Los alcaldes reclaman un régimen fiscal especial para empresas y funcionarios

Un régimen fiscal especial para empresas y funcionarios, un plan de empleo y programas de formación y la ejecución de infraestructuras pendientes, desde la Algeciras-Bobadilla a la conexión como área metropolitana. Los alcaldes del Campo de Gibraltar plantearán hoy al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, un catálogo de propuestas para combatir los efectos de la salida de Reino Unido, y por tanto de Gibraltar, de la Unión Europea, aprovechando la coyuntura para reducir la dependencia de la comarca. Lo harán durante la esperada reunión que se celebrará mañana en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en la que esperan una respuesta del Gobierno en funciones ante el interrogante que se abre en el futuro de los alrededor de 9.000 residentes en España que se calcula que trabajan en el Peñón. O sobre los efectos que tendrá el Brexit en la economía campogibraltareña; según un informe de la Cámara de Comercio de la Roca, Gibraltar aporta un 25% del Producto Interior Bruto de la comarca.

Así se recoge en la actualización del denominado Informe Fletcher, un estudio que también señala que Gibraltar supuso en 2013 un 11% de los empleos fijos de la comarca y que las empresas del Peñón importaron ese año 447,52 millones de euros en bienes y servicios desde España. Todo ello lo recuerda la Mancomunidad de Municipios en el documento que quiere entregar hoy al ministro Margallo para poner de relieve la importancia de acordar cuanto antes medidas para paliar los efectos del Brexit, que aún sin producirse ya ha tenido consecuencias negativas para la comarca por la fuerte caída de la libra (un 15% desde el referéndum), que ha supuesto la pérdida de millones de euros en salarios a los trabajadores residentes en España.

Regidores de distinto signo político, de cinco partidos diferentes, han logrado el consenso en la Mancomunidad bajo una idea: hay que lograr que la comarca sea menos dependiente de Gibraltar. Y sobre esa base, se articulan las medidas reivindicadas, entre las que destaca la reclamación de un régimen fiscal especial para la zona, que le permita impulsar el desarrollo empresarial, una tributación especial (que ya reivindicó el PSOE hace unos meses) en sintonía con la de la colonia, pero también con lo que ocurre con Ceuta, Melilla o las Islas Canarias.

En el caso de la comarca, se reclama un régimen especial de incentivos fiscales para las empresas con sede en ella, con el objetivo de atraer a compañías a la zona, especialmente de sectores que son considerados estratégicos como la industria o la logística. Esa fiscalidad especial también sería necesaria para los funcionarios del Estado, para combatir la huida de policías, sanitarios o funcionarios de Justicia por las dificultades encontradas en la comarca respecto a otras áreas y que no son recompensadas. Y hay una tercera propuesta en esta materia: la posibilidad de crear un recinto fiscal junto a Gibraltar.

Una de las principales preocupaciones, el paro, también se refleja en el documento consensuado por los regidores. De forma inmediata se reclama la ejecución de un plan de empleo para una comarca que cerró el mes de agosto con casi 32.000 parados. También se apuesta por un programa de formación que permita incorporar a otros ámbitos de actividad a los parados del sector servicios y por incentivar a las empresas que contraten a las personas desempleadas por el Brexit. Se vuelve a poner sobre la mesa la ejecución de un plan de reindustrialización.

En cuanto a las infraestructuras, en el documento se recupera la necesidad de ejecutar la modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la N-340, el sistema de transporte metropolitano (metro ligero), la finalización del sistema de depuración integral para la Bahía, el parque fluvial del río Palmones, el encauzamiento y ordenación del río Guadarranque y la presa de Gibralmedina.

El ministro de Exteriores en funciones dará hoy una primera respuesta a esas propuestas, encaminadas a cambiar una situación en la que hay una diferencia abismal en la situación económica a uno y otro lado de la Verja, recuerdan los alcaldes, con una renta per cápita de 61.000 euros en el lado británico y de 16.000 euros en el español. Algo que, más allá del Brexit, coinciden los regidores, hay que cambiar.