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El TSJA reclama una solución urgente al mal estado de las sedes judiciales

Memoria del Tribunal Superior

Los datos de 2018 avalan la creación de los cuatro juzgados y la plaza de magistrado en la comarca

El Alto Tribunal respalda el partido judicial único y propone estudiarlo en otras zonas

Vista exterior del Palacio de Marzales, sede de los juzgados de lo Penal de Algeciras
Vista exterior del Palacio de Marzales, sede de los juzgados de lo Penal de Algeciras / Jorge Del Águila
Raquel Montenegro

24 de abril 2019 - 23:50

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insiste: es necesario reubicar y concentrar las sedes judiciales del Campo de Gibraltar, especialmente las de Algeciras. En su memoria correspondiente al año 2018 el Alto Tribunal insiste en una idea ya tradicional entre sus reivindicaciones, aunque sin nombrar la Ciudad de la Justicia, y recuerda que la necesidad de mejorar las infraestructuras judiciales es “acuciante” en la comarca, donde hay que “dar pronta respuesta a esta problemática”.

El TSJA considera urgente actuar en el Palacio de Marzales, sede de los juzgados de lo Penal en Algeciras, que se encuentra en “una lamentable situación”. E insta a abordar de forma urgente la reforma prevista en el edificio de la sección algecireña de la Audiencia Provincial y los contenciosos, además de los juzgados de lo Social. En el inmueble cedido por el Ayuntamiento de Algeciras se situarán los juzgados de lo Penal, el de Menores y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pasando Marzales a manos del Consistorio.

En el caso de San Roque, advierte el Alto Tribunal, también presenta deficiencias y se considera necesario el traslado al edificio que para tal fin adquirió la Junta de Andalucía en el complejo Diego Salinas, donde se sitúa el Ayuntamiento sanroqueño.

El TSJA también considera necesario unificar los tres partidos judiciales existentes, Algeciras, La Línea y San Roque, tal y como han aprobado sus jueces recientemente. En su memoria no solo considera ese cambio una “modernización de la Justicia”, sino que afirma que cabría extenderla a otros ámbitos, como el caso del partido judicial de Torrox (Málaga), que ha presentado una propuesta para unificarse con el partido limítrofe de Velez-Málaga, o en el caso de Barbate y Chiclana de la Frontera.

“Es hora de concentrar estos tres partidos judiciales, sin pérdida de la identidad de ninguno de ellos. Simplemente agruparlos, y crear el partido judicial Campo de Gibraltar, en el que actuarían conjuntamente los tres citados, con sus propias infraestructuras pero con ámbito competencial compartido dentro de cada orden jurisdiccional o especialidad”, explica el TSJA. Un cambio que es necesario frente a un sistema actual en el que los juzgados funcionan como islotes separados, algo que “impide compartir recursos e información, unificar criterios y prácticas, especialización de materias, reducir costes, duplicidades y tiempo”. En caso contrario, “el trabajo que hacen otros colectivos no tendrá igual resultado que el judicial, que actuará como auténtico cuello de botella y fallará sensiblemente, sin dar una correcta tutela judicial y en plazos razonables”.

Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Roque son los mixtos andaluces que más asuntos ingresaron en 2018 ; los de La Línea, los terceros

Esta unificación de partidos judiciales vendría a hacer frente a la sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados del Campo de Gibraltar como consecuencia del aumento de las causas por narcotráfico. Una saturación que se refleja en las estadísticas de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Roque y La Línea, que contabilizaron en 2018 1.830 y 1.303 ingresos de asuntos penales por cada juzgado.

Los órganos sanroqueños fueron los que tuvieron más carga de trabajo penal tuvieron de entre los juzgados mixtos de Andalucía y los linenses fueron los terceros del ranking. Los datos respaldan la próxima puesta en marcha de un juzgado más en cada partido judicial, prevista para el último cuatrimestre del año. Al mismo tiempo se pondrán en marcha el quinto Penal y el quinto de Instrucción en Algeciras.

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras también destacaron el pasado año por su elevada carga de trabajo: cada uno de los dos órganos ingresó 1.881 asuntos, con mucha diferencia la peor cifra de Andalucía. En el conjunto de la comunidad autónoma, la mayor proporción de ingresos correspondió a procesos relativos a extranjería (el 44%) y a función pública (el 18%).

El juzgado de lo Social también destacó de nuevo por el elevado número de asuntos ingresados, 1.414. Aunque la memoria del TSJA recoge dos órganos en este ámbito, lo cierto es que Social 2 abrió a final de año sin juez, por lo que todos los asuntos se siguieron derivando al juzgado existente que durante años ha estado en cabeza de carga de trabajo en Andalucía. Las materias con más presencia en los Juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla fueron reclamaciones de cantidades (34%), despidos (29%) y Seguridad Social (26%).

En el caso de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Algeciras también destaca por el elevado número de internos del que se tiene que hacer cargo, 1.557 de media. El pasado año se registraron 4.908 asuntos y se resolvieron 5.080. No obstante, no se superó el módulo de referencia establecido para este tipo de juzgados.

La sección de la Audiencia, la que más carga tiene

La sección algecireña de la Audiencia Provincial volvió a destacar el pasado año por el elevado número de asuntos ingresados, 427 por magistrado, mientras que la media fue de 325 y el módulo de referencia se establece en 260 asuntos por ser una sección mixta. Esta carga de trabajo es la que ha justificado la creación de una quinta plaza de magistrado, puesta en marcha este año. Pese a ese elevado número de asuntos, la tasa de congestión (que mide la resolución de los casos) es positiva en penal, de un 86%, algo que a juicio del TSJA “revela una buena laboriosidad de los magistrados en este orden jurisdiccional”. Solo se tarda una media de dos meses en resolver. En el caso de civil es peor, de un 52%, con una media de tardanza en la resolución de 11 meses.

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