La administración concursal calcula la deuda de Iniciativas en 20 millones

Iniciativas Los Barrios pasa a ser la segunda de las cuatro empresas municipales de la Villa para las que se solicita la declaración de quiebra culpable. El administrador concursal de esta sociedad pública considera, al igual que sucediera con GAMA, que la deriva económica de la mercantil barreña tiene responsables y que con sus actos agravaron los números rojos. Son las principales conclusiones del escrito de calificación presentado recientemente al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz por el administrador designado por la justicia, al que ha tenido acceso Europa Sur.

El escrito de calificación de Iniciativas arroja multitud de semejanzas con el de GAMA, tanto en los entresijos de la gestión y generación de su deuda como en la propuesta de culpabilidad. El administrador concursal, tras desglosar los hitos acaecidos en el seno del consejo de administración desde el año 2000, señala a la titular del juzgado a quién considera administradores de derecho, de hecho y cómplices.

A su vez, calcula que Iniciativas Los Barrios arroja un saldo deudor de 20.455.920,19 euros con sus acreedores y pide al juzgado que se condene al Ayuntamiento de Los Barrios a devolver esta cantidad como indemnización por su condición de administrador de hecho y cómplice (de forma subsidiaria) ya que, según el administrador, la entidad local ejercía una posición de dominio total sobre la concursada con dolo y culpa grave.

La mercantil, antaño baluarte de la gestión del PSOE de Los Barrios gestora de obras públicas a través de encomiendas municipales, se suma ahora a GAMA a la hora de afrontar el proceso judicial para su liquidación. Aún están pendientes de ser emitidos los informes de calificación de otras dos compañías del entramado societario municipal: Radiotelevisión Los Barrios y Recaudación Municipal. Con este nuevo escrito de calificación y el relato sobre las posibles causas de la insolvencia, el Ministerio Fiscal debe pronunciarse sobre la propuesta de declaración del concurso y las penas para sus supuestos responsables como parte del procedimiento, al igual que ya ha sucedido con GAMA, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer.

El administrador concursal señala a nueve miembros del consejo de administración de Iniciativas -entre ellos los tres exalcaldes socialistas durante su periodo de actividad- como administradores de derecho, para los que solicita penas de inhabilitación para gestionar bienes ajenos de 5 a 15 años. A grandes rasgos, la única diferencia en cuanto a conclusiones con el informe de calificación de GAMA radica en el volumen del agujero económico (20,4 frente a 65 millones).

De hecho, tantas son las similitudes en Iniciativas en cuanto a la praxis empresarial con respecto a GAMA que cuatro de los cinco supuestos ilícitos encontrados por el administrador para sustentar la solicitud de culpabilidad coinciden. De nuevo, la administración judicial estima que los gestores de la empresa pública incurrieron en la generación o agravamiento de un estado de insolvencia; incumplimientos contables e irregularidades; alzamiento de bienes en perjuicio del resto de acreedores e incumplimiento del deber de solicitud del concurso. El quinto reproche penal estimado por el gestor se basa en la supuesta realización de actos jurídicos dirigidos a simular una situación patrimonial ficticia.

Con estos mimbres, y tras un estudio de la documentación aportada por la entidad local, el administrador considera afectados por la calificación como administradores de derecho a todas las personas cuyas acciones hubieran contribuido a la culpabilidad con cargo vigente a partir del 4 de junio de 2010 hasta la declaración del concurso (los 24 meses anteriores, límite fijado por la Ley Concursal), si bien sostiene que merecen esta consideración todos los consejeros desde 2000 por su negligencia (culpa in vigilando). Se trata de los tres exalcaldes socialistas Alonso Rojas, Ángeles Ariza y Juan Montedeoca, como presidentes de la sociedad. Las otras seis personas señaladas son los consejeros Antonio Rodríguez (edil de Urbanismo durante buena parte de la trayectoria de la empresa), José Álvarez, Eduardo Cabezas, Francisco José Fuentes, Javier Grimaldi (concejal de Polígonos en la etapa socialista) y Modesto Béjar.

En junio de 2010, Alonso Rojas ya no era alcalde de Los Barrios aunque seguía constando ante el registro mercantil mientras que su sucesora, Ángeles Ariza, acaba de anunciar su dimisión si bien en la fecha fijada como tope para reclamar responsabilidades todavía no la había formalizado.

La mayor pena de inhabilitación solicitada por el administrador concursal recae en Alonso Rojas, con 15 años de veto para la administración de bienes ajenos por los cinco supuestos incumplimientos legales ya descritos. El administrador también estima responsable de estos cinco cargos a los consejeros Antonio Rodríguez, José Álvarez, Eduardo Cabezas y Francisco Fuentes, para los que solicita diez años. Los exalcaldes Ángeles Ariza y Juan Montedeoca son, según el gestor judicial, supuestos responsables de no haber cumplido con el deber de solicitar el concurso y exige para ellos 10 años de inhabilitación. Por último, plantea una pena de cinco años para los consejeros Javier Grimaldi y Modesto Béjar, igualmente por eludir la responsabilidad de pedir el concurso de acreedores.

En cuanto al Ayuntamiento de Los Barrios, las conclusiones del administrador se basan en que Iniciativas operó como una mera extensión del Consistorio al gestionar prestaciones de servicios y asesoramiento -encomiendas de gestión- que el Ayuntamiento "ordenaba" periódicamente. Así, el gestor estima que Iniciativas careció desde su constitución de independencia y nunca cuestionó la viabilidad de las operaciones que se le encargaban. "Nunca cuestionó o rechazó una encomienda, ni se ha encontrado indicio alguno que cuestione la rentabilidad de un proyecto o la solvencia de quien tenía que pagarlo, el único y cliente y accionista, el Ayuntamiento", recoge el informe.

A la vista de esta conclusión, el administrador se reafirma en que los cargos formales estaban anulados por los informales (el propio Consistorio, que mantenía consejos a su medida, añade) y que el incumplimiento de las encomiendas municipales nunca se hubiese dado en situaciones mercantiles independientes y normales. Por último, apunta a que dada la administración directa que, según el administrador, ejercía el Ayuntamiento sobre Iniciativas, se generó en todo momento una confusión de funciones y "la percepción permanente de los acreedores y contratistas de una vinculación y servicio al propio Ayuntamiento".