España rechaza la propuesta de Gibraltar de tener un impuesto de solo el 10% frente al 21% del IVA

Algeciras/En la Nochevieja de 2020, los gobiernos de España y Reino Unido cerraron un acuerdo marco que está sirviendo de base a la Comisión Europea y las autoridades británicas para negociar, de forma un tanto tortuosa y desde octubre de 2021, la firma de un tratado internacional sobre Gibraltar, sobre la compleja incardinación de la colonia británica en la Unión Europea y, más en concreto, en el Campo de Gibraltar como comarca limítrofe.

Tras 300 años de disputa por ese territorio y aparcando el espinoso asunto de la soberanía, las dos partes se propusieron en aquel momento el objetivo de conformar un “área de prosperidad compartida”, cuyo aspecto más visible debería ser la desaparición de la Verja que separa a los llanitos de sus vecinos del norte.

Aquel acuerdo marco, suscrito a consecuencia del Brexit y no sin dificultades, recoge una serie de asuntos con un común denominador: la armonización de la legislación de Gibraltar a la de la UE -particularmente, a la de España- para superar las diferencias existentes en ámbitos como el fiscal, el aduanero o la protección del medio ambiente. El objetivo era, y sigue siendo, evitar en el futuro la coexistencia en un mismo espacio territorial de marcos normativos divergentes que consoliden la competencia desleal que el Peñón viene ejerciendo respecto a su vecinos en dichas materias y que, a la postre, reporta a la colonia grandes ventajas.

En el ámbito aduanero, en concreto y según el acuerdo marco, el futuro tratado deberá incluir una “solución a la medida” de Gibraltar y de España para evitar“distorsiones en el mercado interior, especialmente en la economía de la región” vecina, entendida esta última como el Campo de Gibraltar.

Para ello, las autoridades del Peñón deberán aplicar “en lo sustancial” los mismos aranceles y política comercial que la UE, lo que incluye derechos aduaneros, el IVA, determinadas prohibiciones y restricciones por razones de seguridad, además de facilitar a los 27 estadísticas fiables sobre sus importaciones de bienes.

Pese a estas previsiones, las conversaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido -con la participación activa de España y de Gibraltar en las respectivas delegaciones- para dar forma al tratado internacional han encallado, entre otras razones, por las divergencias en materia tributaria y aduanera: en torno al IVA y al nuevo impuesto que el Peñón debe activar para emularlo y sobre la aplicación de la normativa sobre aduanas.

Según la información a la que ha accedido Europa Sur en exclusiva, la propuesta fiscal que Reino Unido y el Ejecutivo de Fabián Picardo han puesto sobre la mesa de diálogo lleva por nombre Transaction Tax (impuesto sobre las transacciones) con un tipo general del 10% frente al 21% del IVA que se aplica en España, es decir, con once puntos porcentuales de diferencia.

Gibraltar prevé, igualmente y con el apoyo de Londres, un Transaction Tax reducido del 5% y un listado adicional de productos exentos del arancel aduanero comunitario, vigente en la actualidad en la UE para todos los bienes procedentes de terceros países. También propone que estén libres de carga impositiva los productos procedentes de Reino Unido. En contraste con estos porcentajes, en España, el IVA reducido es del 10% y el superreducido del 4%, para productos de primera necesidad.

Tampoco desean aplicar las autoridades llanitas impuestos especiales a los carburantes, el tabaco y las bebidas alcohólicas, como sí se hace en España y en el resto de la UE, de tal forma que el gravamen de todos esos productos en la Roca sería el del citado 10%. A este otro lado de la Verja, por ejemplo, el impuesto sobre las gasolinas representa el 50% del precio final del producto, en tanto que en el del gasóleo es de un 45%.

Gibraltar quiere asumir también la gestión del citado arancel aduanerocomunitario (cuya recaudación va a parar en su inmensa mayoría a las arcas de los 27) en contra del criterio de la UE, que estima que esa función inter pares corresponde únicamente a los estados miembros, condición de la que carece la Roca.

Respuesta de Hacienda: No

Aunque desde determinadas posiciones de la CE se mostraba cierta disponibilidad a un acuerdo a partir de la propuesta tributaria gibraltareña, la respuesta del Gobierno español ha sido un no tajante. Para el Ministerio de Hacienda, comandado por la andaluza María Jesús Montero, ese impuesto del 10% formulado desde la Roca está lejos de ser armónico respecto al IVA y, más que igualar “en lo sustancial” las condiciones a uno y otro lado de la Verja, haría más profundas las diferencias.

