Desprotección policial en el Campo de Gibraltar

Las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar fueron el principal argumento que esgrimió el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en su concentración convocada en la Plaza Alta de Algeciras el 3 de mayo pasado y también de la proposición no de ley presentada, y aprobada por unanimidad, por el Partido Popular en Parlamento Andaluz al día siguiente, solicitando la declaración de Zona de Especial Singularidad para esta comarca.

Pero, en honor a la verdad, hay que decir que las agresiones a los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no son exclusivas de este rincón del sur de España, sino que, por el contrario, son una realidad que afecta a toda la geografía nacional. Además de esa afectación generalizada, lo grave de este fenómeno es que se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha producido un incremento de un 25% de los delitos de atentados a gentes autoridad en los últimos 15 años, lo cual ha hecho saltar las alarmas entre los distintos colectivos policiales. El INE también refleja los atentados contra la autoridad y los delitos de resistencia y desobediencia muestran una clara tendencia al alza en los últimos años (con la excepción de 2020 por causa del confinamiento), pues se ha pasado de 12.966 condenas por delitos de este tipo en 2019 a 14.660 condenas en el año 2021, el dato más elevado de la última década.

Todas las incidencias denunciadas tienen en común una desmedida agresividad con los agentes. Estas cifras asustan, pues no se pueden disociar de un incremento generalizado de la criminalidad, de la pérdida del carácter de autoridad de los agentes entre la ciudadanía y del sentimiento de impunidad actual de los delincuentes.

Pero el fenómeno de la agresividad contra los agentes de la autoridad ni siquiera es un fenómeno exclusivamente nacional, pues en un mundo globalizado cualquier tendencia llega con más o con menos retraso a todos los rincones del mundo. El sindicato policial de CNP Jusapol ha explorado en Francia la creación de un frente común contra la "desprotección" de los agentes en un "entorno globalizado".

Actualmente se ha apoderado de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad un sentimiento de desprotección y vulnerabilidad, tanto desde un punto de vista judicial como político. Algún representante de un sindicato del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha llegado a manifestar en declaraciones públicas: "Se han acostumbrado a que pegar a un policía se salde con una multa de 100 euros".

Con la perspectiva del tiempo, resulta muy curiosa la imagen insólita que se produjo en Barcelona en enero de 2017, donde se pudo contemplar a más de un millar de policías manifestándose contra la desprotección política y judicial. Fue una manifestación que iba precedida de un ataúd que simbolizaba el entierro de la dignidad policial, y a la misma acudieron miembros de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Urbana de Barcelona y de otros cuerpos de seguridad municipales, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

A pesar de que los motivos que llevaron a manifestarse a esos colectivos no se han solucionado, sino que han empeorado, hoy parece que resultaría poco probable unir esos colectivos en una manifestación conjunta. El CNP, cuyos miembros son los que se sienten más desprotegidos, también es el que tiene más motivos para convocar manifestaciones del estilo de la realizada en Barcelona en enero de 2017, ya que, en la actualidad, 45 miembros de este colectivo policial han sido procesados por los incidentes del procés de octubre de 2017. El juez Francisco Miralles concluyó la instrucción sobre las cargas policiales durante el referéndum ilegal y decidió sentar en el banquillo a 45 policías, a quienes acusa no solo de un delito de lesiones, sino también de torturas. Seguramente se les acusará de interponer sus cabezas ante los tiernos adoquines lanzados por los pacíficos manifestantes que se calentaban del frío otoñal con hogueras en las calles.

La Ley Mordaza

Actualmente está casi ultimada la nueva Ley que derogará a la actual LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza", y los agentes de la autoridad se sienten aún más desprotegidos y desamparados, pues esta supondrá la pérdida del principio de veracidad para las propuestas de sanción que interpongan. En opinión de los distintos sindicatos policiales, además de esa pérdida del principio de veracidad, con la nueva ley "se pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes y disminuir los medios de contención para reprimir altercados violentos de carácter multitudinario". También reclaman, sin ningún tipo de éxito, que se tengan en cuenta las opiniones de los policías en la elaboración de la nueva norma.

Claro que, cómo se van a tener en cuenta las opiniones de los policías si el principal partido político promotor de la derogación de la Ley Mordaza, Unidas Podemos, tiene entre sus afiliados a condenados por agredir a policías. Los policías no olvidan que Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por dar una patada a un policía durante una manifestación contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en 2014. La condena fue de un mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y le aplicaron la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron hacía 7 años. En el fallo judicial, se le absolvía de un delito leve de lesiones, como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015. Este es un claro ejemplo de que una justicia lenta se puede convertir en injusticia. Pero ya se sabe, el policía es siempre la parte más débil y desprotegida o, al menos, es lo que piensan los miembros de estos colectivos.

Otro miembro de ese partido político, Isabel Serra, que fue portavoz en la Asamblea de Madrid, también fue condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado, otro de daños y otro más de lesiones por lanzar objetos contra la Policía Municipal tras un desahucio en Lavapiés y también por increpar a una agente.

Y si la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no se ha aprobado aún es porque a los partidos políticos Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya ¡les parecen insuficientes los recortes propuestos a la LO 4/2015!

El caso del Campo de Gibraltar

Como podemos ver, la desprotección policial no es exclusiva del Campo de Gibraltar. Sin embargo, sí que lo son las connotaciones sociales que existen tras las mismas.

La última de las agresiones en el Campo de Gibraltar se produjo en el barrio de Las Palomeras de La Línea de la Concepción, resultando al menos dos agentes heridos leves tras recibir pedradas de vecinos y conocidos de los detenidos que había efectuado el dispositivo policial del CNP y de la Policía Local.

En algunas barriadas del Campo de Gibraltar, se usan las piedras contra los policías, al modo y manera a como lo hacen los palestinos contra los militares israelitas en la intifada, pero sin que exista un motivo ideológico, religioso o nacionalista detrás de esas pedradas. Aquí se apedrean los vehículos policiales, las lanchas de la Guardia Civil y hasta los helicópteros de Vigilancia Aduanera.

Ese apoyo social a la violencia contra la policía en algunas barriadas es lo que hace realmente diferente a estas agresiones con las del resto de España. Por eso, las soluciones momentáneas o paliativas no pueden ser efectivas, ya que el parche lo que hace es ocultar la realidad social de la comarca.

El Gibrexit y esa insoportable situación social motivada por un paro alarmante que se ha hecho estructural en este rincón del sur, tan alejado de Madrid y tan cercano a las noticias tremendistas del narcotráfico y de la inmigración irregular, son los ingredientes perfectos para que las agresiones a policías se conviertan en noticias rutinarias.

Soy de los que piensan que los trabajadores españoles en Gibraltar son uno de esos parches que ocultan la realidad del problema social de la comarca. Si la situación social propiciara que en lugar de entrar españoles a trabajar en Gibraltar fuera a la inversa, y los gibraltareños viniesen a trabajar a España, otro gallo cantaría.

Por eso insisto, como ya lo hice en otro artículo de opinión: es indispensable diseñar de un Plan Estratégico de Actuación en el Campo de Gibraltar, para huir de las medidas paliativas que de cuando en cuando adoptan los gobernantes de turno y poder elegir el camino más idóneo en la encrucijada actual en la que se encuentra la comarca.

Sin embargo, este Plan Estratégico de Actuación en el Campo de Gibraltar, tan urgente y necesario, ni está ni se le espera.