![Un guardia civil, en una narcolancha incautada en mayo de 2021.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
El CGPJ propone reforzar las plantillas para desatascar las causas del narco en los juzgados de La Línea y la Audiencia de Algeciras
tribunales
El órgano de gobierno de los jueces aborda la situación de los juzgados gaditanos y onubenses con causas de tráfico de drogas
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Algeciras/El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto varias medidas, como el refuerzo de las plantillas y las infraestructuras, dirigidas a mejorar la situación de los órganos judiciales de las provincias de Cádiz y Huelva afectados por las causas de narcotráfico, entre los que destaca los juzgados de La Línea y la sección de la Audiencia Provincial de Algeciras.
La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha abordado este jueves el informe del Servicio de Inspección sobre la situación "deficitaria" de los juzgados de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; y de Ayamonte y Moguer, en Huelva, así como las secciones penales de la Audiencia gaditana, incluida la de Algeciras.
El Servicio de Inspección considera conveniente adoptar de forma urgente "medidas extraordinarias de reorganización de los medios personales y materiales" de las provincias de Cádiz y Huelva con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico.
También recomienda otro tipo de medidas que requieren reformas legislativas, de planta y demarcación y de dotación de agentes externos colaboradores que resultan imprescindibles para el éxito de la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos.
La comisión ha dado su visto bueno a las medidas que se proponen en el informe para paliar la situación de dichos órganos judiciales como consecuencia de la instrucción de causas complejas de narcotráfico y de la "considerable carga" de trabajo que soportan.
Todo ello, ha informado el CGPJ en un comunicado, se debe a la instrucción de los procedimientos seguidos por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especialmente los referidos a organizaciones criminales, que causan "importantes disfunciones y retrasos", de forma más acusada en los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen competencias civiles, penales y, a menudo, de violencia sobre la mujer y registro civil.
Lo mismo ocurre en la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz cuando estos procedimientos llegan a la fase de enjuiciamiento, lo que general un volumen de trabajo que resulta "inasumible" con las actuales plantillas y estructuras judiciales.
