Gibraltar, tres años en el limbo del Brexit

Contó el pintor Arsène Heitz que se inspiró en una imagen de la Inmaculada Concepción ubicada en la catedral de Estrasburgo para crear la bandera de Europa. La Virgen viste en el templo francés un manto azul y está coronada por doce estrellas que acabaron por darle forma y color. Es curioso que la Patrona de La Línea aparezca de algún modo en la enseña que -este miércoles 1 de febrero hace tres años- dejó de ondear en Gibraltar. Eran las doce de la noche cuando fue arriada y el ministro principal, Fabián Picardo, la recogió para guardarla. Con ese gesto comenzó una etapa que, a ambos lados de la Verja, todavía genera incertidumbre, porque sus consecuencias son en realidad desconocidas.

El Peñón cumple el tercer aniversario de su salida de la Unión Europea (UE), sí, pero con aquello no terminó el Brexit, que aún hoy sigue sin cerrarse. Es decir, es tanto una amenaza como la promesa de un futuro mejor de la mano de la llamada "prosperidad compartida". Todo depende del éxito de la larga negociación de un tratado internacional que regule las relaciones de Gibraltar con la UE, especialmente la comarca que le abre el paso a Europa desde entonces.

El divorcio al que los gibraltareños se vieron abocados en contra de su voluntad expresada en las urnas el 23 de junio de 2016 -en Gibraltar, el no al Brexit se impuso por un 95,91% (19.322 votos) frente a un exiguo 4,09% (823 votos) favorable a la salida- generó, para empezar, un periodo transitorio de 11 meses que culminó el 31 de diciembre de 2020. Durante ese periodo el Derecho de la Unión siguió aplicándose en y al Reino Unido, con determinadas excepciones, para dar tiempo para prepararse a los ciudadanos, a los actores económicos y a las administraciones, "así como proporcionar un marco de estabilidad para la negociación de un acuerdo sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. El caso es que en ese tiempo el Brexit no tuvo consecuencias en Gibraltar y la comarca, al menos que pudieran sentirse por los ciudadanos. Pero luego tampoco, puesto que el Gobierno de España estableció medidas transitorias para que no se alterara nada entre tanto se alcanzaba un acuerdo sobre la relación futura de Gibraltar con la UE, que está todavía en negociación.

Sin acuerdo

Porque cuando Reino Unido se convirtió aquel día en un 'país tercero' lo hizo sin llegar a un consenso sobre cómo sería la relación a partir de ese momento entre el Peñón y la comarca española y europea vecina: el Campo de Gibraltar. Londres sí alcanzó un acuerdo para evitar una frontera dura en el otro enlace terrestre de los británicos con la UE, el que separa Irlanda del Norte (Reino Unido) de la independiente República de Irlanda, que finalmente también ha puesto en duda. Pero esa es otra historia.

El 1 de febrero de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada que incluye tres protocolos con disposiciones específicas relativas a Gibraltar, a Irlanda/Irlanda del Norte y a las zonas de soberanía en Chipre. Tras meses de negociaciones entre la UE y el Reino Unido, el 24 de diciembre de 2020 las partes alcanzaron un compromiso sobre un Acuerdo de Comercio y Cooperación, un Acuerdo sobre Seguridad de la Información y un Acuerdo relativo a Cooperación sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre la Unión Europea y Reino Unido, que entraron en vigor de manera provisional el 1 de enero de 2021.

El 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido suscribieron el llamado Acuerdo de Nochevieja, un pacto de buena voluntad para derribar la Verja sobre el que Bruselas y Londres debían construir el tratado que no llega. Sus efectos son hoy en día más importantes que cualquier otro, puesto que permiten que los controles que España debe realizar y realiza sobre los ciudadanos de terceros países, entre ellos los británicos, no afecten a los gibraltareños.

Del Acuerdo de Retirada emanaron además los memorandos sobre derechos de los ciudadanos, mediante el cual los trabajadores transfronterizos gozan de los mismos derechos que los locales; tabaco, que establece controles sobre el mercado gibraltareño para la lucha contra el contrabando; medio ambiente, para asegurar los máximos estándares de protección en toda la zona, y de cooperación policial y aduanera, que permite reforzar los sistemas de coordinación entre autoridades policiales.

El caso es que Gibraltar necesita la mano de obra de la comarca (sobre todo de La Línea) para sostener su economía y España necesita a Gibraltar para que unos 10.000 españoles -y unos 5.000 extranjeros más- no se vayan al paro de una tacada. Así que Madrid estableció una serie de excepciones que suavizaron el impacto hasta el punto de difuminarlo. "Medidas de adaptación imprescindibles para facilitar la transición y contrarrestar los efectos indeseados", las llamó el Gobierno español, basadas en el principio de reciprocidad en materias como el comercio, los derechos de los ciudadanos -como seguros sanitarios o pensiones- y el reconocimiento de documentos y titulaciones.

