El Pleno da luz verde al acuerdo con los propietarios del Escalinata

Algeciras/Una de las ramas judiciales del caso Escalinata parece estar cercana a acabarse. El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras dio ayer luz verde (PP, PSOE, Podemos y Elena Abad, el resto se abstuvo) al acuerdo alcanzado con los propietarios del edificio que cayó en ruina por problemas durante la construcción del parking del mismo nombre. El Consistorio se compromete al pago de 1,3 millones de euros; los propietarios se retirarán a cambio de la acción penal emprendida contra el Consistorio. Aunque sobre la mesa quedan aún una incógnita importante: qué ocurrirá con un edificio, el parking Escalinata y sus oficinas anexas, declarado ilegal y con una orden judicial de demolición sobre la mesa.

El acuerdo alcanzado tras casi dos décadas de litigio con los vecinos supone el pago de las indemnizaciones obligadas por sentencia judicial por los gastos ocasionados por el desalojo del edificio Escalinata: realojo, mudanzas, abogados o informes técnicos. Será el Ayuntamiento quien asuma el pago inicialmente, pero después le reclamará a la constructora, Nautagest, la mitad del importe, ya que son responsables solidarios. Y a las aseguradoras le pedirá la parte municipal, por considerar que se trata de un accidente cubierto por las pólizas, aunque las compañías ya han advertido, recordó el portavoz socialista, Fernando Silva, que este tipo de siniestro no está cubierto.

"El coste final espero que sea cero", aseguró el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. Además, esperó aumentar también ingresos por otra parte: vía cobro del canon que Nautagest tiene que pagar mensualmente por la explotación del aparcamiento y que no está pagando. "Instaremos a la Diputación a que acelere el cumplimiento de la parte del canon que nos debe Nautagest", aseguró. "Ya no hay coste cero, entre otras cosas porque pagados informes, abogados, procuradores...", alegó Silva.

El montante tendrá que ser abonado antes del final de abril de 2019. Si se cumple lo pactado, no habrá más acciones judiciales por parte de los propietarios. Pero además, el convenio alcanzado incluye también el desistimiento de la comunidad de la acción penal emprendida contra el Ayuntamiento, que llevará a juicio en breve a los socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, el andalucista José Luis Ortega y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. La retirada de la acusación particular no obstante no supondría el final del caso, aseguran fuentes judiciales, ya que se está juzgando un delito público: se les acusa de prevaricación y también falsedad documental en caso del cuarto. La Fiscalía podría seguir adelante con el asunto.

La comunidad se compromete a instar la suspensión de la ejecución de las diferentes resoluciones judiciales que han acordado el derribo del parking Escalinata y las oficinas. Un punto sobre el que llamaron la atención IU y la concejal no adscrita María José Izquierdo. "Si se derriba ¿cuánto nos puede costar? ¿Y cuánto la indemnización por el lucro cesante?", se preguntaba la segunda. El portavoz de IU, José Luis Alcántara, recordaba que el secretario había afirmado anteriormente que no era posible negociar la no ejecución de la sentencia a cambio del pago de una cantidad. E instaba a elaborar un informe de los costes habidos y por haber en torno al caso.

El segundo tuvo la respuesta del propio secretario, insistiendo en que no se puede negociar la inejecución de una sentencia pero alegando que el acuerdo no trataba de eso, sino de la ejecución de una sentencia pagando la indemnización establecida. Pero la primera se quedó sin respuesta sobre el coste de un posible derribo. Ni siquiera se aclaró si se piensa derribar el parking, algo que podrían instar los propietarios del edificio Atlántida, parte litigante. En el salón de plenos quedó flotando la posibilidad de que la negociación se haya extendido a más partes. Sí obtuvo contestación a la posibilidad de tener que abonar el lucro cesante a Nautagest: "Si Nautagest conocía los hechos ¿cómo va a reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios? La Justicia ha dicho que lucro cesante cero, sí habrá que devolverle el coste de la licencia de obras, unos 90.000 euros", expuso Fernández.

Sobre la mesa quedaron también otras dos propuestas de IU: trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción y crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas. En cuanto a la primera, alegó el PP (el resto votó a favor), la Fiscalía ya ha revisado toda la documentación del caso en el procedimiento judicial abierto. En cuanto a la segunda, se rechazó con la negativa de PP, PSOE y Elena Abad.