Desmantelada una red de narcotraficantes que introducía cocaína en contenedores a través del Puerto de Algeciras
Operación policial
La policía ha detenido a 32 personas e incautado casi 5.000 kilos de cocaína, 43 vehículos y 87 propiedades inmobiliarias
Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han desmantelado una red de narcotraficantes que introducía cocaína en contenedores a través del Puerto de Algeciras, según informó el Ministerio del Interior.
La operación se ha saldado con 32 personas detenidas, de los que 25 han ingresado en prisión preventiva, en el transcurso de las tres fases de una operación que comenzó en 2017 y con 4.844 kilos de cocaína intervenidos, 43 vehículos, 87 propiedades inmobiliarias valoradas en 16 millones de euros, cuatro embarcaciones, cuatro armas cortas, dos escopetas, un silenciador y seis millones de euros en efectivo, entre otros efectos de valor.
La organización criminal estaba asentada en Cádiz y Sevilla, desde donde distribuía la droga embarcada en contenedores marítimos procedentes del continente americano.
La investigación dio comienzo en el primer trimestre de 2017, cuando la policía conoció de la existencia de una organización sospechosa de introducir en la península grandes partidas de cocaína a través de contenedores procedentes de Sudamérica y Centroamérica para ser distribuida una vez superados los diferentes controles aduaneros.
Una vez analizada la información en poder de los tres organismos intervinientes, se coordinó la explotación operativa en tres fases, en cada una de las cuales han atacado a las diferentes estructuras que conformaban la organización hasta conseguir la plena desarticulación, tanto de su estructura operativa como de la directiva y financiera.
Inicio de la investigación
En la primera, se identificó a un empresario afincado en Barcelona y titular de un entramado societario en España y Brasil, que facilitaba el establecimiento de contactos para la negociación en origen de las partidas de cocaína que estaban siendo introducidas en territorio español a través del Puerto de Algeciras.
A partir de ahí, la policía detectó en diciembre de 2017 movimientos sospechosos de varios vehículos entre el puerto y dos naves industriales de Marbella. Los agentes interceptaron una furgoneta que contenía 1.100 kilos de cocaína en paquetes, en vista de lo cual se extendió el registro a las naves industriales, donde se localizaron otros 2.400 kilos y detuvieron a cinco personas.
En la segunda fase, los investigadores descubrieron que la red criminal estaba "fuertemente deslocalizada" entre numerosos países de Centroamérica y Sudamérica, así como en multitud de provincias españolas, entre las que destaca el entramado inmobiliario que poseían en Málaga, Cádiz, Madrid y Sevilla, siendo mayoritariamente en la capital andaluza, donde se custodiaba la droga hasta su distribución final.
Una vez identificados todos los integrantes de la organización a comienzos de enero de 2019, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la policía procedió a la detención de 18 personas y a la práctica de 26 registros en los que se incautaron más de cinco millones de euros en efectivo, 90 kilos de cocaína, uno de heroína, cinco armas de fuego, una embarcación de lujo de 43 metros de eslora, lo que permitió la imputación de los detenidos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Detención del cabecilla
Dentro de la organización también destacaba la figura de un empresario gaditano afincado en Sotogrande, una pieza clave en la distribución y logística de las actividades ilegales.
Así, a principios de marzo se detuvo a este cabecilla junto a ocho integrantes más, en el transcurso de los diez registros llevados a cabo en la provincia de Cádiz, concretamente en Sotogrande, Algeciras y Alcalá de los Gazules.
En esta operación, fueron intervenidos un total de 1.254 kilos de cocaína, 800.000 en efectivo, un arma de fuego, una embarcación, numerosos vehículos de alta gama y se procedió al bloqueo de 17 inmuebles con un valor superior a los seis millones de euros y 103 vehículos, bajo la titularidad de los detenidos y de las numerosas empresas que administraban.
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