La comarca, a la espera de un solución para Gibraltar dos años después del Acuerdo de Nochevieja

Aquella Nochevieja los Reyes Magos llegaron al Campo de Gibraltar seis días antes. Y trajeron esperanza. En plena lucha contra la pandemia del coronavirus, horas antes de que se consumara el temido Brexit, dejaron por sorpresa un acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar que iba a conducir al derribo de la Verja que le separa de La Línea. Fue un pacto cuyo valor, cuando se celebra el segundo aniversario, está por constatar. Porque, de momento, no ha servido para lo que nació: convertirse en el cimiento sobre el que Londres y Bruselas construyeran un tratado sobre el Peñón que hiciera del punto más al sur del Europa un área de prosperidad compartida. Este año, dos después de aquello, Melchor, Gaspar y Baltasar solo traen más incertidumbre.

Era la hora del almuerzo del 31 de diciembre de 2020, cuando la entonces ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, anunció un "principio de acuerdo" histórico de última hora con Reino Unido sobre Gibraltar. Era un pacto no vinculante pero esencial, puesto que cualquier tratado de Bruselas y Londres sobre el Peñón necesitaba del visto bueno previo de España, como quedó reflejado en la Declaración del Consejo Europeo (art. 50) y de la Comisión Europea sobre el ámbito territorial de los futuros acuerdos, refrendado el 24 y el 25 de noviembre de 2018. Además, la Roca había quedado fuera del consenso alcanzado sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE el 24 de diciembre de ese año. De modo que, a partir de ahí, parecía que todo iría sobre ruedas. Parecía.

El documento, recogía de forma expresa la supresión de la Verja para permitir el libre tránsito de personas y mercancías entre el Peñón y el territorio español, pero establecía para ello que la colonia se sumara al sistema aduanero de la UE, activara "en lo sustancial" los mismos tipos de IVA y aranceles existentes en España para evitar "distorsiones en el mercado interior, especialmente en la economía" del Campo de Gibraltar, y aplicara las mismas restricciones por razones de seguridad. El Peñón, además, debería dar cuenta de manera fiable de sus importaciones, con una alusión específica al tabaco, cuya venta representaba una importante parte de sus ingresos.

En este contexto, lo más llamativo era la integración del territorio de Gibraltar en el Área Schengen -de ahí, lo de demoler o derribar la Verja- y el establecimiento de puntos de entrada en el puerto y aeropuerto con presencia policial española en ambos como estado responsable. Esto conlleva una acción conjunta de Frontex -la agencia europea de seguridad de fronteras- en los siguientes cuatro años, además de disposiciones sobre visados y permisos de residencia.

"Eliminar las barreras físicas entre España y Gibraltar requerirá reforzar la armonización. Dado el pequeño volumen del tráfico de mercancías de Gibraltar a la UE, los trámites no deberían implicar una excesiva carga administrativa", indicaba el acuerdo alcanzado.

Ambos países se comprometían a que nada de lo dispuesto en ese entendimiento ni en el futuro acuerdo implique una modificación de sus posiciones en relación con la soberanía o jurisdicción de Gibraltar.

En materia impositiva, el acuerdo subrayaba también la necesidad de que Gibraltar desarrolle impuestos especiales para "productos sensibles" -no solo sobre el tabaco, sino también sobre los combustibles y las bebidas alcohólicas- que hacen que el diferencial de precios respecto a España sea enorme en la actualidad, ejerciendo una competencia desleal respecto a las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos a este lado de la Verja.

Sobre el tabaco y para evitar el contrabando, el acuerdo recoge que se asegurará su trazabilidad, a fin de conocer su origen y destino, mediante "acuerdos administrativos entre España y las autoridades de Gibraltar", que desarrollarán su cooperación mutua en esta área.

En el documento, se alude a la creación de un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, destinado a la formación y al empleo, que minore el escalón social y económico existente entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Su financiación sería con cargo a los fondos de la UE.

En cuanto a los trabajadores transfronterizos (alrededor de 15.000, de los que 10.000 son españoles) se les garantizaría igualdad de trato respecto a los gibraltareños en lo referente al empleo, retribuciones y condiciones de trabajo. Su permiso de trabajo les daría acceso preferente al mercado laboral sin limitaciones por ocupación. La solicitud de permiso podrá presentarla tanto el empleador como el trabajador y la mera presentación de la solicitud podría incluir el derecho a desplazarse para buscar empleo. Para asegurar su situación, se les entregaría un documento físico para acreditarles como trabajadores transfronterizos.

Cambios

Sobre la base de que aquel Acuerdo de Nochevieja, la Comisión Europea y Reino Unido comenzaron a negociar el futuro tratado de Gibraltar en octubre de 2021. Desde entonces han celebrado diez rondas de reuniones en las que han llegado a acuerdos en la mayoría de los puntos, pero no en los más controvertidos y esenciales.

Las conversaciones se encuentran desde hace meses encalladas sin que ninguna de las partes dé señales de querer renunciar a sus posiciones de partida. A mediados de diciembre, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares se reunió con su homólogo británico, James Cleverly, en Madrid. Ambos hablaron de "avances claros" para la zona de prosperidad compartida y de intensificar las reuniones para que se pueda cerrar un acuerdo "lo antes posible".

Los escollos, según resumió Europa Sur el 24 de noviembre, son principalmente cinco. Primero, la negativa de Gibraltar a equipar las pensiones que cobran los extrabajadores españoles en el Peñón -y las que, en un futuro, cobrarán quienes hoy siguen trabajando allí- con las de los gibraltareños. Segundo, la oposición británica a la trasposición directa y más o menos estricta de la normativa europea sobre Medio Ambiente (sobre todo, vertidos y bunkering) a la legislación llanita. Tercero, el rechazo gibraltareño a equiparar el IVA y los impuestos especiales (sobre las bebidas alcohólicas, el tabaco, los hidrocarburos, el juego...) que rigen en España a las figuras impositivas de la colonia. Cuarto, la oposición de Gibraltar a la presencia policial española en el puerto y el aeropuerto, que supondría el regreso de una autoridad española a la roca después de más de trescientos años. Y quinto, la negativa de la Royal Navy y la Royal Air Force a dar a conocer a la UE qué buques y qué aviones llegan al Peñón y con qué propósito hacen escala.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, niega ahora además que Gibraltar vaya a ser una extensión del Espacio Schengen y propone la creación de una zona común de viaje, un modelo parecido al que se aplica entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, lo que implicaría el mantenimiento de la Verja que hace dos años España y Reino Unido se comprometieron a derribar.