Reino Unido no ve a Gibraltar preparado para un Brexit duro
Operación Yellowhammer
Un informe oficial del Gobierno británico acusa al Ejecutivo de Fabián Picardo de no “invertir en infraestructuras de contingencia” ni aprobar “toda la legislación necesaria”
El yellowhammer (en España llamado escribano cerillo) es un pequeño pájaro del que se dice que su canto suena en inglés como si dijera a little bit of bread and no cheese (un poco de pan y nada de queso). Eso le ha dado fama de previsor a la hora de almacenar alimentos y quizás por eso el Gobierno británico llamó así a su plan de contingencia para afrontar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Según ese documento, el Gobierno de Gibraltar no ha cumplido como un buen yellowhammer. En el punto 12 del breve informe (son solo cinco páginas) puede leerse una velada crítica: "A pesar de la extensión del tiempo de salida de la UE, Gibraltar aún no ha tomado la decisión de invertir en infraestructuras de contingencia (ajustes portuarios, equipos de gestión de residuos) y todavía existe la preocupación de que Gibraltar no haya aprobado toda la legislación necesaria para el 'no acuerdo', abriendo potenciales lagunas/riesgos legales, principalmente para el Gobierno de Gibraltar. Gibraltar continúa planificando demoras fronterizas menos significativas que nuestro escenario de Yellowhammer. Puede verse afectado por la interrupción de la cadena de suministro".
El Gobierno de Boris Johnson tuvo que sacar a la luz la Operación Yellowhammer obligado por el Parlamento, aunque el contenido se conocía en parte desde el principio del verano, cuando se filtró a Sunday Times. Entonces, el Ejecutivo de Fabián Picardo afirmó que estas previsiones estaban "desfasadas y se basaban en la planificación de los peores escenarios que el Gobierno de Gibraltar ya ha abordado". "Ya hemos encargado todos los trabajos necesarios en el puerto de Gibraltar para tener aún más capacidad de contingencia en el tráfico marítimo. No prevemos que esto sea necesario, pero como gobierno responsable, queríamos asegurarnos de que estuviera disponible. Estos trabajos se completarán a tiempo para la nueva fecha potencial de un Brexit sin acuerdo", explicó el Gobierno yanito. "También hemos abordado de forma responsable cuestiones relacionadas con el flujo de personas, vehículos y mercancías a través de la frontera, con especial atención a los alimentos, los medicamentos y los residuos", continuó.
Esa respuesta la remitió Convent Place el 18 de agosto. El documento publicado ahora en Londres tiene fecha del día 2 de ese mes. Gibraltar ha informado en innumerables ocasiones de sus reuniones con funcionarios y responsables políticos del Gobierno británico desde que los británicos votaron a favor de abandonar el bloque comunitario. El 4 de septiembre, el viceministro principal, Joseph García, presidió una reunión del Grupo Estratégico del Brexit y dio luz verde a un ejercicio teórico de simulación en directo sobre la salida. La percepción del Gobierno británico no dice mucho por tanto de su propia capacidad de preparación de la salida.
En el punto 12 se lee también: "Gibraltar, debido a la imposición de controles fronterizos en su frontera con España (y el efecto indirecto de los retrasos del Reino Unido a la UE), verá una interrupción en el suministro de bienes (incluidos alimentos), medicamentos, envío transfronterizo de residuos y retrasos de más de 4 horas durante al menos unos meses en el movimiento de trabajadores fronterizos, residentes y turistas a través de la frontera. Es probable que las demoras prolongadas en la frontera a largo plazo afecten negativamente la economía de Gibraltar. Al igual que el Reino Unido continental, los servicios transfronterizos y el flujo de datos también se verán afectados".
Estas apreciaciones revelan además la escasa confianza que el Gobierno de Boris Johnson mantiene en la aplicación de los cuatro memorandos que los ejecutivos de España y Reino Unido firmaron el pasado mes de noviembre con intención de regular aspectos de la relación futura con Gibraltar, en asuntos como derechos de los ciudadanos, pesca y medio ambiente, cooperación policial y aduanera y tabaco. En enero, el entonces subsecretario de Estado británico para el Brexit, Robin Walker, y Marco Aguiriano, secretario de Estado de España para la UE, defendieron que esos planes "tienen vida propia" y pueden mantenerse aun sin acuerdo para el Brexit, aunque emanan directamente del pacto que alcanzaron la entonces primera ministra británica, Theresa May, y los negociadores de la UE con Michel Barnier a la cabeza. Esta misma idea la repitió hace unos días el ministro de Exteriores español, Josep Borrell. Los memorandos valen, pase lo que pase. Sin embargo se ve que en Reino Unido no opinan igual, puesto que dibujan un escenario caótico en el Peñón -y, por extensión, en el Campo de Gibraltar- en el caso de que el Brexit ofrezca su cara más dura.
Tan poca consideración parece tener el Gobierno británico a estos memorandos que en un punto de la Operación Yellowhammer los ignora: "No se han concluido acuerdos bilaterales con Estados miembros individuales, con la excepción del acuerdo recíproco sobre coordinación de la seguridad social con Irlanda. Los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido pueden conservar en general todos los derechos y estatus a los que tenían derecho antes de salir de la UE".
En general, el documento describe problemas con el suministro de comida y medicamentos, retrasos en el Canal de la Mancha, subida del precio de la luz, control de fronteras más estrictos y tensiones en la calle. Reino Unido reconoce que un brexit sin acuerdo es "el peor escenario posible". Y los intercambios comerciales se verían muy trastocados. Prevé que decrecería la disponibilidad de algunos productos frescos, así como el de algunos elementos "críticos" para la industria, como ingredientes básicos, químicos y envases. Avisa de que su acceso o no a la sanidad en cada Estado miembro dependerá de la legislación de dicho país. Aconseja, eso sí, a los Estados miembros que atiendan "necesidades urgentes" y pide que "se sigan pagando las pensiones a los ciudadanos británicos que vivan en un Estado miembro" de la misma forma que se hacía cuando Reino Unido formaba parte del grupo comunitario.
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