La Mancomunidad acuerda pedir 31 millones para pagar a sus proveedores

El Pleno de la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar acordó ayer acogerse a la nueva fase del Plan de Pago a Proveedores diseñada por el Gobierno central. La entidad comarcal pedirá suscribir un crédito de hasta 31,1 millones de euros para saldar su deuda con los proveedores, la mayoría generada por la empresa comarcal Arcgisa.

Para ello, el equipo de gobierno (PP-PA) sacó adelante un nuevo plan de ajuste a diez años (2013-2023) que contó sólo con los votos favorables del equipo de gobierno (PP-PA). Los grupos de la oposición (PSOE, IU y USR) optaron por abstenerse.

Una vez aprobado el nuevo plan de ajuste, la entidad tramitará la solicitud de adhesión ante el Ministerio de Hacienda para que sea valorado (el plazo concluye el lunes 15). Si es estimado, la Mancomunidad podrá suscribir el crédito mientras que en caso contrario, el pago a los proveedores quedará garantizado a través de una deducción de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que reciben los siete municipios de la comarca. También se recurrirá a estas transferencias que reciben mes a mes los ayuntamientos en caso de que la Mancomunidad falle en los pagos para amortizar el préstamo. Las entidades supramunicipales no habían tenido, hasta ahora, posibilidad de acogerse a la iniciativa.

En cuanto a las medidas de ajuste ahora diseñadas, el presidente de la institución comarcal, Diego González de la Torre (PP), explicó al término de la sesión plenaria que el nuevo plan de saneamiento amplía el horizonte del aprobado hace escasas semanas hasta los diez años.

Sobre las medidas de control del gasto previstas para acreditar la capacidad de devolución del crédito se incluyen todas las relativas al personal ya contempladas en el anterior. Esto es, se eliminan los programas del Plan de Atención a la Comunidad Gitana y Club de Empleo y los puestos de trabajo derivados (que ya fueron despedidos en febrero); también desaparece la Fundación Universitaria a través de un ERE para su personal, igualmente aplicado. Del mismo modo, se prevé la adscripción de dos trabajadores de la Mancomunidad en Arcgisa, la imposibilidad de contratar personal de confianza y no cubrir las jubilaciones.

A éstas se añaden ahora un incremento del 5% para la cuota estatutaria que pagan los siete municipios en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 así como la reducción de cargos políticos a partir del próximo mandato. En 2015, según este plan de ajuste, sólo habrá un presidente y tres vicepresidentes con remuneración ya que también se estima que las competencias de la Mancomunidad serán menores.

Con estas iniciativas de ahorro se pretenden cubrir 31.113.676 euros de deuda a proveedores, de la que 2,7 millones corresponden a la Mancomunidad y sus organismos autónomos mientras que los 28,3 millones restantes son de facturas impagadas por Arcgisa.

La portavoz de USR, Marina García, inició el debate argumentando que las medidas de ajuste relativas al personal ya encontraron el rechazo de su formación en la votación de los presupuestos de 2013. En este sentido, y por estar ya en vigor, García instó a los representantes del gobierno a continuar con la negociación para buscar alternativas a los despidos. Así, García reconoció tener "el corazón dividido" por las medidas laborales y la repercusión que el plan tendrán sobre las pymes de la comarca, por lo que anunció la abstención.

IU también suscribió estos argumentos. El alcalde de Castellar, Juan Casanova, que intervino por la ausencia de la portavoz Inmaculada Nieto, hizo alusión al 5% extra que se le exigirá a los ayuntamientos a partir de 2015 en las cuotas estatutarias "y que saldrán del ciudadano a través de sus impuestos, que habrá que recaudar en los municipios para hacer frente a la subida".

Los socialistas, por su parte, afearon que no se convocara previamente al consejo de alcaldes para informar de las medidas previstas. Sobre los efectos de las medidas de ajuste sobre el personal, Pascual Collado definió la negociación con los sindicatos para salvar los empleos como un "simulacro" ya que ahora se ratifican las medidas del plan precedente. Con todo, el PSOE también se abstuvo.

El portavoz del PP, José Cabrera, agradeció a los grupos de la oposición su decisión de abstenerse en la votación de este nuevo plan de ajuste y reconoció, como había señalado el portavoz del grupo socialista, que se debió convocar a los alcaldes antes del Pleno, pero que diversas circunstancias lo habían impedido. Relacionó esa necesidad con la garantía de devolución que asumen los ayuntamientos, en base a su participación en los tributos del Estado.

Salvo estas diferencias, todos los grupos felicitaron el trabajo técnico a contrarreloj para cuantificar la deuda, emitir los certificados y contactar con los acreedores para informarles de la medida. Así, la votación salió adelante con 16 votos afirmativos.

Ya concluida la sesión, De la Torre insistió en la importancia del acuerdo por suponer un mecanismo para saldar la deuda con muchos empresarios. La entidad comarcal ya recurrió al primer plan, pero su solicitud fue rechazada dos veces, según explicó.