La Junta concede a Interquisa la Autorización Ambiental Integrada

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha concedido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Interquisa. Con esta concesión, todas las factorías del grupo Cepsa en la comarca cuentan ya con este título, mediante el cual se unifican todos los requisitos legales y autorizaciones en materia de medioambiente y se da cumplimiento a uno de los principales requisitos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

El documento tiene una vigencia de ocho años, durante los cuales la consejería auditará periódicamente la instalación de la empresa del grupo Cepsa con el fin de comprobar que el centro se orienta a la utilización de las mejores técnicas disponibles y el cumplimiento de los nuevos límites establecidos para la prevención y reducción de la contaminación así como a un uso eficiente de la energía, agua y materias primas.

El compromiso de la empresa para obtener la Autorización Ambiental Integrada pasa por la instalación de nuevos medidores en continuo, reducción de los valores límites de emisión, además de otras iniciativas de mejora ambiental como la instalación de equipos para disminuir emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Además, la autorización fija restricciones en los límites de inmisión, la elaboración de un estudio olfatométrico tras la realización de estas mejoras y el envío de los datos de los vertidos hídricos y atmosféricos a la Consejería de Medio Ambiente en tiempo real. Además, todo ello se realizará bajo el control de empresas colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente.

Petresa fue la primera industria del grupo en obtener esta autorización en el ámbito del Campo de Gibraltar, ya que la solicitó en 2003. Luego le siguió la refinería Gibraltar-San Roque, si bien en este caso, la concesión será revisada conforme a los resultados de la auditoría externa a la que está siendo sometida por parte de la Junta de Andalucía.

La Autorización Ambiental Integrada nace de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que establece que las empresas que han de someterse a esta autorización son las relacionadas con las instalaciones de combustión; la producción y transformación de metales; las industrias minerales; las industrias químicas; la gestión de residuos; las industrias de papel y cartón; la industria textil y del cuero; la alimentaria y explotaciones ganaderas; el consumo de disolventes orgánicos y las industrias del carbono. Se trata de un trámite obligado para que las empresas adscritas a estas actividades puedan seguir operando dentro de la Unión Europea.