Persecución y violencia institucional. La represión antimasónica en el Campo de Gibraltar tras la Guerra Civil (I)

A partir de 1936, la masonería iba a sufrir una etapa de sistemática destrucción al ser víctima de un clima de violencia extrema. Durante los primeros meses de la Guerra Civil se produjo el asalto a templos y sedes y la eliminación física de numerosos masones, empezando por los miembros más significativos debido también a su actividad política y social. Tras el conflicto bélico, se desplegó una cruzada antimasónica sustentada en una legislación represiva contra aquellos españoles sospechosos de haber colaborado con la Segunda República. Estuvo articulada por dos leyes especiales: la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, por lo que, al principio, hubo una represión más desordenada y después otra más eficaz con la recogida de documentos y todo tipo de pruebas. Ello explica que muchos masones no fueran represaliados de inmediato, sino que, posteriormente, el aparato represivo de los sublevados se fue ocupando de ellos.

Las actuaciones contra la orden se vieron amparadas por la jurisdicción militar y se aplicaron bandos de guerra para fusilar a muchos de los detenidos. Así, rápidamente, la masonería quedó desarticulada con la persecución, huida, detención y asesinato de muchos miembros, junto a la incautación de todos sus efectos merced a la rapidez del castigo infligido. El solo hecho de ser masón fue considerado como “delito de lesa patria” con la amenaza de fusilamiento sin más por simple sospecha o parentesco. Por ello, más de un centenar de masones gaditanos fueron fusilados en los días siguientes al levantamiento militar. Se calcula que, en toda Andalucía, en los primeros momentos fueron pasados por las armas unos 300 miembro de la orden.

Cruzada antimasónica

En el Campo de Gibraltar, conocemos la magnitud de esta represión en ciudades como Algeciras, La Línea y San Roque, donde algunos de sus miembros más destacados fueron fusilados. Se trataba de atacar directamente el corazón de la República neutralizando sus antiguos “cuarteles de invierno”, sin tan siquiera esperar al decreto de 15 de septiembre de 1936 que puso fuera de la ley a la masonería al declararla ilegal.

La represión iba a ser llevada a cabo por militares, falangistas y fuerzas del orden público. Parecía seguir el guion de un plan preconcebido por su rapidez. Algunos elementos del entorno de los sublevados, incluso, se anticipaban al castigo porque su discurso antimasónico alentaba la aparición de listados de miembros por todas partes.

La comarca quedó bajo el control de la Jefatura de la Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, que asumió todos los poderes y se atribuyó todas las competencias, sometiendo a la justicia militar cualquier resistencia a la autoridad. La fase más violenta del terror fue durante el verano de 1936, cuando los sublevados utilizaron este instrumento para consolidar su poder, siendo la cabeza visible de esta política represiva el general Queipo de Llano, sobradamente conocido en el Campo de Gibraltar, donde había servido durante algún tiempo.

Asimismo, Falange, involucrada en los asaltos a las logias del Campo de Gibraltar, se había adelantado a Franco desplegando su propia campaña contra la masonería, siguiendo de alguna manera la llevada a cabo en Alemania e Italia. Así, en La Línea se asaltaron los talleres y algunos se incautaron de los objetos para exhibirlos en las calles.

La orden era percibida como una amenaza en sí misma y existió una persecución dirigida especialmente contra ella. Nos lo confirma la rapidez con que se asaltaron sus locales y la incautación de toda la documentación y archivos que pudiesen comprometerla. Probablemente estaba mejor organizada y más arraigada en el Campo de Gibraltar que los diversos partidos republicanos. A nadie se le escapaba su gran protagonismo político y que la militancia masónica hubiese facilitado el acuerdo entre las distintas fuerzas republicanas y socialistas en las elecciones de febrero de 1936, por lo que, ciertamente, neutralizando a la masonería se eliminaba un apoyo fundamental.

Había que eliminar cuanto antes cualquier rastro masónico porque el nuevo régimen quería demostrar a toda costa su incompatibilidad con la orden. Y una vez desmanteladas las organizaciones, había que sanear estas poblaciones para imposibilitar nuevos brotes. Sin embargo, muchos pudieron salvar sus vidas gracias a la proximidad de Gibraltar y verdaderas oleadas de personas se dirigieron hacia la colonia para ponerse a salvo hasta desbordar a las autoridades, que se vieron obligados a habilitar campamentos para alojarlos. Durante los primeros momentos algunas logias de la comarca pudieron mantenerse activas en la colonia inglesa y, desde allí, intentaron entrar en contacto con los órganos rectores de la capital española.

Leyes de represión

Una vez finalizado el conflicto bélico, la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, la de marzo de 1940 de Represión de la Masonería y el Comunismo (BOE, 2/3/1940: 1537- 1539) y la constitución del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo para asumir estas competencias iban a abrir una nueva vía para combatir a la orden. La segunda fue una ley fundamentalmente antimasónica en la que las referencias al comunismo quedaron diluidas.

