España logra el respaldo de la UE a sus postulados en la negociación del acuerdo sobre Gibraltar

“No puede ser que Gibraltar sea el tercer territorio del mundo con la renta per capita más alta rodeado de una planicie de subdesarrollo”. La reflexión de José Borrell en 2018, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados siendo ministro de Asuntos Exteriores, enervó a muchos por la inexactitud de su descripción, aunque el fondo de su reflexión no estaba descaminado. En el Peñón no hay fábricas, pero eso no impide que constituya, en efecto, una de las economías más prósperas del planeta gracias a una singularidad basada en su baja tributación y en su pertenencia, hasta el 1 de enero de 2020, a la Unión Europea como territorio dependiente de Reino Unido.

A la par que miles de empresas encuentran acomodo en la Roca, al otro lado de la Verja, como apuntaba Borrell, hay paro y bolsas de marginalidad social ligadas al mundo de la droga y el contrabando. Son dos fenómenos derivados de la cercanía a Marruecos y a Gibraltar. También del abandono institucional sufrido durante décadas por el Campo de Gibraltar, un fondo de saco al sur de la península. Y aun así -detalles obviados por el ex ministro- existen uno de los polos industriales más potentes de España y el primer puerto del país en movimiento de mercancías: Algeciras.

La salida de Reino Unido de la UE, aprobada en referéndum el 23 de junio de 2016, representó desde primera hora una oportunidad para cambiar las tornas. Los llanitos ni querían entonces ni quieren ahora romper sus vínculos con sus vecinos más próximos. La consecuencia de ello es que Gibraltar quedó fuera del acuerdo de retirada y sigue a la espera de lograr un encaje ad hoc en la UE.

La Comisión Europea hizo público el pasado martes el documento que servirá de base para las negociaciones con Reino Unido. Se trata de un mandato en toda regla con líneas rojas irrenunciables y muy definidas cuya aplicación supondría acabar de facto con el estatus gibraltareño para adscribirlo a la legislación de la UE. De su complejidad da buena fe que su parto se haya hecho de rogar, superando los seis meses previstos inicialmente. Y ello a pesar de que, de partida, los encargados de redactarlo se sentarán en el mismo lado de la mesa cuando llegue la hora de negociar con Londres.

El mandato prevé a grandes rasgos la nivelación de los impuestos a ambos lados de la Verja y amplísimas facultades para las autoridades de España a fin de controlar el puerto, el aeropuerto y las “aguas de Gibraltar” -se entiende que las interiores, correspondientes a su puerto- como nuevo punto de entrada al espacio Schengen, así como la inspección aduanera de los bienes que lleguen a la Roca, la expedición de los visados de entrada y de los permisos de residencia. Todo ello unido a la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal, más el cumplimiento de medidas medioambientales acordes a la normativa de la Unión Europea.

Con todo ello, la Comisión Europea está dispuesta a impulsar la eliminación del control fronterizo en la Verja que separa La Línea de la Concepción de Gibraltar y a la creación de un “área de prosperidad compartida” entre campogibraltareños y llanitos, pero sin rebajar por ello un ápice los estándares de competencia y seguridad de la Unión Europea y el control de la zona Schengen. En este contexto, España no hace sino asumir el papel que le corresponde como país responsable del control de las fronteras exteriores de la UE.

Este mandato negociador elaborado por la Comisión para ser ratificado por el Consejo toma como base del acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido la pasada Nochevieja, aunque su contenido ya ha sido rechazado tanto por Reino Unido como por Gibraltar. “Sobre la base del actual borrador, no hay ninguna posibilidad de constituir la base de un acuerdo”, dijo el mismo martes el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo. Su respuesta fue la esperable.

A ojos de la ONU, Gibraltar sigue siendo un territorio en vías de descolonización, una anomalía en el contexto europeo cuya prosperidad ha sido posible gracias al paraguas que le ha proporcionado su metrópoli. Pero con la salida de Reino Unido de la UE, las reglas del juego han dado un brusco giro. Entre los políticos campogibraltareños que a menudo bregan con sus colegas llanitos para tratar cuestiones domésticas circula el dicho de que a los gibraltareños les gusta “la tostada untada de mantequilla por ambos lados”, algo que en la práctica se he venido resolviendo hasta ahora con ventaja para el Peñón.

Todo indica que las cosas empezarán a cambiar a partir de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprueben en septiembre próximo el mandato para negociar. Gibraltar seguirá estando representada en las negociaciones por su gran hermano británico, aunque ya fuera de la casa común, y los intereses de España serán defendidos por la UE, lo cual no deja de representar una ventaja puesto que en Bruselas, según confiesan fuentes conocedoras del proceso, se es mucho menos sensible a las presiones que suelen ejercer los aliados que Gibraltar riega y cultiva convenientemente, tanto en el Campo de Gibraltar como en Madrid. No obstante, “la Comisión mantendrá estrechos contactos con las autoridades españolas durante el transcurso de las negociaciones y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones”.

Como añadido, el intento de Boris Johnson de revisar los acuerdos concernientes a Irlanda inspira poca o ninguna confianza en la UE y es un mal precedente antes se sentarse a negociar sobre el Peñón. Dicho de otro modo, los recelos que despierta la actitud del primer ministro británico en relación a sus ex socios comunitarios no hacen prever para muchos que los acuerdos que se alcancen en torno a Gibraltar sean suficientemente sólidos.

Tampoco Gibraltar parece haber logrado despertar muchos apoyos en Bruselas. La determinación y el apoyo expreso que el mandato ofrece a las posiciones defendidas por España así lo demuestran.

La propuesta presentada el pasado martes es un primer paso de la Comisión Europea. El Consejo Europeo será ahora el que deberá adoptar este proyecto de mandato, tras lo cual la Comisión podrá iniciar negociaciones formales con el Reino Unido. Estas se desarrollarán, asegura la UE, en contacto permanente con las autoridades españolas, como ya se había comprometido en el acuerdo de salida del Brexit, cuando se dio a España la última palabra sobre cualquier decisión acerca de Gibraltar.

De alcanzarse un acuerdo, este incluirá una estructura de gobernanza para garantizar su correcta implementación, con un órgano de supervisión formado por los países miembros, especialmente España. Y también se tendrá en cuenta la posición de España como estado miembro responsable de parte de la aplicación del acuerdo a la hora de tomar decisiones sobre este. Se revisará la aplicación al cabo de cuatro años, pero existe la posibilidad de que ambas partes lo rescindan en cualquier momento y la opción de suspender unilateralmente el acuerdo en determinadas circunstancias.