Gibraltar: el largo camino de un tratado histórico

El 5 de julio de 1991, el Gobierno de España incluyó a Gibraltar en su lista de paraísos fiscales. Desde entonces, la pequeña península británica junto al Campo de Gibraltar ha luchado por demostrar que esta consideración no se sustenta en ninguna base legal ni documental con valor internacional. Que es solo un instrumento político para reivindicar la soberanía española. En este tiempo, el Gobierno español -unas veces con más y otras con menos virulencia- ha censurado la peculiaridad de la fiscalidad al otro lado de la Verja, que siempre ha considerado desleal y origen de un profundo desequilibrio en la zona. Ahora, cuando van a cumplirse 30 años de una pugna que nace de otra que tiene 300, España y Gibraltar están más cerca que nunca de ponerle fin a través de un tratado fiscal. Hasta aquí les ha llevado la conmoción que ha supuesto el Brexit y que abre un tiempo nuevo que marcará el futuro del Campo de Gibraltar.

Pero, eso sí, en medio de un enorme ruido generado a ambos lados de la Verja. ¿Supone un paso atrás en la histórica reivindicación española de la soberanía? O, en cambio, ¿es un instrumento para que España ejerza el control de la economía de Gibraltar? En España, el Partido Popular y Vox han alzado la voz para defender que la respuesta a la primera pregunta es un sí rotundo. En Gibraltar, el GSD (Gibraltar Social Democrats) lleva meses clamando contra el acuerdo porque lo considera una intromisión intolerable. Ambas afirmaciones parecen opuestas. El cambio de escenario, en cualquier caso, parece irremediable.

El tratado firmado el 4 de marzo de 2019 por España y Reino Unido (como responsable de las relaciones exteriores de la Roca) sobre tributación, protección de intereses financieros y buenas prácticas fiscales, pone al Peñón a las puertas de abandonar la lista que tanto detesta. El Congreso español comenzó el jueves el proceso para ratificarlo después de rechazar -con los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos- una enmienda a la totalidad de Vox que apoyó el PP.

Jesús Verdú, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, entiende que, al margen de las consideraciones políticas de estas formaciones, el tratado no menoscaba la reivindicación de la soberanía del Peñón puesto que "expresamente (en el documento), España hace una reserva de su posición y deja claro que no la modifica, por lo tanto no es en absoluto un paso atrás respecto a su postura tradicional". Se refiere Verdú al preámbulo del tratado, en el que se lee: “Ni el presente Acuerdo, ni ninguna acción o medida tomada en aplicación o como resultado del mismo, implica una modificación de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido con respecto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar”.

El profesor considera que se trata de "un paso histórico" puesto que es la primera vez desde Utrecht (1713) que España y Reino Unido firman un tratado internacional respecto a Gibraltar. "Los acuerdos de Lisboa, Bruselas o Córdoba fueron acuerdos políticos no publicados en el BOE y no tramitados a través de este proceso tan complejo que requiere la aprobación previa de las cámaras. Es decir, no fueron tratados internacionales con fuerza jurídica vinculante. La enorme relevancia de la materia y el hecho de que trate cuestiones muy precisas que implican obligaciones jurídicas a las dos partes han hecho necesario realizar el tratado. El Acuerdo de Córdoba, por ejemplo, cuando viene el Gobierno de Rajoy lo incumple. Cuando ocurre esto solo tiene consecuencias políticas. Sin embargo, un tratado no se puede incumplir y si lo haces te enfrentas a tus responsabilidades internacionales. La materia es de tal importancia que necesita esa seguridad", explica.

Pese a esto, Vox y PP entienden que “España reconoce a Gibraltar y admite, por primera vez en 300 años, la jurisdicción y competencia de las Autoridades gibraltareñas. Y no solo lo hace sobre el terreno que cedimos en Utretch, sino también sobre la mitad sur del ismo que, ilegítimamente, el Reino Unido ha usurpado. Este reconocimiento por parte de España debilita nuestra posición internacional y nuestros derechos legítimos de soberanía, dando pie a que Fabián Picardo reivindique ante Naciones Unidas como «pueblo» a la población de aluvión gibraltareña”, según aparece en la enmienda rechazada.

Verdú entiende que es "una contradicción y una incoherencia política de estos partidos". "Siempre han mantenido una posición muy crítica hacia Gibraltar y sus líderes lo han calificado habituamente como paraíso fiscal. Una de las consecuencias de la firma de este tratado es que Gibraltar, que ya ha dejado de ser considerado así en el derecho internacional y en el derecho de la Unión Europea, deje de serlo en el ordenamiento jurídico español. Entonces no se entiende que políticos que vienen calificando a Gibraltar como paraíso fiscal se opongan a un tratado que precisamente elimina esa condición porque supone un acceso casi automático y privilegiado de la administración pública española a todos los archivos de información fiscal de Gibraltar", subraya.

El GSD, partido en la oposición de Gibraltar, no parece estar de acuerdo con que el tratado deje intacta la reivindicación de soberanía española. Cree que es un paso atrás de Gibraltar, al menos en la práctica, puesto que permitirá que España ejerza un control y una vigilancia que nunca antes se había producido. Su líder, Keith Azopardi, introdujo en marzo una moción en el Parlamento porque entiende que es un documento “intrusivo y dañino” que “debe ser reemplazado por uno neutral y justo basado en el modelo de tratado fiscal de la OCDE”. “Creemos que éste es un acuerdo malo para los gibraltareños y malo para los negocios. Es un desincentivo para la inversión interna y trata a los gibraltareños que regresan de España a casa de manera injusta y como si aún fueran residentes fiscales españoles durante cuatro años”. "El Tratado Tributario favorece a España y los intereses económicos y políticos españoles. Hace poco para proteger a los gibraltareños o a nuestros intereses económicos cuando Gibraltar permanece bajo un claro ataque político y económico por parte de España. Incluso permite a los ciudadanos españoles convertirlos en residentes fiscales españoles independientemente de vivir en Gibraltar y les da un trato diferente a los demás residentes de Gibraltar”, apostilló Azopardi.

Para Verdú esto evidencia que se trata de "un éxito sin parangón de la diplomacia española". "La administración pública de España se sitúa en una posición privilegiada y además supone una clarificación de conceptos tributarios y la desaparición de todo tipo de obstáculos. Todo esto ha pasado casi despercibido, como es lógico, porque hay unas circunstancias que lo opacan (se refiere a la crisis sanitaria del coronavirus). Es un texto que sitúa a España en una condición muy sólida. Realmente en Gibraltar ha sido un hueso duro de tragar, pero también ellos salen ganando, porque allí han hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años para alejarse de esa calificación de paraíso fiscal. Ha adaptado toda su normativa a la internacional y europea, con lo cual también refuerza los esfuerzos realizados para homologarse internacionalmente".

El tratado fiscal está al caer. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicó el jueves que espera que sea ratificado antes de octubre. En Reino Unido ya están avanzados los trámites parlamentarios, demorados ahora por la crisis sanitaria. Los tres gobiernos están contentos. Madrid consigue su ansiado control fiscal sobre lo que ocurre en la Roca en lo que afecta a España o a residentes de España, Londres encuentra un aliado en España mientras abandona la Unión Europea y Gibraltar se quita el lastre de ser un paraíso fiscal para el vecino, además de ganar seguridad jurídica para sus ciudadanos y residentes que se mueven por la comarca día sí y día también.