La Junta flexibiliza las normas sobre construcciones en Los Alcornocales
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, resalta las oportunidades económicas y el valor añadido de las fincas con protección ambiental
Aplaude la integración total de La Almoraima

San roque/La Junta de Andalucía ha aprovechado el proceso administrativo de la ampliación de los límites del parque natural de Los Alcornocales para flexibilizar la regulación sobre cuestiones como las construcciones o las actividades económicas en las fincas. Unos cambios que permitirán -siempre bajo supervisión- la rehabilitación de antiguas casas y cortijos o la edificación de inmuebles para el desarrollo de actividades agropecuarias de una forma más sencilla para sus propietarios. Estas medidas buscan promover una gestión más ágil y evitar que las normas se conviertan en un freno para el desarrollo socioeconómico del medio rural, según la administración.
El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, participó ayer en una jornada técnica en la finca pública La Alcaidesa de San Roque, que ahora ha pasado a formar parte de Los Alcornocales, para explicar a los municipios la filosofía de unos cambios que van más allá de la mera ampliación de los límites del espacio protegido. "Se está aportando valor a estos territorios con una iniciativa que queda muy lejos de convertir este espacio en un santuario inaccesible. Esta protección está ligada al desarrollo sostenible de toda la zona", apuntó Fiscal, quien negó que la ampliación suponga un freno para la economía. "Más bien lo contrario. Los estudios dicen que los municipios rurales incluidos en espacios protegidos tienen una renta per cápita más alta", subrayó Fiscal.
El parque natural ha incorporado 5.852 hectáreas de terrenos de gran valor ecológico de nueve fincas públicas y privadas de los términos municipales de Algeciras, Castellar de la Frontera y San Roque. La superficie protegida se ha incrementado en un 3,5%, hasta alcanzar las 173.619 hectáreas.
Junto a la ampliación se han aprobado las nuevas versiones del PORN y el PRUG del parque (Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Usos y Gestión, respectivamente) para la conservación del patrimonio medioambiental y paisajístico. Estos documentos recopilan la normativa aplicable y jurídicamente se sitúan por encima de la regulación urbanística de los municipios, según explicó en la jornada del director del parque, Juan Manuel Fornell.
Con la actualización de estos instrumentos, detalló, se trazan las futuras líneas de gestión de Los Alcornocales y se han corregido algunos errores en los límites del parque que provocaban fricciones con los municipios.
La construcción de determinadas edificaciones en fincas privadas o la realización de actividades que hasta ahora requerían permisos especiales serán ahora más flexibles con estos dos instrumentos. Uno de los cambios se basa en la reducción del tamaño requerido de una finca para la construcción de una edificación. "Nos encontrábamos muchos pequeños propietarios que no podían construir. Había fincas de 35 hectáreas donde no se permitían edificaciones. Ahora, con los cambios se da respuesta a esta situación", ejemplificó Fornell.
Incentivar el turismo rural es otro de los retos que se ha propuesto la dirección del parque. Ahora, la rehabilitación de antiguas edificaciones en desuso, como cortijos o caballerizas, será más sencilla. También han cambiado los permisos para determinadas actividades que requerían de autorización previa y que se podrán hacer a partir de ahora sólo con una comunicación previa a la administración.
Fornell sostuvo que estos cambios son posibles porque el parque natural de Los Alcornocales es ya un espacio protegido consolidado, donde existe concienciación por parte de los propietarios y empresarios. No obstante, la Junta deberá rendir cuentas de la gestión ante la Unión Europea cada seis años, según las normas aprobadas.
En la jornada también participaron la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Ambos coincidieron en que el espíritu de las normas busca generar opciones para el desarrollo económico pero sin perder de vista el respeto al medio ambiente.
Entre estos suelos incorporados a Los Alcornocales se encuentra el 10% del latifundio público estatal de La Almoraima que hasta ahora permanecía fuera de la protección. En su día, el Gobierno central planteó un proyecto turístico que encontró rechazo por parte de la Junta. El consejero apuntó que se debe apostar por una gestión pública y sostenible de este espacio frente a iniciativas "especulativas".
Fiscal subrayó que con el aumento de la protección se blinda un importante corredor verde que une masas forestales con el mar Mediterráneo. Con la entrada de Guadalquitón entre los suelos protegidos, la masa forestal de la sierra llega ahora hasta la misma playa cerca de Sotogrande.
Las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales se van a poder seguir desarrollando con normalidad, dado que la normativa forestal y cinegética es similar para las fincas de dentro y fuera del parque.
Fiscal espera que el Plan del Litoral siga en vigor pese al fallo del TSJA
El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, dijo esperar que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) se mantenga en vigor pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado la aprobación como nula de pleno derecho. Fiscal resaltó que el fallo se refiere exclusivamente a cuestiones de forma, sin entrar en el espíritu de protección del plan frente a la especulación urbanística. "Aceptaremos lo que diga la Justicia, pero nuestra intención es que el plan siga en vigor entre el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo", comentó. Para ello, los técnicos ya están redactando el recurso que se presentará como respuesta a este pronunciamiento. "Esperamos que cuando se interponga el recurso, no decaiga el decreto y siga en vigor en tanto se pronuncia el Supremo. Y, por tanto, no haya que hacer ninguna medida. Veremos qué dice la instancia judicial. Si hay que volver a aprobarlo, se hará", remachó en referencia a la petición de medidas transitorias efectuadas por los grupos ecologistas para evitar un "vacío normativo". Fiscal apuntó que el plan supone una garantía de conservación y no limita el crecimiento de los municipios porque permite la construcción de no menos de 140.000 viviendas costeras sin colisionar con el medio natural.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Iceberg