Juicio a cinco guardias civiles y otras diez personas por colaborar con redes criminales en el Puerto de Algeciras

Algeciras/La Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, enjuiciará el próximo mes de febrero a una supuesta red delictiva liderada por un cabo de la Guardia Civil destinado en el Puerto de Algeciras y otras catorce personas, entre las que figuran otros cuatro miembros de la Benemérita y un abogado, a quienes la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar les atribuye, entre otros, los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, cohecho y blanqueo, según el escrito de acusación del ministerio público al que ha tenido acceso Europa Sur.

“El análisis de las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente y los múltiples seguimientos y vigilancias a los que fueron sometidos los acusados permitieron al Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil constatar la existencia de un entramado criminal que tenía por objeto facilitar a otros grupos delictivos, a cambio de un precio, la introducción de mercancías ilícitas en territorio español”, apunta a modo de resumen el fiscal Alfredo Blanes.

La investigación de los hechos que ahora se juzgarán se inició a finales de 2012 en el curso de unas diligencias previas incoadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Algeciras “en torno a una organización criminal indiciariamente responsable de cometer delitos de falsedad en documento público y blanqueo de capitales”.

Tras la detención de varios individuos, aparecieron indicios sobre la existencia, apunta la Fiscalía, de “una organización criminal liderada por un guardia civil destinado en Málaga, que estaría facilitando la introducción en España de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Algeciras”. “En este contexto”, añade, “el acusado B.A.P., cabo 1º de la Guardia Civil destinado en esa fecha como Jefe de Turno de la sección aduanera del Puerto de Algeciras, fue identificado como uno de los posibles responsables del nuevo ilícito que se pretendía investigar”.

“La estructura establecida por B.A.P aprovechaba la condición profesional de varios de sus miembros, guardias civiles destinados en la Sección Fiscal del Puerto de Algeciras, para facilitar el paso de mercancías ilícitas a través del Puerto eludiendo los controles fiscales y aduaneros a los que dichas mercancías pudieran verse sometidas”, indica el ministerio público.

La Fiscalía no alberga dudas sobre el supuesto papel que B.A.P desempeñaba “en la cúspide a la organización”, un entramado criminal con “una organización perfectamente estructurada, con división de funciones entre sus miembros y con una jerarquía predeterminada”.

“El acusado ofrecía los servicios de su organización a otros grupos delictivos, a los que facilitaba la introducción de mercancía ilícita a través del Puerto, en el que él y sus hombres estaban destinados. Como líder, el acusado impartía órdenes e instrucciones a los demás acusados, determinaba la forma de proceder para garantizar la entrada de la mercancía ilícita en territorio español, distribuyendo funciones y roles entre sus subordinados”, indica la acusación.

Los testaferros y el abogado

Otra parte de la trama estaba formada por personas interpuestas a las que utilizaba como titulares de propiedades que las ganancias logradas pasasen desapercibidas: “En una fase posterior utilizaba a sus allegados como testaferros para la ocultación de las ganancias ilícitas que obtenía. Todo ello lo realizaba omitiendo las más elementales obligaciones inherentes a su cargo, y aprovechando la información privilegiada que conocía por razón de su destino profesional”.

Otro miembro destacado de la organización era R.C.L.. Abogado de profesión, el acusado era la persona de confianza de B.A.P: “Su función era la realización de funciones de enlace entre la organización y los grupos delictivos que requerían los servicios de esta para la introducción de mercancías por el Puerto, proporcionándoles instrucciones en tiempo real, conforme a la información que, a su vez, le era transmitida por los miembros de su organización, para la consumación del ilícito”.

La “estructura operativa” de la red criminal, a juicio del fiscal, estaba conformada por otros cuatro guardias civiles destinados a la fecha de los hechos en el Puerto de Algeciras. “Siempre bajo las órdenes de B.A.P., y de acuerdo con la información en tiempo real que les facilitaba [el abogado] R.C.L, los acusados eran los responsables de garantizar materialmente la entrada a través del Puerto de la mercancía ilícita, de manera que ésta eludiese los preceptivos controles fiscales y aduaneros”.

“Para ello -continúa el escrito del fiscal Blanes- los acusados se prevalían de sus cargos y omitían las obligaciones inherentes a los mismos, evitando detener a los vehículos que transportaban la mercancía ilícita”, lo que hacían intercambiando información en tiempo real sobre el tránsito de aquélla “e incluso falsificando la documentación aduanera que todo transporte de mercancías que pretenda salir del Puerto debe presentar”.

De entre esos cuatro agentes, uno de ellos ejercía como primus inter pares, F.J.J.M., quien ocupaba “una posición especialmente preeminente” y que asumió “en al menos una ocasión las funciones de coordinación entre los guardias civiles integrantes de la organización con R.C.L ante la ausencia de B.A.P”.

El pormenorizado relato de la Fiscalía describe que “el último eslabón de la organización” lo componían varias personas pertenecientes al “circulo familiar y personal de B.P.A”. “Utilizando un complejo entramado societario” constituido por varias empresas, entre las que figuraban concesionarios de coches y supuestas firmas de inversión, “dichos acusados se ocupaban de introducir en el circuito legal, con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero que gestionaban, las ganancias procedentes de las actividades delictivas de B.A.P, las cuales eran transformadas en bienes y servicios. De esta manera la operativa ilícita del entramado criminal conformado por dicho acusado quedaba encubierto en todos sus extremos”.

Treinta vehículos a nombre de la pareja

B.A.P. había sido investigado con anterioridad por hechos similares en procedimientos penales por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras y el Juzgado Mixto nº 1 de San Roque, si bien dichas pesquisas no determinaron su implicación en hechos delictivos dado que el fiscal apunta en su escrito que no le constan antecedentes penales.

Tanto él como su esposa, M.M.G.E., carente “de medios de vida conocidos”, según comprobaron los agentes encargados de la investigación, “gozaban de un enorme patrimonio aparentemente incompatible con su situación laboral”.

En concreto, el SAI corroboró que los acusados tenían “participaciones en diversas sociedades mercantiles, eran titulares de 30 automóviles y habían participado en la adquisición de cuatro bienes inmuebles, llegando incluso a constatar que B.A.P. había participado desde el año 2005 en diversos préstamos con un importe total de 812.000 euros”.

Con todos esos indicios, el SAI se solicitó el comienzo de una investigación judicial sobre el patrimonio de ambos acusados, la cual se inició mediante la concesión de una serie de diligencias de investigación en un auto fechado el 3 de marzo de 2013.

“Dicha investigación patrimonial inicial se complementó con una serie de vigilancias realizadas sobre el acusado B.A.P.. Los miembros del SAI pudieron comprobar que utilizaba múltiples vehículos para la realización de sus desplazamientos, algunos de ellos relacionados con otras operaciones policiales, y que mantenía reuniones con diversos individuos, algunos de ellos con antecedentes policiales, en las que empleaba medidas de seguridad para detectar posibles seguimientos y para ocultar su apariencia”, manifiesta la Fiscalía.