El PIVG dice que Urbanismo recalificó el terreno de Agrojardín hace un mes

El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, señaló ayer que el centro Agrojardín se instaló de forma provisional en unos suelos que no eran de aprovechamiento terciario y fueron recalificados hace aproximadamente un mes en un Consejo de la Gerencia de Urbanismo. El Ayuntamiento, según dijo Mayoral, aprobó una modificación puntual de los terrenos convirtiéndolos en terciarios, por lo que el valor de la parcela se ha multiplicado.

Jesús Mayoral preguntó ayer en un Consejo de la Gerencia de Urbanismo por la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento al haber gestionado unos suelos cuyo propietario es Antonio Bazán, un empresario detenido en la operación contra la corrupción urbanística en Estepona y que actualmente, tras haber prestado declaración ante la jueza que instruye el caso, está en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acusado de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

Jesús Mayoral solicitó que se aclare la situación en pleno y se aporten documentos de la tramitación efectuada. Además, preguntó por la situación de la tienda en San Roque y por sus trabajadores, sin obtener respuesta.

El concejal del Partido Popular José Cabrera también pidió explicaciones en el Consejo. Cabrera señaló que su partido aprobó la modificación puntual porque el Ayuntamiento se comprometía a construir viviendas de protección oficial en una parcela aledaña que con la modificación se convierte en suelo urbanizable. Además, se construiría una carretera desde el polideportivo de San Roque hasta la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), de La Estación, pasando por el cruce de Santa Margarita, completando de esta forma la circunvalación de San Roque casco.

De todos modos, el edil popular aseguró que el trámite es largo, puesto que ahora está en exposición pública. Posteriormente se inicia el periodo de alegaciones y por último tendrá que ser la Delegación Provincial de Urbanismo, el órgano que decida la aprobación definitiva. "Es difícil que la Junta apruebe una operación en la que está relacionada una persona que está vinculada a una operación de corrupción urbanística", declaró. El concejal de Urbanismo, José Antonio Ledesma, señaló a este medio que toda la tramitación se realizó de forma legal. Ledesma aseguró que el dueño de la empresa realizó todo el trámite con el arquitecto municipal, Nicolás Moncada y la entonces gerente de Urbanismo, Arantxa Montero. Por otra parte, el PP votó en contra de la reparcelación del sector de Los Álamos, una operación que según Cabrera tiene indicios de ilegalidad, puesto que fue permutada a una empresa junto a otra parcela a las afueras de Torreguadiaro que se tasó con un valor económico muy inferior a su coste real.