La Policía General, cambiada de nombre, es la que ha llegado hasta nosotros

En relación con el artículo publicado el 18 de enero en Europa Sur sobre el bicentenario de la Policía Nacional quisiera hacer una serie de precisiones porque el autor (Jesús Núñez, coronel retirado de la Guardia Civil) ha incurrido en graves errores históricos.

Alguien que proclama las verdades académicas, históricas y jurídicas no puede hacer afirmaciones sin que estén respaldadas por unas fuentes documentales primarias. Y en el artículo no se ajusta a ninguna de esas fuentes primarias. Sin ajustarse a ellas, se hace algo de lo que acusa a los demás: reescribir la historia y adaptarla a sus sueños. Es la historia como pudo haber sido y no como realmente fue.

La Policía General del Reino, creada por Fernando VII en 13 de enero de 1824, no ha sido suprimida en ningún periodo de la historia. Reto al autor del artículo a que pruebe lo contrario. Por lo cual no es cierto que sea la Guardia Civil la única institución de seguridad que ha permanecido. La Policía General no es un antecedente histórico: es una verdadera policía en su vertiente administrativa y de seguridad, como lo es la Policía Nacional en la actualidad. Los que se encargaron de reprimir el espíritu de la sedición fueron los militares a través de las Comisiones Militares Ejecutivas, que condenaron a muerte a Riego y a un sin fin de liberales, no la policía. En la documentación que se conserva tanto de las comisarías de policía como de los intendentes de policía de provincia no hay constancia de que esa politización existiera. Es más, se llegó a pedir en la Revista española un aumento de sueldo para los celadores de barrio por el buen desempeño de sus funciones. Esa policía, cambiada de nombre, es la que ha llegado hasta nosotros, porque nunca ha sido suprimida.

La Real Orden de 1833, de Javier de Burgos, alude a las vejaciones que sufrían los viajeros por los pasaportes para el interior que expedía y controlaba la policía no por vejaciones de tipo político. Lo dice expresamente en el capítulo V de las Instrucciones a los subdelegados de Fomento.

El decreto que suprimió la policía secreta advierte en su mismo título que se refiere a los gastos destinados a pagar por información (los fondos reservados). Lo cual en un cuerpo de seguridad es un pecado gravísimo. La misma Gaceta de Madrid en una polémica que sostuvo con otro periódico, El Soberano, nos advierte de que este decreto – 2 de noviembre de 1840- no suprimió ninguna institución. De hecho, poco después, se trató de que las Diputaciones provinciales se hicieran cargo de esos gastos, y lo rechazaron. En el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado para el año 1841, se aprobaron dos partidas: una para fondos reservados, es decir, la policía secreta, y otra, para el ramo de Protección y Seguridad Pública –segundo dado nombre dado a la Policía-, que según testimonio de un diputado estaba presente en todas las capitales de provincias, puertos y pueblos más importantes. Luego es mentira que la seguridad pública se encomendara en exclusiva a las autoridades locales y que no existiera una institución de carácter nacional. La policía fundada 1824 ha llegado hasta nosotros con cambios solamente en el nombre (yo he conocido tres).

La policía llevaba desde su fundación pidiendo una fuerza auxiliar uniformada (Real Cédula de 13 de enero de 1824, art. XV), y nunca llegó a conseguir que se pusiera en marcha. Antes de crearse la Guardia Civil existía una institución de seguridad pública en todas las provincias. De hecho en el decreto de 26 de enero de 1844, la reorganizó en todo el territorio nacional, mediante la creación de una comisaría en cada cabeza de partido. ¿Para qué? Para, a pesar de lo mala que era y había sido, ponerla al frente de la Guardia Civil, en cuanto a la prestación de servicio hasta el 1 de enero de 1848 (arts.13 a 18 de su Reglamento de Servicio).

De todo esto se concluye que quien prometió decir la verdad, ha incumplido su promesa. Queda demostrado.