Control de fronteras e inmigración: el asunto que trae de cabeza a los candidatos

A pesar de que, en una Europa sin apenas controles fronterizos interiores, es Bruselas quien impone a los países de la Unión las políticas y estrategias de admisión de migrantes, la sociedad española sigue exigiendo a los candidatos a gobernar que se pronuncien sobre los principios que van a marcar su actuación en materia migratoria.

Para la mayoría de los partidos, a tenor de sus propuestas, el de la inmigración es un tema políticamente incómodo que eluden parcialmente en sus programas electorales. Esas propuestas hablan de solidaridad, derechos, cumplimiento de directivas europeas, políticas de integración, prevención de trata y cooperación al desarrollo en los países de origen. Sin embargo, a tenor de las declaraciones públicas recientes de los principales candidatos y a pesar de esos vagos discursos programáticos se observan grandes abismos ideológicos de unos partidos a otros.

PSOE

El PSOE, por ser el principal partido del Gobierno, es al que más cuesta arriba se le hace eso de hacer propuestas novedosas sobre migración. Explica en su programa que España padece un saldo migratorio negativo, lo que, en realidad, no es del todo así: en 2022 ingresaron en España 478.990 inmigrantes procedentes del extranjero frente a 220.443 españoles que emigraron a otros países (INE). El saldo, por tanto, es negativo solo si se introducen en la ecuación los escasos nacimientos en España y las habituales cifras de defunciones. Y especialmente negativo resulta también ese saldo migratorio si se valora el abismo en cuanto a la cualificación profesional que separa a los españoles que emigran frente a los extranjeros que llegan.

Los socialistas (como todos los partidos que aspiran a cotas de gobierno) no proponen abrir fronteras, pero sí que se retiren las concertinas, que se agilicen las tramitaciones de asilo político y se “humanicen” los CIE con personal no policial. Como propuesta singular incluyen en su agenda eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España: es decir, que los marroquíes y los venezolanos (principales grupos de inmigrantes no comunitarios), por ejemplo, puedan votar en las locales aunque los españoles que viven en Marruecos o Venezuela no tengan permitido hacerlo allí.

PP

El PP ha definido con mucha precisión que el modelo migratorio para España ha de ser el que priorice el talento, las capacidades y los idiomas de los que pretenden entrar, según un sistema de puntos. Es este un modelo de gestión exterior, vía consulados, que ya practican otros países con éxito (Canadá y Reino Unido, por ejemplo) aunque con circunstancias migratorias muy diferentes: la migración que demanda el mercado español no es de profesionales cualificados. Alberto Núñez Feijóo quiere reforzar Frontex (es decir, pasar la patata caliente del control fronterizo a Europa) y no tiene reparos en proponer que se agilicen las devoluciones de los que intentan entrar irregularmente en España. Aún no ha explicado cómo.

Sumar

Yolanda Díaz insiste en “regularizar a los miles de migrantes en situación irregular en España”. Esa narrativa, ya tradicional en la izquierda, ha sido criticada por la posibilidad de un efecto llamada de difícil gestión posterior (a pesar de que no hay evidencias claras de ese efecto en históricas regularizaciones masivas). Sobre estrategias fronterizas los de Sumar solo dicen que prohibirán las devoluciones en caliente y que cerraran los CIE, medida altamente complicada teniendo en cuenta que su creación y financiación es acordada por la UE. A pesar de la mala fama de los CIE, todos cuentan ya con personal social (Cruz Roja), traductores y sanitarios, y casi la mitad de los internos que ingresan en ellos para ser devueltos (46% según datos recientes de Interior y del Servicio Jesuita a Migrantes) tienen antecedentes penales.

Vox

Vox es el único partido que habla de impermeabilizar fronteras. Claramente se dirige a un electorado que considera el control de la migración en el sur de España como una prioridad (a pesar de que el grueso de la migración irregular llega a España en avión o por carretera). Sin embargo las leyes internacionales y los acuerdos suscritos por Madrid obligan a los buques a acudir siempre en rescate de las embarcaciones tripuladas a la deriva o en peligro de las que tengan noticia y llevar a sus ocupantes a puerto seguro. Se considera puerto seguro el más cercano (siempre que acepte a esos náufragos) o, por imperativo legal y en última instancia, uno del país del pabellón del buque o embarcación de rescate.

Expulsar a los extranjeros residentes en España en situación irregular, como también proponen los dirigentes de Vox, es, de momento, una propuesta utópica que ya ha sido tachada muchas veces como populista: los procesos de expulsión requieren la fehaciente identificación de la nacionalidad del migrante en situación irregular y, después, la aceptación del retorno por parte de su nación de origen. Los países con los que España o Europa no mantienen acuerdos bilaterales de devolución (la inmensa mayoría de los países emisores de migrantes hacia Europa) colaboran poco o nada con las autoridades españolas y, además, en la mayoría de los casos, los migrantes no legales carecen de documentos que acrediten su origen. En los CIE los migrantes en proceso de expulsión no pueden permanecer más de 60 días naturales; si, en ese tiempo, no se ha conseguido acordar la devolución con el país de origen, el migrante queda en libertad.