La visión española es que tanto Reino Unido como Gibraltar están quebrando el espíritu y la letra del acuerdo de Nochevieja porque sus propuestas no van encaminadas a conseguir una desarrollo armónico del Peñón y del Campo de Gibraltar. Desde esa perspectiva, si mantienen las diferencias en el ámbito fiscal respecto a nuestro país y al resto del continente, la condición de paraíso fiscal de la colonia no tendría con el Gibrexit un punto final, sino todo lo contrario: se consolidaría.

El objetivo de Gibraltar a lo largo del proceso de negociación, según fuentes conocedoras de este, es lograr una suerte de equiparación con Liechtenstein, Mónaco o Andorra, que gozan de un estatus especial con baja tributación, aunque desde la CE se le recuerda que sobre ninguno de los mencionados territorios hay una disputa a cuenta de su soberanía ni está pendiente su descolonización, como es el caso llanito.

La trazabilidad del tabaco

Tampoco hay acuerdo en torno a los criterios de trazabilidad del tabaco que se vende en Gibraltar. A través de una directiva y de un reglamento posterior, la UE puso en marcha en 2020 un sistema propio para garantizar la legalidad y control de los productos de tabaco que se comercializan en cada país. Este control conlleva que cada cajetilla o bolsa de tabaco porte un Identificador Único (UI) con la información sobre su proceso de elaboración, transporte y la ruta que ha seguido hasta su punto de venta.

La directiva de la UE se basa en tres puntos:

1. Todas las unidades de envasado fabricadas o comercializadas en la Unión Europea deberán marcarse con un Identificador Único.
2. Desde que el producto se fabrica hasta que se pone a disposición del consumidor, se registrarán todos los movimientos a lo largo de la cadena de suministro.
3. Se almacenarán todos los datos del sistema por proveedores independientes en repositorios de información que serán accesibles para las autoridades públicas.

El principio de acuerdo de Nochevieja alude de forma expresa a la necesidad de que Gibraltar desarrolle impuestos especiales para “productos sensibles” -como el tabaco, las bebidas alcohólicas y los combustibles- y adopte medidas que garanticen la igualdad de condiciones para asegurar “la trazabilidad de los productos del tabaco”. “Acuerdos administrativos entre España y las autoridades de Gibraltar desarrollarán su cooperación mutua en esta área”, reza el texto pactado, en una clara alusión al control del tabaco de contrabando que de forma ilegal sale prácticamente a diario desde la colonia.

Las autoridades aduaneras españolas vienen denunciando desde años que el Peñón hace la vista gorda ante la salida de tabaco ilegal desde sus costas; también obvia las denuncias que se le trasladan sobre los lugares desde los que salen hacia España las lanchas cargadas de cajas con cigarrillos. Buena parte de esas cajetillas (en su mayoría, de marcas desconocidas en el mercado) entran en Gibraltar sin el citado UI, lo que, en caso de aprehensión de un alijo por parte de las autoridades españolas, impide exigir responsabilidades a sus fabricantes e importadores.

Gibraltar ha mantenido durante las negociaciones que cumple con los criterios de trazabilidad del llamado Protocolo de Seúl, de 2012, si bien este último, a juicio de los interlocutores de la CE, no es tan completo ni está tan desarrollado como la normativa comunitaria.

La falta de consenso se hace extensible a la implantación del régimen aduanero en el material que entra en la base militar de Gibraltar -que Reino Unido quiere dejar al margen del pacto-, al acceso a los datos aduaneros que maneja el Peñón -que los países que integran la unión aduanera sí comparten- y a la presencia de funcionarios de Aduanas españoles en suelo llanito para el control de las mercancías. Para Hacienda, sin una Verja a modo de frontera, este requisito es también clave puesto que España es el estado responsable ante sus socios de la UE de la mercancía que entra en el continente.

La convocatoria de las elecciones generales en España ha suspendido todo el proceso de negociación hasta la formación de un nuevo Gobierno que, quizá, marque una nueva hoja de ruta. Hasta ahora, buena parte de los pasos que se han dado han conducido al punto de partida.