"Hay que elevar las penas por narcotráfico"

Algeciras/Gutiérrez Luna (Córdoba, 1953) afronta sus últimas semanas como presidente de la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. El pasado día 4 defendió ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su candidatura para lograr una de las tres vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un puesto al que opta junto con otros 27 magistrados. Si esa opción no saliera, el CGPJ aprobaría formalmente el próximo día 12 su nombramiento como presidente de la nueva sala de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada. Tras 33 años de ejercicio profesional en Algeciras, primero como magistrado en el Juzgado de instrucción nº3 y más tarde y durante dos décadas como presidente de la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, asegura que siempre se mantendrá vinculado al Campo de Gibraltar.

-¿Cuál es su primer recuerdo de Algeciras?

-Cuando fui a jurar el cargo de magistrado en Sevilla, me dijeron: “De propina te vas a llevar un caso”. Era la explosión que hubo en el pantalán de San Roque en 1985, con más de 30 muertos. Cuando en 1986 llegué al juzgado, me encontré con una habitación llena de tomos con las diligencias del caso. Me tocó llevarlo junto con todos los asuntos de mi juzgado, el número 3. Logré que en tres o cuatro días se llegase a un acuerdo entre todas las partes: los fiscales, la defensa y los perjudicados.

-¿Cómo eran la comarca y la Algeciras que se encontró a su llegada?

-La comarca ha ido para mejor en los últimos 25 o 30 años. No quiero que nadie se moleste porque todos los alcaldes trabajan mucho, pero quiero destacar la gran labor que hizo Patricio González y la transformación que hizo en la ciudad. Ya sé que tiene muchos problemas…

-Ha sido condenado por prevaricación.

-A eso me refiero, es una pena, porque fue un alcalde que logró transformar la ciudad. Quizá fuera porque pertenecía a un partido pequeño, al PA, que no tenía amarres y se atrevió a hacer cosas. Ahí está la facultad de Derecho, un logro suyo. Yo le pedí apoyo para conseguir la sección de la Audiencia Provincial y me lo dio. Yo también tuve muchos problemas porque algunas personas en Cádiz eran totalmente acérrimas en contra del Campo de Gibraltar.

-¿No querían dar más autonomía a la comarca?

-Nada, nada. En toda España se iban a crear siete u ocho secciones de Audiencia y, al final, algún personaje cuyo nombre me callo y que sigue en la política activa, quiso dejarnos fuera. Querían darle entrada a Jerez, pero no al Campo de Gibraltar alegando que no había sede física para la Audiencia. Fue en ese momento cuando recurrí a Patricio, que nos cedió un local durante tres o cuatro meses hasta que, al final, se hizo la obra de la Audiencia. Las obras de esta las pagó el Ayuntamiento y doy fe de que nadie de la Junta apareció por allí. También José Ignacio Landaluce, que es muy amigo mío, ha hecho muchas cosas por la ciudad. El proyecto de reforma del Llano Amarillo que ha planteado junto con el Puerto me parece muy interesante.

-¿Por qué opta ahora por irse al TSJA o al Supremo?

-Son puestos que con mi experiencia me seducen mucho. Medité hasta el último momento pedir también la presidencia de la sección Segunda de la Audiencia Nacional, que me la hubieran dado, pero ese destino no me llegó a gustar tanto como el TSJA o el Supremo.

-¿Ha tenido ofertas del sector privado?

-He tenido muchísimas ofertas.

-¿Como penalista?

-Como penalista. Siempre me ha gustado mucho el Derecho Penal.

-Temas relacionados con el narcotráfico…

-¡Ni se me ocurriría! Tuve una oferta muy interesante de un despacho de Madrid y de Gibraltar he tenido también muchas ofertas. Las he rechazado siempre porque me gusta la profesión, aunque en un bufete te garantizas ganar más del triple que como magistrado. Hay muchos compañeros de la judicatura que sí han dado el paso y que están en los mejores despachos de España. Al cabo de un año puede haber entre veinte o treinta jueces o magistrados que dejan la carrera y se pasan a un despacho privado.

-También lo hacen muchos fiscales.

-También los hay, así como abogados del Estado o inspectores de Hacienda. En un despacho de prestigio les pueden pagar del orden de 300.000 euros anuales, más el reparto de beneficios a final de año. Siempre cuentan con la posibilidad de volver pasados diez años.

-¿Y usted, cuando le llegue la jubilación?

-Mi idea es esa, trabajar para un despacho. No quiero dejar el Derecho. Quizá me dedique a hacer informes, lo cual me parece muy bonito, pero desde luego nada que tenga que ver con la defensa de narcotraficantes, eso sí que no.

-¿Cuántos juzgados había en Algeciras cuando llegó?

