"Cuando el abuelo de este señor pescaba, con la verja cerrada, atracaba en La Caleta y allí cambiaba el pescado por un paquete de Craven A. Aquí siempre nos hemos llevado bien, hasta ahora". Así recuerdan los más veteranos pescadores del puerto de La Atunara aquellos tiempos en los que los trabajadores del mar faenaban con normalidad en las aguas que rodean al Peñón. Entonces vivían ajenos a las reclamaciones de soberanía y cuestiones políticas que, hace 10 años, rompieron la relación en una escalada de desencuentros que ha llegado a su punto álgido con la citación para un juicio el próximo 1 de diciembre del joven patrón del Mi Daniela, Jonathan Sánchez.   

Los problemas comenzaron a aparecer en marzo de 2012, cuando el Gobierno de Fabian Picardo rompió el acuerdo alcanzado en febrero de 1999 entre el anterior ministro principal, Peter Caruana, y los representantes del sector pesquero local, basado en el status quo existente entre los años 1991 y 1997 para la pesca en la Bahía de Algeciras. 

El pacto roto se había logrado después de muchas tensiones y tras una última y maratoniana reunión entre ambas partes. Contemplaba que los pescadores podrían faenar en las aguas a ambos lados del Peñón aunque dejando una distancia de 225 metros respecto a tierra. Pero meses después de la primera victoria de Picardo en las elecciones generales, esta distancia se amplió a tres millas al este del Peñón y a 1,5 en la Bahía. Eso sí, se aplicaba un cierto grado de flexibilidad respecto a la Ley de Protección de la Naturaleza de 1991, una normativa a la que el Gobierno gibraltareño se acogía para quebrar el anterior consenso. 

La policía gibraltareña empezó a salir al paso de las embarcaciones pesqueras españolas que se aproximaban al Peñón a faenar para advertirles de que estaban infringiendo la ley. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresaba la primera queja diplomática a Reino Unido por el bloqueo a los pescadores. 

Un buzo de la Guardia Civil tomando medidas de uno de los bloques de hormigón lanzados al mar por Gibraltar.

Tras cinco reuniones con los representantes de Gibraltar, el sector pesquero español decidió romper las negociaciones el 15 de mayo ante las exigencias y la inmovilidad de la colonia británica y seguros de que sus artes y su actividad están amparadas por la legislación comunitaria. El conflicto se recrudeció y en la noche del jueves 17 de mayo se produjeron los primeros incidentes serios con las embarcaciones pesqueras. Era el primero de un gran número de incidentes, en los que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil escoltó a los pescadores que decidían desafiar la legislación gibraltareña y la Royal Navy apoyaba a la Royal Gibraltar Police. La tensión se trasladó también a la Verja, donde la intensificación de los controles de la Guardia Civil provocó colas kilométricas. Un memorando de entendimiento alcanzado por los pescadores de La Línea, con la mediación de la socialista Gemma Araujo, terminó por dividir al sector. 

El lunes 30 de mayo, José Manuel García-Margallo y su homólogo británico, William Hague, se reunieron en Londres e instaron a poner fin a un conflicto que calificaron de "local" a pesar del cruce de quejas diplomáticas durante meses. El 20 de junio, el rey Juan Carlos visitó la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y se reunió con los pescadores, a los que expresó su respaldo y el compromiso de defenderlos. 

Tras varias reuniones en las los pescadores españoles descartaron el sistema de licencias que proponían las autoridades gibraltareñas, aquel desencuentro se terminó en agosto, cuando los trabajadores del mar y el gobierno de Gibraltar llegaron a un nuevo acuerdo para poner fin a un conflicto que había durado cuatro meses y que había salpicado a las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Unido. Pero sólo fue un espejismo. 

Los pescadores bloquearon la verja en 1999.

El 24 de julio de 2013, el remolcador Elliot y la barcaza MHB Dole, por orden del Gobierno de Gibraltar, comenzaron a lanzar bloques de hormigón rematados con puntas de hierro en el caladero de pesca ubicado en la zona conocida como Campo de la Virgen, a escasa distancia del espigón exterior del puerto de La Línea.

Los pescadores españoles y las autoridades de Gibraltar protagonizaron incidentes casi cada día. España lo entendió como una agresión sin precedentes a sus pescadores y a unas aguas que considera suyas y la acción crispó las relaciones hasta destruirlas por completo. 

El Gobierno de Fabián Picardo señaló que estaba creando "arrecifes para favorecer la biodiversidad" y rechazó la "interferencia de España en actividades legales". Según denunciaron en aquellos días el patrón del Divina Providencia, Francisco Gómez, y el entonces presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), Pedro Maza, aquello provocó la pérdida del caladero.

Los incidentes se sucedieron y Gibraltar continuó tirando bloques. Unos días después, el gobierno de España proclamó que había perdido la confianza en el Ejecutivo de Fabian Picardo y la principal consecuencia comenzó a notarse en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar, donde empezaron las colas durante más de un año. Aquello generó un notable perjuicio económico a los comercios del Peñón y humano a las miles de personas que cada día cruzaban de un lado a otro, muchos de ellos trabajadores españoles en Gibraltar que sufrieron una demoras que no tardaron en llegar a oídos de la Comisión Europea. Sus expertos viajaron varias veces a la Verja e hicieron recomendaciones para agilizar el paso. El Gobierno del Reino Unido, alentado desde Gibraltar, no ha cesado desde entonces de protestar por lo que denomina "incursiones" de la Guardia Civil o la Armada española en lo que entiende que son sus aguas. 

Una protesta de los pescadores españoles contra Gibraltar en agosto de 2013.

Tres años después comenzó el proceso de salida de la Unión Europea de Reino Unido y Gibraltar y también las diferentes negociaciones para determinar la relación del Peñón con su entorno. Estas conversaciones están paralizadas, aunque a punto de retomarse tras las elecciones generales a ambos lados de la Verja. También continúa el conflicto con los pescadores. El próximo capítulo, a partir del próximo viernes 1 de diciembre, cuando Gibraltar pretende enjuiciar a un pescador de La Línea.