Operación Dismantle: prisión por... Castañas

Hace pocos días, leíamos en Europa Sur, prestigioso diario de la prensa comarcal, cómo el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, afirmaba, entre otros extremos, que la congestión de la Justicia es "desesperante" y que seguía sin haber solución para celebrar los juicios de las macrocausas. Específicamente, se refería a la Operación Dismantle.

Concretamente, la noticia recogía textualmente, sobre la operación antedicha, el siguiente párrafo que, a su vez, contenía declaraciones del referido juez: “También preocupa a los jueces la falta de avances para celebrar macrojuicios en el Campo de Gibraltar. El primero de ellos, el de la Operación Dismantle, causa en la que figura Antonio Tejón, presunto líder del clan de los Castaña, junto a otras 157 personas". "La realidad es que no saben qué van a hacer todavía", explicaba el decano. "Yo lo tengo muy claro, si fuera por mí pondría a todos los que están en prisión en la calle, porque si la Justicia no es rápida no es justicia y hay personas que podrían salir absueltas después de dos años en la cárcel", añadía Ruiz.

Al hilo de esta manifestación realizada por tan autorizada voz y quedando tres personas en prisión de esta Operación Dismantle a la que, exclusivamente, nos vamos a referir -que llevan más de dos años en dicha situación sin haber sido juzgadas-, queremos informar públicamente de las injusticias de la Justicia.

No es lo dicho por el juez decano lo más alarmante sobre dicha operación, ni saber si resultarán inocentes o culpables; lo alarmante y descorazonador es que todavía no se sabe dónde, quién, cómo ni cuándo se va a juzgar a esas 157 personas (3 en de ellas en prisión sin juzgar) en un habitáculo que tendrá que ser compartido junto a sus respectivos abogados, los jueces y fedatario judicial correspondiente, los oportunos fiscales, los policías que custodien el acto y a los presos, los testigos y peritos que habrán de declarar, periodistas y funcionarios de sala... Es decir, unas 500 personas en un habitáculo. Un polideportivo cubierto, más o menos, y aún no se ha visto un ladrillo ni nadie que diga dónde ponerlo.

¡Bienvenidos a la moderna y funcional Justicia Española del Siglo XXI! No olvidemos que algunos de los tres presos preventivos que aún quedan en prisión carecen de antecedentes penales o causas pendientes, es decir, jamás antes habían tenido problemas con la justicia. Cuentan con domicilio conocido y estable, son españoles de pleno derecho, en lenguaje del cine podríamos decir que son tres personas con ocho apellidos andaluces y padres de familia con menores a su cargo. Familias de las que llevan separados más de dos años sin que aún se sepa si son culpables o inocentes, ya que no han sido juzgados. Pero, no olvidemos, ni se sabe cuándo se les va a juzgar, cómo, dónde ni quién. ¿Es que esta sociedad y esta justicia no valora cómo puede afectar a un presunto inocente, por ejemplo, el fallecimiento de su padre estando en prisión provisional por más de dos años y sin que ni él ni su familia esperen a corto o siquiera a medio plazo que la justicia cumpla con su obligación de celebrar su juicio?

No olvidemos que algunos de los tres encausados que continúan en prisión han desarrollado en estos más de dos años que llevan encarcelados sin ser juzgados, ni posibilidad de serlo, enfermedades neurológicas y traumatológicas, por si fuera poco.

A estos más de dos años que llevan preventivos, estas tres víctimas de la injusticia que provoca la justicia a destiempo y tardía, se le suma un manifiesto agravio comparativo existente cuando otros encausados de la Operación Dismantle, catalogados algunos como jefes de algunos de los que continúan presos por más de dos años, o al menos señalados en el procedimiento con jerarquía incluso superior –que se encontraban huidos de la acción de justicia- aparecen de manera sorpresiva en un juzgado de fuera de la comarca y son puestos en libertad provisional de manera inminente, sin fianza siquiera, sin pasar un día en prisión y sin haber sufrido detención policial alguna... Imposible de explicar y de entender por las tres personas que llevan más de años entre rejas. ¿Es esto Justicia o es prisión por el morbo mediático que dan los denominados Castañas?.

Con todo esto parece que narremos las idas y venidas de una historia jurídica de un país tercermundista. Pero no, señores, esto está ocurriendo en Europa, en España, en Andalucía y, más concretamente, en el Campo de Gibraltar, donde tantos han querido ponerse medallas por la justicia, pero nadie clama por la injusticia que padecen estos tres olvidados por el sistema.

Los que justifican la ley de los grandes números. Los que pagan el pato del sistema, en

definitiva. Nunca olvidemos que vale más un inocente en la calle que un millón de culpables en la cárcel y eso puede ocurrir en la Operación Dismantle, como ya dijo el juez decano y tantos otros. Por tanto, cabe concluir que la prisión sea cuando tenga que ser, pero no por Castañas.

Llamativo es que estos tres encausados que quedan privados de libertad no son los que más petición de pena tienen por parte del Ministerio Fiscal. Tienen la misma petición que muchos de los encausados y menos que algunos de ellos que están en libertad, con el mismo riesgo de fuga que los otros 154 que disfrutan de su libertad en su casa y deambulan diaria y libremente por las calles.

Otro extremo llamativo, y seguimos sumando, es que la Sección de Algeciras de la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz tiene tal carga de trabajo que ya está señalando juicios para finales del año 2023. El juicio de la Operación Dismantle puede durar, perfectamente, unos seis meses. Imaginemos el colapso que se puede originar en una Sección de la Audiencia como la de Algeciras, con lo que ya tiene encima y seis meses parada con este monstruo ingobernable que es la Operación Dismantle. Eso va a ser un atasco monumental, de época, y en la jurisdicción penal. Ahí es nada. A todo esto, tres personas siguen presas no porque van a ser juzgadas, sino porque aún y por mucho tiempo no van a poder ser juzgadas, recordemos.

No queremos terminar sin hacer mención a que en el resto de macrocausas que se juzgan en la comarca, todos sus integrantes llegan al juicio en situación de libertad provisional tras haber pasado un tiempo razonable en prisión (nunca más de dos años y rara vez más de uno) y con el concurrente abono de una fianza. Luego, si son absueltos, a su casa. Y, si son condenados, a prisión.

Sin embargo, en este caso, en la Operación Dismantle, el mantenimiento de la prisión provisional de estos tres olvidados por la justicia que quedan presos por más de dos años sin haber sido juzgados, parece que sea el remedio porque no quede a los juzgadores más opción que mantener dicha situación para que tanto la administración central como la autonómica “se pongan las pilas” y doten a estos Juzgadores de los instrumentos que demandan para que puedan impartir justicia, para desarrollar sus obligaciones y no injusticia como parece que va a ocurrir por el hecho de que estas tres personas estén en prisión olvidadas por dichas administraciones (parece que sólo un número de una estadística de esas que tanto gustan a los políticos de turno), sin clavo al que agarrarse ni puerta a la que llamar, ante un juicio del que no se sabe cuándo podrá realizarse. Personas que claman ser juzgadas y que, legítimamente, si no se les puede juzgar, evidentemente, piden estar en sus casas con sus familias hasta que este siglo o el que viene (al ritmo que vamos uno espera cualquier cosa) sean juzgados y, en consecuencia, absueltos o condenados.

Que cada cual saque sus conclusiones, pero cierto y verdad es que no estamos en el momento de sacar, ni mucho menos, pecho por el funcionamiento de la justicia en el Campo de Gibraltar, lugar con tantas causas y con tan pocos medios.