-Déjeme pensar… ¡Había tres de instrucción! Yo quería hacer, y lo logré, que se hicieran juicios rápidos. No había medios porque para hacerlos se necesita conocer los antecedentes penales de las personas juzgadas. Trabajábamos con medios del siglo pasado: se pedían por telegrama y tardaban en llegar muchos días. Con María Teresa Fernández de la Vega, que era un alto cargo del Ministerio de Justicia y después vicepresidenta primera del Gobierno, se agilizaron los trámites. La llamé por teléfono y le pareció interesante lo que le propuse: que los funcionarios judiciales tuvieran acceso a la base de datos de penales. Se mandó a Madrid a dos funcionarios por juzgado para que hicieran un curso y se les dieran las claves de acceso. Tampoco había intérpretes de árabe. El consulado de Marruecos nos mandaba siempre a una persona distinta, hasta que vi a un señor que me pareció serio y le propuse contratarle y pagarle le doble. El hombre aceptó enseguida y ahí sigue, como funcionario del Ministerio de Justicia.

-Ahora la situación en la Justicia ha cambiado y para mejor.

-Andalucía sigue siendo la Cenicienta.

-¿Está maltratada?

-Hay medios informáticos, pero el estado de los edificios es, por lo general, malo. Hay un presupuesto de mantenimiento, pero cuando llega febrero de todos los años ya se ha agotado. Mire, los calabozos que tenemos no tienen una puerta de seguridad, sino una con una chapa de un milímetro. Lo he denunciado por escrito. A principios de octubre había quince personas en él y la Policía Nacional me advirtió de que podía pasar cualquier cosa. En la Junta me respondieron que al día siguiente iba a estar solucionado y aún estoy esperando. Y como eso, todo. La pintura del edificio... ¿No debe tener un pintado? De medios materiales estamos fatal. Estábamos mucho mejor cuando las competencias las tenía el Ministerio de Justicia. Es verdad que en Andalucía se crean muchos juzgados y que tenemos tantos como todo Portugal, pero la situación de algunos es insoportable.

-También hay juzgados vacantes por traslados o con sustitutos temporales.

-Mire, yo ahí debo decir que esos juzgados, mientras viene un juez titular, deben ser llevados por los jueces de otros juzgados. Siempre se ha hecho así. El CGPJ debe arbitrar fórmulas para que esos jueces cobren algo más que ahora, pero no se puede quedar un juzgado sin nadie o con un sustituto. Cuando yo y otros compañeros éramos jueces de instrucción, llevábamos Algeciras y también los temas de La Línea y San Roque y nos volvíamos con veinte detenidos que se sumaban a otros veinte de aquí. Ese sobreesfuerzo va con la persona. Los jueces piden muchas cosas y está bien que lo hagan, pero no pasa nada por cubrir un juzgado dos meses. Cuando uno se presenta a las oposiciones no pregunta cuánto va a ganar, es una cuestión vocacional que no sé si se está perdiendo.

-Ocurre que la sobrecarga de trabajo es ya enorme como para asumir más. En su sección de la Audiencia es de un 170% respecto a los estándares recomendados.

-Así es. En nuestra sección de la Audiencia, que cumple ahora veinte años desde su creación, hay el mismo número de funcionarios que al principio. Y mira que pido más por escrito.

-Pero sí hay más magistrados. Ahora son cinco y por tanto hay más carga de trabajo.

-Efectivamente. Cada vez que se crea un juzgado, se le dota de un juez, un secretario y ocho funcionarios, pero en la Audiencia no ocurre así. No solo nos dedicamos a hacer juicios, sino a hacer el seguimiento de las penas hasta que estas se cumplen. Cuando en una causa te encuentras con quince condenados, cada uno tiene su particularidad. Es muy complicado.

-Hay un alto grado de rotación de jueces y fiscales en el Campo de Gibraltar, es un destino de difícil cobertura.

-La verdad es que sí, aunque cada vez hay más compañeros que deciden quedarse aquí de forma definitiva.

-Y además de mejores y más recursos materiales y humanos, ¿qué más hace falta?

-Necesitamos un magistrado más en la Audiencia, que seamos seis, de tal forma que haya una sala de lo Civil, que es la que da más carga de trabajo, y otra de lo Penal. Nosotros, con casi 300.000 habitantes, tenemos una sección y Cádiz, con una población más pequeña, tiene cinco secciones y, al menos, quince magistrados, con tres salas de lo Penal y dos de lo Civil. Es inconcebible. ¿Sabe cuál es el problema?: Políticamente, no se presiona donde hay que presionar.

-Nos falta peso político.