Se establecía el “delito de masonería” por el mero hecho de haber pertenecido y se le cargaba con la responsabilidad de ser uno de los causantes de la decadencia de España.

A partir de 1940 Franco, que era el principal impulsor de esta campaña antimasónica, conseguía imponer una ley que castigaba a cualquier persona que hubiese tenido contacto con la orden porque alcanzaba a todos los que habían pertenecido en algún momento a la masonería. Por lo que muchos, a los que hasta entonces no se les habían pedido cuentas, iban a tener que vérselas con este tribunal y hacer frente a las correspondientes condenas.

El elemento más destacado de esta maraña jurídica represiva fue su carácter retroactivo porque juzgaba como delitos hechos que eran legales cuando se produjeron, violando, por tanto, principios jurídicos elementales. Además de su carácter vengativo, porque podía juzgar y condenar a personas ya fallecidas, estableciendo como principio la responsabilidad patrimonial de las familias de los inculpados. Con ello se quería extender el miedo a gran parte de la población.

En primera instancia, cualquier persona que hubiese pertenecido a la masonería debía presentar declaración retractatoria inmediatamente después de publicada la Ley de 1940. Muchos que no había sido molestados anteriormente, que incluso colaboraron con el bando sublevado e intervinieron en la contienda, ahora se veían en el trance de presentar esa declaración antes de que terminara el año.

Lo más común fueron las condenas de entre 12 y 30 años de prisión más las accesorias de inhabilitación, separación de cargos públicos y sanciones económicas.

Todo ello se convirtió en una auténtica pesadilla para casi todos durante los largos años cuarenta y cincuenta, cuando ninguno pudo vivir tranquilo por la constante incertidumbre ante las esperas a que los llamasen a declarar o recibir sentencia.

Con algunas excepciones, la Ley se ensañó con masones pocos significativos y que habían abandonado la militancia. Conocemos pocas sentencias absolutorias y, desde luego, trajo numerosos episodios de ruina moral y jurídica y destierros. Algunos recurrieron las sentencias, pero con escasa fortuna. Para rebajar la pena se exigía la delación de antiguos miembros. Ello dará lugar a la apertura de nuevas causas.

El sistema así se retroalimentaba con un entramado documental de informes, denuncias, retractaciones, etc. Sumarios, procesamientos y condenas eran la tela de araña en la que iban a verse envueltos los masones. Se produjeron miles de sentencias. Según el profesor Ferrer Benimeli, las que dictaba el Tribunal eran todo un “espectáculo”, que se reproducían en la prensa cuando alcanzaban a figuras del republicanismo, como Martínez Barrio, condenado a 30 años, y Santiago Casares Quiroga, a 20 años.

En la provincia de Cádiz, las nuevas autoridades, con la colaboración de los diversos municipios, se dispusieron a elaborar listados de todos los que hasta diciembre de 1940 habían efectuado la retractación pública que determinaba la ley para llevarlos ante los tribunales (AHN, fondos contemporáneos, exp. policial nº 18.031). Por lo que muchos, que albergaban la esperanza de que la finalización de la guerra abriese una nueva etapa en el país, se tenían que apresurar a presentar la declaración dentro del plazo para cumplir con esta obligación legal. Su pasada pertenencia a la orden les perseguirá durante años, teniendo que responder ante el Tribunal de una militancia que parecía olvidada. Las relaciones de masones eran remitidas al comisario jefe de Investigación y Vigilancia de Cádiz, quien, a su vez, antes de elevarla a las instancias superiores, pasaba a copiar toda la información allí contenida en fichas y expedientes de cada uno de los citados.

Conocemos uno de estos listados, que consta de 376 antiguos militantes de logias de la provincia de Cádiz (AHN, fondos contemporáneos, exp. policial nº 18.031). En esa relación hemos identificado al menos a 218 del Campo de Gibraltar, que vendrían a representar casi el 60 por ciento del total. La lista definitiva de los campogibraltareños comprendía a los masones ya incluidos en una relación de la alcaldía de La Línea, y otros 89 procedentes de diversos municipios de la comarca y de la propia ciudad linense. Este último grupo estaba compuesto por 27 de Algeciras, todos ellos de la logia Trafalgar; 12 de San Roque, de talleres como Lacy, Verniaud y Germinal; 10 de González Roncero de Los Barrios, cinco de Fénix de Jimena y 32 más procedentes de diversas entidades masónicas de La Línea. A ellos habría que añadir otros tres nombres que aún no hemos localizado en ninguna entidad masónica de la comarca.

Artículo publicado en el número 58 de Almoraima, Revista de Estudios Campogibraltareños (abril de 2023).