La UGT denuncia el "riesgo constante" para los tripulantes de los helicópteros de Vigilancia Aduanera

El sindicato UGT denuncia que la flota aérea del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está "plagada" de riesgos potenciales para los trabajadores que patrullan en las aeronaves en labores de represión del tráfico de drogas y el contrabando.

En uno de sus helicópteros, en el malogrado EC-JDQ, falleció en julio de 2021 el observador del SVA José Luis Domínguez Iborra como consecuencia de un fatal accidente. La UGT sostiene que los helicópteros del SVA como el siniestrado (Eurocopter Dauphin) adolecen de una falta espacio suficiente entre la cabeza y el fuselaje para el puesto de observador en caso de colisión, con apenas 10 centímetros de margen entre el casco y el techo. También -según la central- existen problemas ergonomía que obligan al funcionario a adoptar una postura forzada de las rodillas respecto a la cadera que pudieron influir negativamente en las consecuencias del siniestro.

El sindicato sustenta estas críticas en el informe de evaluación de riesgos del puesto físico de observador que se realizó en diciembre de 2013 utilizando un helicóptero equivalente al accidentado, el EC-IGM que se encontraba en la Base Aérea de San Javier (Murcia).

"El Campo de Gibraltar es una zona de alto riesgo. Tiene su propia situación y los operativos son constantes. Existe un riesgo añadido porque no hay una verdadera prevención de los riesgos laborales en el SVA", denuncia Luis Vidal, responsable estatal del departamento de Salud Laboral de la UGT en la Agencia Tributaria, en declaraciones a Europa Sur.

Ese mismo informe de 2013, según la UGT, ya evidenciaba "la falta de formación prevista para situaciones de emergencia en vuelo, informando de la existencia de observadores aéreos que carecían de formación específica prevista para situaciones de emergencia como el curso de supervivencia en la mar o no la habían recibido en los últimos tres años".

"La Administración aquí tiene una responsabilidad. Tiene la obligación de garantizar la seguridad de los tripulantes del SVA. Sin embargo, las evaluaciones de riesgo no están actualizadas, son de 2013, y tampoco nos consta que se hicieran sobre toda la flota y todos los funcionarios", apostilla Vidal. Es decir, según UGT, no consta formalmente una evaluación de riesgos laborales efectuada específicamente sobre el EC-JDQ sino sobre una aeronave equivalente.

La central sindical remitió un escrito, el pasado septiembre, a la directora general de la Agencia Española de Administración Tributaria, Soledad Fernández, en el que reclama una actualización completa y exhaustiva de las evaluaciones de riesgos laborales de los cinco helicópteros y de todos los funcionarios que componen la plantilla del SVA. El escrito, al que tuvo acceso Europa Sur, critica que la obtención de información por parte de la AEAT se consigue, generalmente, tras denuncias ante la Inspección de Trabajo. "La AEAT es muy hermética. Y en el caso del accidente de Domínguez Iborra se ampara en que hay un proceso judicial abierto", matiza Vidal.

"Desconocemos si la Agencia Tributaria ha adoptado las medidas preventivas necesarias desde ese informe de 2013 porque es muy hermética. Especialmente en lo relativo al Servicio de Vigilancia Aduanera", insiste el delegado sindical, quien recuerda que el Ministerio de Transportes recomendó el cese de las maniobras a baja altitud en la flota de helicópteros del SVA a través de un documento preliminar de recomendaciones emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). "No nos consta tampoco que se hayan aplicado estas recomendaciones", según el ugetista.

El sindicato ha trasladado sus impresiones sobre las evaluaciones de riesgo laboral de los puestos en el SVA a los representantes legales de los familiares de Domínguez Iborra así como el escrito general dirigido a la directora general de la Agencia Tributaria.

El proceso judicial en instrucción abierto tras el accidente busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro que tuvo fatales consecuencias así como las posibles responsabilidades civiles y penales. Cuenta, hasta el momento, con el piloto como investigado por estos hechos.

El accidente

El helicóptero de Aduanas se estrelló contra las aguas del Mar de Alborán en la noche del 11 de julio de 2021 durante la persecución de una lancha en apoyo a una patrullera marítima del SVA.

Varios documentos que forman parte de la instrucción de la causa y un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), adscrita al Ministerio de Transportes, recogen que la aeronave, con una tripulación formada por un comandante, copiloto y el malogrado agente de Aduanas, estaba realizando un vuelo nocturno que derivó en la persecución de una lancha.

“Durante la persecución descendió hasta quedar por debajo de los 100 pies de altitud. Las dos embarcaciones -en referencia a la patrullera del SVA y la lancha perseguida- realizaban giros constantemente y al intentar seguirlos, el helicóptero introdujo la parte trasera en el agua, volcó hacia el lado derecho, se dio la vuelta y quedó flotando”, detalla el texto.

El piloto y el copiloto lograron salir del helicóptero, si bien Domínguez Iborra quedó atrapado en la cabina. Tras su rescate y traslado al Puerto de Sotogrande, el funcionario acabó falleciendo por ahogamiento pese a los intentos de ser reanimado tanto por sus compañeros como por los sanitarios que le atendieron en tierra.