Menores, el eslabón más débil

R. M. M.

22 de julio 2018 - 01:36

Algeciras/El pasado año llegaron a Andalucía 3.306 menores inmigrantes no acompañados, casi el triple que el año anterior. Y en el primer semestre de 2018 son ya 1.900 niños y jóvenes los que han llegado a las costas andaluzas, un perfil dentro del fenómeno migratorio que preocupa a las entidades que trabajan con los migrantes y con menores.

Estos son el eslabón más débil de la cadena migratoria, apuntan estas entidades, aunque su presencia en ella no es nueva. La mitad de los desplazados forzosos del mundo son menores de edad, algo que parece lógico en el caso de los conflictos bélicos "en los que muchos niños se quedan solos", apunta la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, María Jesús Herrera. Además "tenemos que tener en cuenta que en muchos países los jóvenes a partir de los 11 y 12 años ya no son tan menores, son gente joven que busca otra realidad" y por ello, se mueve.

En el caso de los menores marroquíes, ese movimiento responde a un convencimiento de que es la vía para la mejora de las condiciones de vida, una idea interiorizada y alentada por las mafias en algunas zonas concretas del país de donde proceden la mayoría de los menores. Y existe también otra casuística, apuntan desde Acnur: la de los niños que entran solos pero que en realidad tienen un familiar ya en España.

Los menores necesitan una protección especial, recuerda la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, ya que son los más vulnerables, víctimas de "reclutamiento y matrimonios forzosos, esclavitud, trata de seres humanos, a veces llegan huyendo de represión familiar por su orientación sexual". Por ello, cuentan con atención especializada en los puntos de llegada.

Pese a ello, si el sistema de recepción de los migrantes se ha visto sobrepasado, el de acogida de menores sufre una sobrecarga alarmante. Los centros están triplicando y cuadruplicando su capacidad de acogida y las plazas de emergencia habilitadas no son suficientes. Las organizaciones y el Defensor del Pueblo reclaman una mejora urgente del sistema de atención.

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