"La situación de interinidad en que hemos estado viviendo ha diluido esa sensación del abandono, en cuanto que se han prorrogado muchísimas de las medidas que implicaban ese vínculo de unión. Vivimos en la ilusión de que siguen en la UE. El gran baño de realidad vendrá si algún día no se firmara el acuerdo que diseñe el nuevo estatuto. Ahí se va a notar realmente la profunda dimensión de esta decisión de la salida. Esta interinidad ha, de alguna manera, difuminado los límites de las consecuencias del Brexit", explica Jesús Verdú Baeza, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, así como experto en protección internacional y europea del Medio Ambiente y director general de Relaciones con el Campo de Gibraltar.

La pregunta de qué ha cambiado en estos tres años tiene para el profesor "muchas respuestas y no tiene ninguna, porque ha cambiado todo y no ha cambiado nada". "Salieron de la Unión Europea, pero siguen siendo europeos y aliados fundamentales, indispensables, tanto Reino Unido en términos geoestratégicos como Gibraltar respecto de su entorno. Irse de la Unión Europea no es irse de Europa en el contexto de los aliados", subraya.

Incertidumbre

La incertidumbre fue y es la palabra que más repiten los trabajadores españoles en Gibraltar, antes de que fuera arriada la bandera de Europa y después. "No sabemos qué va a pasar cuando ocurra lo que sea, si se firma un acuerdo no", explica Juan José Uceda, portavoz de la asociación que los agrupa en defensa de sus derechos (Ascteg). "Desconocemos en qué va a consistir en realidad la Zona Schengen Gibraltar-La Línea de Prosperidad Compartida", resume.

Más que el Brexit, parece que a los trabajadores españoles ha perjudicado por ahora la pandemia (el primer caso de coronavirus se detectó en España también hace justo tres años). "Un problema importante ha sido la inoperatividad administrativa de Gibraltar hasta hoy día, porque los trabajadores de estas oficinas exigían a su Gobierno seguir haciendo tele-trabajo y no había ningún sitio en el que pudiéramos obtener estos documentos ni siquiera por internet", manifiesta Uceda, que afirma que la situación ha mejorado pero durante mucho tiempo tuvieron muchos problemas para "conseguir los documentos oficiales que nos habilitan para la prestación por desempleo, para el cobro de la pensión en Gibraltar, para la Hacienda Pública, para otros muchos asuntos de residencia, bodas y el más importante, el de la Tarjeta Sanitaria Europea". "El documento S1 Gibraltar dejó de proporcionarlo y eso dejó a mucha gente sin atención médica en España, aunque gracias al esfuerzo de las áreas sanitarias de la Línea y Algeciras, que han colaborado siempre con nosotros, se solucionaron los problemas", relata. Algo parecido ocurrió con las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre todo la de La Línea, y el Servicio Público de Empleo Estatal, cuyos trabajadores consiguieron "que nadie se quedara sin su prestación por desempleo o cualquier otro problema".

"Esto sigue así hasta la fecha y hay aún personas que no pueden cobrar su jubilación o sus prestaciones que les correspondan por discapacidades, minusvalías, etcétera, continúa Uceda, que denuncia que los pensionistas extrabajadores en Gibraltar que cobran "a través de la oficina en Londres" están recibiendo escritos avisándoles de que "van a perder sus pensiones por falta de documentación". "La realidad es que la agilidad que existía en el envío de cartas se ha perdido".

Ascteg subraya que los trabajadores transfronterizos nuevos sí notan un mayor control en el paso por la Aduana que les puede demorar el paso hasta una hora. "Hemos perdido también parte del comercio de muchas mercancías perecederas que se han quedado fuera de la lista de productos que pueden entrar o salir libremente de Gibraltar, que en todo caso deben de pasar por un control sanitario que no puede hacerse en La Línea. "Hace años que se viene solicitando esa oficina de control aduanero de mercancías (PIF) que hubiese representado menos gasto que el ocasionado por el hecho de que todos los transportistas se tengan que dirigir al Puerto de Algeciras para llevar los productor por mar". "La Línea ha perdido mano de obra y personal en Aduanas", manifiesta antes de criticar que la oficina del Brexit (que se puso primero en Algeciras y luego en La Línea) "no ha servido para nada".

"Si no se alcanza un acuerdo, la dureza del Brexit dependería de quién gobernara en España", declara. "Gibraltar tiene un plan alternativo para hacer una comunicación por barco con con Marruecos para su abastecimiento e incluso de mano de obra. Ellos están acostumbrados a salir airosos de una situación incluso más grave, como la vivida en 1969 tras el cierre". Lo que vendría sería "peor que aquello", augura. "Sería fatal, primero para las familias de ambos lados, para las amistades y colectivos. Económicamente también para los más de diez mil españoles y más de cinco mil extranjeros que residen en España y para quienes nunca ha habido no hay ni habrá trabajo que sustituya al de Gibraltar", concluye.