La Fiscalía pide que la tenencia y transporte ilegal de gasolina sea delito por su relación con el narco

Algeciras/La navegación y tenencia de las embarcaciones semirrígidas utilizadas por las mafias del narcotráfico son desde octubre de 2018 hechos constitutivos de un delito de contrabando. Este fue un logro conseguido después de una larga batalla reivindicativa y de denuncias por parte de prácticamente todos los que trabajan a diario en contra del narcotráfico, desde la Fiscalía a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pasando por las asociaciones contra la droga. El objetivo de esos mismos colectivos e instituciones se centra ahora en otro punto estratégico de la intendencia de los clanes del hachís: el suministro de combustible de las embarcaciones empleadas por esas mafias, que propulsadas por motores de gran potencia requieren de una ingente cantidad de gasolina.

Cada vez son más habituales las actuaciones policiales en las que se detectan embarcaciones o guarderías repletas de garrafas de gasolina, vinculadas obviamente a organizaciones criminales, aunque a las autoridades les resulta imposible imputar delito alguno a sus responsables con el Código Penal en la mano. Las detenciones se resuelven con el pago de una multa por una mera sanción administrativa.

“Hemos intentado por diversas vías que tenga consecuencia penal, pero es imposible, hay un vacío legal. Por ejemplo, hemos imputado delito contra la seguridad vial cuando se ha detenido a estos individuos con un vehículo cargado de garrafas, pero la gasolina, aun siendo una sustancia peligrosa, no está prohibida”, admite el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, quien anticipa que en la Memoria del ministerio público de 2020 incluirá la petición de una reforma legal en ese aspecto para que la posesión de gasolina y/o su transporte al margen de la ley pase a ser una actividad constitutiva de delito.

El proceloso camino seguido para la prohibición de las lanchas planeadoras, en el que llegaron a intervenir técnicos de tres ministerios durante varios años y que finalmente se resolvió mediante la aprobación de un real decreto-ley de Interior, hace augurar que la regulación penal de la tenencia de combustible al margen de la ley será también muy complicada.

“A veces, cuando se ha detenido a personas que almacenaban decenas de garrafas en el marco de una operación antidroga, han argumentado que tenían miedo de quedarse sin gasolina a causa del confinamiento. Sabes que es mentira, pero hay que demostrar lo contrario. Es más difícil de lo que parece conectar la posesión combustible con una actividad delictiva”, apunta Cisneros.

"Ha habido muchos casos en los que la Policía Nacional, la Guardia Civil o Aduanas nos ha traído casos muy llamativos, pero en los que el juez se ha preguntado que dónde está el delito", señala. También se ha intentado explorar la vía del delito de estragos o similares, pero tampoco. "Si, por ejemplo”, añade el fiscal jefe, “se estableciera como delito de imprudencia esa posesión o el traslado del combustible sería mucho más fácil cortar los suministros a las redes del narcotráfico”.

Nuevos métodos

Ha sido precisamente la prohibición de navegación de las narcolanchas lo que ha provocado que las mafias necesiten más combustible y ampliar su logística de abastecimiento. Las planeadoras, de unos 13 metros de eslora y dotadas habitualmente con cuatro motores de 350 cvo incluso más para transportar dos o tres toneladas de hachís por viaje, no suelen ser ocultadas como antes en almacenes clandestinos.

Para evitar riesgos, estas embarcaciones apenas si tocan tierra. Tan solo lo hacen para cargar la droga en Marruecos -a veces se les traspasa desde un barco nodriza- y para dejarla de forma rápida en la costa española. El resto del tiempo permanecen en el mar, amarradas en grupos y con tripulaciones que van rotando a la espera de la orden de alijar. La vigilancia por parte de las autoridades de todo el litoral obliga a las mafias a hacer más kilómetros y el consumo de losmotores a toda potencia se dispara a varias decenas de litros cada hora, lo que da idea de las necesidades de suministro de los clanes de la droga.

Empresario detenido

Una prueba de la conexión entre el narcotráfico y la acumulación de gasolina es que hay operaciones policiales cuyo punto de partida ha sido un almacenamiento espectacular de combustible o las elevadas ventas de algunas estaciones de servicio. Este último fue el caso de un conocido empresario del sector, responsable de la apertura de una treintena de gasolineras 24 horas, detenido el pasado mes de junio en Sevilla en el marco de la Operación Colón.

El hoy responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Jesús Núñez, ya expresó hace un año, cuando dirigía la Comandancia de Algeciras, la necesidad de contar con nuevos instrumentos legales para luchar contra la lacra del narcotráfico, particularmente, contra la tenencia de carburantes en grandes cantidades para abastecer a las narcolanchas.

“Cuando se intervienen policialmente 1.000, 2.000 o 3.000 litros de combustible en el interior de viviendas, furgonetas o embarcaciones, si no se puede acreditar su trazabilidad con el narcotráfico, son tan sólo infracciones administrativas. Al ser los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su depósito o traslado, se suele traducir en una impunidad absoluta”, afirmó Núñez el 12 de octubre durante el acto conmemorativo de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, celebrado en la Plaza Alta.

“Es necesario”, añadió el coronel, “que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga”.