Chamizo insta a La Línea a elaborar un plan de disposición de fondos

El último informe publicado por el Defensor del Pueblo Andaluz reveló que el ente regional recomendó al Ayuntamiento de La Línea la elaboración y aprobación de un plan de disposición de fondos, con el objetivo de incluir en éste un orden de preferencia a la hora de realizar los pagos consistoriales. A raíz del conflicto con la plantilla municipal, el organismo dirigido por José Chamizo decidió intervenir de oficio y concluyó que resulta necesario otorgar sin demora en dicho orden una posición preferencial al abono de los gastos de personal. Aunque, según explicaron los técnicos del ente regional, aún no han recibido ninguna respuesta del Consistorio al respecto.

Y es que, según se observa en el informe, el Defensor del Pueblo recibió 192 quejas procedentes del Campo de Gibraltar en 2010. La mayor parte de ellas se concentró en Algeciras (102). El resto la interpusieron ciudadanos de La Línea (45), Tarifa (17), San Roque (15), Los barrios (9), Jimena (3) y Castellar (1). Una cifra que implica un descenso del 9% respecto a 2009, cuando se solicitó la intermediación del organismo en 211 casos.

A nivel comarcal, los técnicos del ente andaluz destacaron la existencia de quejas continuas de los internos de la prisión de Botafuegos, quienes subrayan cierta deficiencia en la asistencia sanitaria. Los reos hablan de la constante pérdida de citas para acudir a una consulta médica o a unas pruebas hospitalarias "por la falta de la necesaria fuerza pública que permita el traslado". Desde el Defensor del Pueblo Andaluz subrayaron que, de las analizadas, la instalación de Algeciras es la única en la que no se contabilizaron el número de casos.

Otra de las quejas tramitadas por el organismo abordaba el caso de una joven senegalesa interna en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se encontraba a la espera de recibir la orden de expulsión. Según explicaron quienes enviaron el documento Chamizo pidiendo su mediación, esta mujer es hija de un sindicalista afincado en Almería que había intentado desde 2006 traer a su descendiente. "Sin embargo, la actitud negativa del Cónsul español en Dakar provocó que el interesado se viese obligado, casi tres años después, a utilizar métodos menos legales para que su hija llegara a España", recogió el informe. Ante tal situación y por afectar al Ministerio del Interior, el ente decidió trasladar el caso al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.

A su vez, el documento también destacó la proliferación de quejas que denunciaba la aparición de plagas de ratones en La Línea. Y también el organismo actuó en 2010 en el conflicto surgido entre el hospital de dicho municipio y un trabajador del Servicio de Radiología. Los técnicos del Defensor del Pueblo explicaron que a dicho empleado le habían concedido la exención de realizar guardias por superar los 55 años; y que, después de obtener dicho reconocimiento, el centro sanitario se lo había retirado por falta de personal. El organismo dio la razón al médico y concluyó que la normativa no contempla que, una vez reconocido el derecho, pueda revocarse.

Otra de las quejas resaltadas por el informe trata de la descoordinación existente entre la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento de La Línea a la hora de reparar los desperfectos de las fachadas de varios inmuebles de protección oficial. El Defensor del Pueblo se decidió a intervenir tras más de dos años y medio de largas a los inquilinos de dichas viviendas.

Por último, los técnicos también resaltaron la petición que se realizó al Ombudsman de Gibraltar para que facilitara el cumplimiento del régimen de visitas aprobado por la Corte Suprema de El Peñón al respecto de la custodia de un menor. El padre, residente en un municipio de Cádiz, pedía que la madre le permitiera sacar al niño de Gibraltar (donde vivía ella) tal y como reflejaba la sentencia y que, según el progenitor, no se cumplía.

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