Palma negocia con una sociedad que no es dueña de Guadalquitón

Guadalquitón Inversiones sólo tiene adquiridos los derechos sobre la promoción inmobiliaria que se iba a edificar · El alcalde aclara ahora que las conversaciones son con Realia, propietaria del suelo urbano

Vista general de la finca Guadalquitón, en el término municipal de San Roque.
Vista general de la finca Guadalquitón, en el término municipal de San Roque.
Redacción / San Roque

24 de junio 2009 - 01:00

El alcalde de San Roque, Fernando Palma, anunció hace unos días que había llegado a un principio de acuerdo con la empresa propietaria de la finca Guadalquitón para que este paraje natural pase a ser propiedad municipal. El primer edil del PP señaló que existía un pacto verbal con la sociedad Guadalquitón Inversiones y que en las próximas semanas se materializará a través de la firma de un convenio. A cambio de las 360 hectáreas de este enclave -que se convertirá en un parque- el Consistorio tiene previsto entregar la misma edificabilidad a la empresa en una parcela municipal, "sin ningún valor ecológico" y aún por determinar.

Sin embargo, según ha podido saber este diario a través del Registro de la Propiedad de San Roque, Guadalquitón Inversiones no es la propietaria del suelo urbano de Guadalquitón y sólo tiene adquiridos los derechos sobre el producto final de la promoción inmobiliaria que se pretendía edificar en la finca. La dueña del suelo sigue siendo la sociedad Servicios Índice, cuyo administrador único es la empresa Realia Business. Esta compañía fue la que le compró a la familia Burguera 200 hectáreas de suelo clasificado de la finca en el plan urbano de 1987 y se reservó los derechos sobre el producto final. Una edificabilidad sobre la que también adquirió luego derechos la sociedad ACP-Level, que actualmente es la principal accionista (74,9%) de Guadalquitón Inversiones, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Ante la posibilidad de estar negociando con una empresa que no es la dueña del suelo de Guadalquitón, Palma aseguró ayer a este diario que las conversaciones que se están manteniendo son con Realia Business, cuyos representantes estuvieron hace diez días en el Ayuntamiento. El alcalde argumentó que se citó en un principio a Guadalquitón Inversiones al entender que esta sociedad forma parte de Realia, algo que no consta en el BORME. No obstante, reiteró que en todo lo relacionado con la finca siempre se ha contactado con Realia ya que, dijo, es la que gestiona y representa a los distintos dueños del total de la finca. Así citó también a la familia Burguera, de la que uno de sus miembros es consejero de Guadalquitón Inversiones.

Palma insistió en que sólo existe un acuerdo verbal para trasladar la edificabilidad de Guadalquitón a una parcela municipal. Un borrador que podría estar desarrollado por completo en unas semanas, según los cálculos del alcalde.

Guadalquitón Inversiones S.A. ha sufrido en los últimos días cambios en su organigrama. El BORME ha publicado que el pasado 19 de junio -tres días después de que se publicara el anuncio de Palma sobre la finca- fue designado como nuevo presidente de la sociedad Rafael Muñoz Toledo.

Este empresario es también el presidente de Venta de Viviendas y Edificios Rehabilitados (VVERH), una sociedad inmersa en otra de las polémicas urbanísticas que más quebraderos de cabeza está provocando al Ayuntamiento de San Roque: la parcela 022-TG, en Torreguadiaro. Este medio publicó esta semana el último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordena a resolver de nuevo el concurso sobre este área urbanística al entender que la adjudicación a VVERH, en 2002, fue ilegal.

Palma negó que los casos de Guadalquitón y Torreguadiaro estén relacionados, así como que se vaya a compensar a VVERH con otra parcela por el revés judicial. Asimismo, aseguró que Muñoz no es el empresario con el que cerró el acuerdo verbal sobre el paraje natural "paseando por la playa".

El primer edil sanroqueño detalló que el Consistorio va a acatar la sentencia sobre la 022-TG y que en el próximo pleno se dará cuenta al pleno. El paso siguiente será constituir una mesa de contratación que se decantará por una de las ofertas que se presentaron en su momento. En caso de que el concurso recaiga en otra sociedad distinta a VVERH, ésta tendrá que ser indemnizada por los alrededor de 6,4 millones de euros que pagó en su fecha por el suelo.

El regidor del PP también se mostró contrariado por los intentos del PSOE de relacionar estos temas urbanísticos con el caso de los 40 millones, al aparecer supuestamente estas sociedades en la transcripción de la cintas que se encuentran en manos de la Justicia. Palma, en una entrevista reciente en Canal San Roque Televisión, se mostró ilusionado con poder dar una solución a la finca Guadalquitón en beneficio de los vecinos. El primer edil recordó que el problema de la finca se remonta a 1987, año en el que recibió el visto bueno el actual PGOU y parte del suelo se hizo urbanizable. A cambio, el Ayuntamiento recibió 60 hectáreas en Sotogrande donde se ha edificado el segundo campo de golf municipal y está proyectado un hotel.

Sin embargo, la posibilidad de que se urbanizara parte del paraje natural despertó un gran rechazo entre los vecinos de Guadiaro y los grupos ecologistas. Una confrontación que paralizó el proyecto y que ahora está en vías de desbloquearse. La solución planteada ahora por Palma satisface por completo a los conservacionistas, que ven en la propiedad municipal y la conversión en parque una forma de garantizar la protección de una zona única en el Mediterráneo. La idea del Ayuntamiento es convertir la finca de Guadalquitón en un paraje de las características del Pinar del Rey, para que pueda ser disfrutado por los sanroqueños y ciudadanos del resto de la comarca. Como contraprestación, la propietaria de los terrenos recibirá suelo municipal con la misma edificabilidad. Palma sostiene ahora que las conversaciones las está manteniendo con Realia Business y que en las próximas semanas se sabrá qué parcela municipal permuta el Ayuntamiento para compensar la entrega del cien por cien de la propiedad del paraje natural.

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