. Todos estos puntos, según Arroyo, se desarrollaron plenamente amparados por numerosas sentencias y, por tanto, las pruebas obtenidas habían sido tomadas bajo todas las garantías procesales. Algo que quedó ratificado posteriormente por el tribunal al asumir el escrito.
Una de las cuestiones previas hacía referencia a la petición de la abogada de uno de los supuestos líderes del clan, Antonio Tejón -en prisión por la causa que se juzga-, quien solicitó el miércoles la puesta en libertad inmediata de su cliente por entender que se habría vulnerado el derecho de libertad individual de su defendido.
La letrada sostuvo en la sesión previa que cuando el acusado se entregó voluntariamente en el Juzgado de la Línea el 14 de septiembre de 2020 lo hizo a las 11:30 y no pasó a disposición judicial hasta el día 17 por la tarde, por lo que se habrían superado las 72 horas de detención permitidas. La abogada dijo el miércoles que aunque fue conducido al Juzgado por la mañana y en el auto, de 39 folios, consta que se comienza a las 9:30, además de que "en dos horas no da tiempo a tomar declaración y redactar los 39 folios con fotografías incluidas", no fue hasta la tarde cuando pasó a disposición judicial.
Como contestación, la fiscal Macarena Arroyo se opuso por entender que en ningún momento del procedimiento, incluida la toma de declaración de Tejón, se presentó un habeas corpus para comunicar la supuesta vulneración de derechos fundalmentales. "Si se hubiera detectado alguna negligencia en el plazo de las 72 horas se hubiera presentado un habeas corpus, lo que no se hizo. Por tanto, nos oponemos a esta cuestión previa", zanjó Arroyo.
A mitad de la mañana, el juicio tuvo que ser suspendido temporalmente al producirse la renuncia de uno de los abogados de la defensa tras recibir amenazas de su cliente durante un receso.
Las amenazas se produjeron, según el propio letrado y corroboraron desde la Fiscalía, durante el receso en el que los miembros del jurado estaban deliberando sobre las impugnaciones al escrito de acusación y una docena de cuestiones previas. Según otros abogados presentes en la sala, el procesado dijo a su letrado que se "verían en la calle", junto con otros insultos.
Al volver la transmisión del juicio (durante el receso la emisión en streaming en circuito cerrado para seguir la vista estaba suspendida), el abogado agredido comunicó al tribunal su inmediata decisión de renunciar a la defensa de su patrocinado, que estaba siendo atendido por los sanitarios en unas dependencias contiguas por su estado de excitación.
Desde el Ministerio Fiscal corroboraron lo sucedido, por lo que no se mostró oposición a la decisión anunciada por el letrado.
La juez presidenta del tribunal, Nieves Marina -que no estaba presente en el momento de los hechos por estar reunida para la deliberación-, determinó entonces suspender la vista e iniciar conversaciones "inmediatamente" con el Colegio de Abogados para que el procesado contara a la mayor brevedad posible con defensa. Algo que se resolvió en apenas una hora, ya que tres letrados asumieron la defensa de este cliente.
La presidenta del tribunal no abrió una causa por estos hechos al no estar presente en el momento en el que se profifieron las amenazas.
Una vez reanudada la sesión y cumplido con el trámite del escrito de acusación, fue el turno del llamamiento a los acusados para declarar. No obstante, todos manifestaron su intención de hacerlo únicamente en su correspondiente bloque del juicio, establecidos en aras a la economía procesal.
Uno a uno, los acusados se acogieron a este derecho, de manera que las sesiones se retomarán a partir del 24 de abril.
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