-Falta alguien de peso que diga: hace falta esto y voy a luchar por ello. Yo reclamo todo lo que puedo, pero, a esos efectos, soy un técnico. Mientras no tengamos esa figura política, mal iremos y no se solucionarán las cosas. La memoria del TSJA indica que sacamos adelante el 90-95% de los asuntos que se ingresan a pesar de esa sobrecarga de trabajo del 170%, pero eso se debe a que trabajamos muchísimo. Si cumpliéramos estrictamente con nuestros horarios en vez de llevarnos trabajo a casa, esto estaría hundido. Si se produjese un colapso, es cuando se crearían dos secciones más en Algeciras. Y no es justo. Mientras no haya pendencia, no harán nada.

-También se ha quejado usted en reiteradas ocasiones del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

-En 1985, cuando se creó el CGPJ, la ley preveía que este órgano tendría veinte miembros y un presidente elegido por estos. Doce de ellos serían elegidos por los jueces y ocho, por las Cortes. En la práctica, son las Cortes las que eligen a los veinte.

-¿Cuál sería el sistema ideal?

-Las asociaciones judiciales quieren proponer doce, pero ocurre que la mitad de la carrera judicial no está asociada. El sistema ideal sería un sistema abierto en el que las personas interesadas en formar parte del CGPJ presentasen sus currículums y se eligiesen en votación por los jueces. El Congreso y el Senado seguirían con sus ocho. Lo que ocurre desde la época de [Alberto] Ruiz-Gallardón [ex ministro de Justicia con el PP entre 2011 y 2014] es que hay una comisión permanente de siete miembros, más el presidente, que toma las decisiones y que una vez al mes reúne al pleno con los veinte para dar cuenta de ellas y ver si se aprueban.

-Y quien parte el bacalao es esa comisión permanente, por utilizar un casticismo.

-Parece que es así. Hay jueces de carrera en esa permanente y otros que son de designación política. Entre estos hay algunos, como Álvaro Cuesta, que es una persona de prestigio y que cuando era diputado hizo una gran labor.

La Fiscalía

-En la pasada campaña electoral se desató una pequeña polémica después de que el presidente del Gobierno en funciones insinuase que la Fiscalía General del Estado depende de él, declaraciones que al día siguiente tuvo que corregir.

-Sí. El que creo que tuvo roces fue Eduardo Torres-Dulce [fiscal general del Estado entre 2011 y 2014] que dimitió porque no quiso someterse a las presiones del Gobierno. El problema de la Fiscalía General del Estado es que el Gobierno elige a su titular, no por un plazo de tiempo determinado, sino que lo puede quitar cualquier día si entiende que no está haciendo lo correcto o no se somete. Creo que debería ser elegido por una mayoría cualificada de las Cortes por un plazo determinado. ¿Que conlleva que no se elija de la forma que se debería elegir? Los fiscales tienen un sistema piramidal, de tal forma que el fiscal general, que es habitualmente un político, da instrucciones de obligado cumplimiento a los fiscales de las comunidades y estos a los de área. Y eso, en temas de corrupción, trae problemas.

-¿Eso lo ha notado usted en la práctica? ¿Ha tenido usted algún roce profesional a cuenta de esto con algún fiscal?

-No, no, pero conozco casos en que algunos fiscales han sido relevados de sus puestos por negarse a poner en libertad a un determinado político por indicación de sus superiores. No les expulsan de la carrera, pero los mandan a otros destinos. El sistema no es bueno.

-También hay diferencias en las formas de instruir de los jueces. En el caso de los ERE pasó con la juez Mercedes Alaya y su compañera María Núñez.

-Claro, pero para eso está la Audiencia, que no está solo para dictar sentencias en lo Penal y lo Civil. Este año llevamos en Algeciras en apelación 1.124 recursos. El último ha sido el de la puesta en libertad de los Castañitas, que hemos revocado.

-¿Y qué porcentaje le enmienda la plana la Audiencia a los jueces?

-En torno a un 30-40%.

-En el caso de los Castañitas, parecía evidente la resolución.

-Hemos tenido que ver bastantes tomos y lo hemos estudiado durante días, no ha sido cosa de una mañana.

-¿Qué materias son las que más se corrigen?

-Los autos de prisión. Hay personas que son privadas de libertad y quieren salir y otras, como ha sido el caso de los Castañitas, que ingresan cuando estaban en libertad.

-¿Es usted partidario de un endurecimiento de las penas?

