GAMA abandona la llevanza de sus cuentas a partir del año 2006

El administrador concursal de la empresa municipal GAMA de Los Barrios desgrana en su informe de calificación presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz -que solicita la declaración de quiebra culpable- la existencia de una caótica gestión de cuentas en el seno de la empresa desde el año 2006. El gestor designado por el juzgado concluye en su análisis que los gestores de la mercantil pública ejercieron con dejadez e irregularidad la llevanza de las cuentas y las obligaciones registrales a partir de esa anualidad.

Según la información contable recopilada para elaborar su escrito de calificación del concurso, el administrador reconoce que hasta el año 2005 GAMA formuló, aprobó y depositó las cuentas anuales, así como los diarios, mayores e inventarios en el Registro Mercantil conforme a la Ley. La situación se rompió a partir de 2006, cuando se aprobaron las cuentas anuales pero no se depositaron en el registro para su legalización. Las del año 2007 se validaron un año más tarde de lo recomendado (en marzo de 2009) y tampoco fueron depositadas ante el órgano competente. Además, en agosto de ese año "y sin explicación alguna", la junta general de GAMA trató de aprobar las cuentas anuales de los años 2006, 2007 y 2008, que fueron rechazadas.

Sobre las del año 2009, el administrador señala que son las últimas de las que tiene constancia física. Fueron llevadas dos veces ante el consejo de administración sin precisar si en el segundo trámite se aplicaron cambios. Estas sí fueron depositadas ante el Registro Mercantil, provocando un salto de 2005 a 2009.

Ya en el tramo final de la gestión socialista en GAMA, los años 2010 y 2011, el administrador sostiene que no le constan actas que hagan referencia a la existencia de cuentas ni se han localizado borradores de formulación.

A la vista de toda la información recopilada para formular el escrito de calificación, el administrador concursal de GAMA designado por el juzgado considera que los gestores de derecho (los miembros del consejo de administración); el de hecho (el Ayuntamiento) y los cómplices (de nuevo el Ayuntamiento e Iniciativas Los Barrios) incurrieron durante la trayectoria de la empresa en hasta cinco supuestos delitos, como ya adelantó este periódico el lunes.

Se trata de supuestos de culpabilidad recogidos en la Ley Concursal que van desde la generación o agravamiento de la insolvencia al incumplimiento del deber de solicitud del concurso. También se estima que hubo incumplimientos contables e irregularidades; alzamiento de bienes en perjuicio del resto de acreedores y salidas fraudulentas de patrimonio.

Sobre la generación y agravamiento del estado de insolvencia, el informe considera que el Ayuntamiento de Los Barrios la provocó con dolo o culpa grave bajo su papel como administrador de hecho o cómplice porque la entidad local incumplió sistemáticamente los compromisos de dotar de fondos a la empresa para afrontar el endeudamiento al que había sido sometida, precisamente, para financiar al Consistorio.

Los incumplimientos contables e irregularidades -a los que se hace referencia en el arranque de esta información- se basan en la falta de legalización de los libros de cuentas y una falta de contabilidad formal desde 2006. En cuanto a las irregularidades, el administrador estima que buena parte de las partidas económicas relacionadas con los créditos obtenidos bajo el aval de la tasa de recogida de residuos inertes no fueron incluidos en los apartados correctos dentro del balance.

A los supuestos alzamientos de bienes dedica un amplio apartado. El actual gestor de GAMA determina que al transferirse buena parte de los créditos bancarios al Ayuntamiento de Los Barrios (que estima como un endeudamiento "frívolo y gratuito en perjuicio de los acreedores"), existe una relación de causalidad directa entre dichas transferencias y la generación de la insolvencia "que pronto se muestra". La insolvencia, crónica a partir de 2006, perjudica al resto de acreedores respecto del Consistorio -como beneficiario del traspaso de dinero-, según el administrador, y vincula los alzamientos a una gestión de dominio del Ayuntamiento; motivo por el que se le considera administrador de hecho.

La pérdida de la finca La Gertrudis -principal activo de la empresa- en subasta judicial, provocada a raíz de una decisión del consejo en 2011 días antes de las elecciones municipales, es considerada como un claro ejemplo de salida fraudulenta de patrimonio, como expuso este periódico en su edición de ayer.

Por último, el administrador insiste en que los impagos bancarios y a la administración a lo largo de los ejercicios obligaban a solicitar el concurso, algo que no se hizo hasta el cambio de gobierno (2011), considerándose un cuatro incumplimiento al que se suma el del deber de formular cuentas, auditarlas y depositarlas. "Son una buena prueba de la falta de diligencia con la que tradicionalmente se ha gestionado la concursada", concluye.