Interior trabaja en una norma nacional para regular la Especial Singularidad reclamada en el Campo de Gibraltar

El Ministerio del Interior trabaja en la redacción de una normativa a escala nacional que permita regular la declaración de territorios como Zona de Especial Singularidad y así poder dar soporte legal a posibles incentivos para los funcionarios dedicados a combatir el narcotráfico y el blanqueo de capitales. También para mejorar las prestaciones de otros servicios esenciales, tal y como reclaman los colectivos sociales del Campo de Gibraltar.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha explicado este viernes en Algeciras que su departamento tiene un grupo de trabajo dedicado a buscar el encaje legal de esta figura para el fomento del arraigo al término de la reunión operativa del Plan Especial del Campo de Gibraltar para analizar los resultados del dispositivo de seguridad frente al tráfico de drogas y seguridad ciudadana.

"La zona de singularidad lo determinan situaciones extraordinarias. Estamos estudiando desde el Ministerio del Interior la situación. Ya hay un grupo de trabajo al respecto para establecer una norma relativa al establecimiento de Zonas de Especial Singularidad que pueden obedecer a muchas razones. Desde el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a zonas con mayor carga de trabajo en materia de seguridad, a riesgos añadidos o por razones de fomento del arraigo", ha respondido a preguntas de Europa Sur.

"Para determinar una singularidad estamos barajando distintas posibilidades, exigencias o necesidades. Estamos en ello para materializarlo en una normativa que luego nos permita declarar, si procede y con un marco al respecto, la singularidad en cualquier territorio de España", ha subrayado Grande-Marlaska.

La Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar es una vieja aspiración del movimiento asociativo de la comarca a la que se sumaron las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera para lograr que los funcionarios puedan disfrutar de incentivos para que se puedan cubrir todos los puestos vacantes, ya que ante los continuos incidentes con narcotraficantes la zona no es atractiva para los agentes que no son de la zona.

Los colectivos contra las drogas consideran que el reconocimiento debe ir de la mano de medidas sociales. Por ello, también pedían que este régimen se aplique a miembros de la judicatura o de la Fiscalía, además de a sanitarios, docentes y funcionarios en general para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía ante la dificultad, a veces, de cubrir todos los puestos ofertados o el continuo cambio de plazas y, por otro lado, favorecer el arraigo en la comarca de estos trabajadores.

Hace ahora un mes, Grande-Marlaska avanzó en Cádiz que su departamento estaba trabajando en esta cuestión, sin entrar en detalles sobre la necesidad de una normativa específica. El titular de Interior no ha ofrecido plazos concretos para esta iniciativa.