-Una de las cosas que tengo en mente proponer lege ferenda, leyes que se deben modificar, son las penas por narcotráfico. Son bajísimas, hay que elevarlas. En 2010 se rebajaron radicalmente. El Gobierno decía entonces que había mucha gente en las prisiones y había que aliviarlas. En el tema de la cocaína, antes se preveían penas de prisión de entre tres y nueve años. Si se daba algunas circunstancias, como pertenencia a organización, podían llegar a doce años. Con la reforma pasaron las penas a ser de entre tres y seis años, a nueve como máximo. Es muy poco y más con algunos temas que se están viendo aquí, de grandes organizaciones dedicadas a la cocaína con empresas que hacen de tapadera. Como máximo les pueden caer nueve años y es muy poco teniendo en cuenta la cantidad de droga y de dinero que se mueve. Para el hachís es igual: entre 2,5 kg y hasta 2.500 kg se puede quedar la pena en cuatro años y medio. ¿Qué ocurre? Pues que se traen 2.500 kg porque la pena va a ser la misma.

-La situación de los extranjeros que cometen un delito también es curiosa, y no me refiero a los inmigrantes que llegan en una patera.

-En las prisiones, un tercio son extranjeros no comunitarios. El Código Penal, en su última reforma, dice que si la condena es inferior a seis años de prisión, se les puede expulsar en sustitución de la pena.

-Parece una invitación al delito.

-Efectivamente. A un señor que ha introducido 20.000 kg de hachís se le puede expulsar sin que ponga un pie en la cárcel, a no ser que el tribunal considere que tiene que cumplir parte de la pena.

-Y eso es lo que hacen ustedes, considerar que debe cumplirla.

-El criterio que seguimos en la Audiencia es ese y creo que también a nivel nacional. Al Supremo ya han llegado recursos en ese sentido y ha dado la razón a los jueces. Un extranjero debe cumplir la pena de prisión al igual que un español, no se puede ir a su casa. Antes de irse a su casa debe haber cumplido, al menos, un tercio de la pena.

-¿Hay colaboración con Gibraltar?

-Nos ha ocurrido en alguna ocasión que, tras pronunciarse el Supremo, el condenado se ha enterado antes que nosotros del fallo y, cuando emitimos la orden de arresto y entrada en prisión, ya se ha dado a la fuga. En un par de casos se han ido a Gibraltar y otras a Marruecos. Con Gibraltar hay ahora una relación magnífica. Antes de 2014 había algunos problemas, pero me reuní con el ministro principal, Fabián Picardo, que es también abogado, y puso muchas facilidades. El problema que había hasta entonces residía en la fórmula con la que los jueces españoles hacíamos las peticiones de extradición, que era la marcada por el Ministerio de Exteriores: “A los tribunales de Reino Unido en Gibraltar”. Eso dejaba al Peñón en una situación secundaria. Resultado: no nos hacían caso y había 114 peticiones de procedimiento pendientes de la Audiencia Nacional y de juzgados pidiendo colaboración a Gibraltar. Entre Fabián y yo lo arreglamos acordando que en las peticiones constase otra fórmula: “A los jueces de Gibraltar”. El CGPJ lo aceptó y esa es la fórmula que emplean ahora todos los juzgados de España.

-¿Y la colaboración con Marruecos?

-Es también muy buena. Tenga en cuenta que allí hay un juez español de enlace que es el que gestiona esas peticiones. En mes y medio, las personas requeridas por España están vuelta a nuestro país.

-No es el caso del fugado Abdellah El Haj Sadek, el Messi del hachís, si es que está en Marruecos.

-De momento se están celebrando juicios contra personas cercanas a él. Esperemos que pronto se le coja.

-La lucha contra el narcotráfico ha cambiado mucho desde sus primeros años como juez a la actualidad.

-Hace 25 años, los detenidos eran personas que iban a Ceuta y se les detenía con droga en la vagina o en los intestinos. También había pequeñas embarcaciones o camiones. Eso ha cambiado en los últimos diez años. Hay organizaciones muy fuertes radicadas aquí y dedicadas al narcotráfico, formadas por gente de aquí y de fuera. Para mí es muy inquietante la entrada de heroína en contenedores a través del Puerto de Algeciras. Creo que debería haber más medios de vigilancia en los países de origen y en las empresas de contenedores para que cuando se carga un contenedor en un país de riesgo, se sepa exactamente qué es lo que lleva. Ese control previo nos evitaría muchos problemas.

-Al narco también se le combate con la investigación de su patrimonio.

-Hay que atacar el blanqueo, el patrimonio es lo que más les duele. Es ahora cuando se están haciendo investigaciones patrimoniales serias. Para acreditar que hay blanqueo de capitales se tiene que acreditar que el dinero que tienen es de procedencia ilícita: el Código Penal prevé penas mayores si se demuestra que el dinero procede del narcotráfico. Hay muchos testaferros, incluidas personas que están pidiendo por calle y que son utilizadas por las mafias para poner a su nombre coches de lujo y embarcaciones.