Un comerciante chino ayuda a la cárcel de Algeciras ante el coronavirus

La pandemia de coronavirus ha sorprendido a los centros penitenciarios españoles con unas existencias mínimas de material sanitario, entre ellos la macrocárcel de Botafuegos, en Algeciras, que alberga a unos 1.300 internos y más de 420 trabajadores penitenciarios. La prisión algecireña cuenta con un pequeño stock de guantes, mascarillas y batas que no son suficientes para atender la actividad. El problema llegó a oídos de Laida, un comerciante chino afincado en la ciudad, propietario de CashAlgeciras, al que connmovió la situación y decidió donar las 600 mascarillas que tenía disponibles en la tienda a los funcionarios.

Desde su comercio en la avenida Virgen de la Palma, Laida explica que tuvo conocimiento de la falta de recursos sanitarios en la prisión algecireña y que se quedó preocupado. Tras consultarlo con su esposa, se puso en contacto con el establecimiento penitenciario a través de un conocido para regalar todas las mascarillas que tenía para venderlas. “Mi mujer y yo, hemos decidido donar 600 mascarillas quirúrgicas porque estamos para ayudarnos", explica Laida, al que se le ofreció enviar la factura de este producto para cobrarlo y se negó: “Este no es momento para ganar dinero”, respondió. “España es nuestro hogar”, continúa el comerciante, y entre los ciudadanos tenemos que colaborar para salir de este problema", manifiesta.

En las cárceles como la de Algeciras, según explica el sindicato Acaip, se han realizado "pedidos a la carrera en las últimas fechas, pero éstos no llegan o lo hacen a cuentagotas". A principios de semana una fábrica de Jaén, por orden del ministerio de Sanidad, remitió el lote de mascarillas disponibles a hospitales madrileños. En principio parte de esa remesa venía para Botafuegos, pero no ha llegado ni se espera que lo haga.

El sindicato se muestra crítico con la gestión de la crisis sanitaria en las cárceles: "La entrada del covid-19 en España ha pillado descolocada a la Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias, la cual está dirigiendo a cámara lenta el rumbo de todas las prisiones del país, perdiendo un tiempo crucial, sin claridad de ideas, sin prepararse para recibir a la enfermedad, sin adoptar medidas extraordinarias de carácter preventivo, tan solo ha hecho recomendaciones a seguir a todos los establecimientos, entre ellas a Botafuegos".

Según relatan los funcionarios, el pasado fin de semana se activó el primer bloque de medidas por parte de la dirección de Botafuegos, que sigue las órdenes del Ministerio del Interior. Se suspendieron las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, y más tarde las comunicaciones orales, las visitas, el voluntariado, la entrada de paquetes del exterior y la recogida de dinero en metálico por ventanilla, mientras que se amplió el número permitido de llamadas, de 10 a 15 por semana.

Esto, subrayan los trabajadores penitenciarios, ha generado "graves problemas". "Ha sido un fin de semana movido donde se ha palpado la tensión, con peleas, internos aislados, otros que se han autolesionado a modo de protesta por no poder comunicar. Todo ello, a pesar de la información facilitada a todos los internos, a los que se les ha explicado la situación fuera de la cárcel con objeto de buscar colaboración para mantener el buen orden y lograr una convivencia ordenada y pacífica de la población reclusa", explica Acaip en un comunicado en el que resalta que este es el "precio que sí o sí" pagan los trabajadores penitenciarios, "amén del riesgo inherente al trabajo en una cárcel, éste se amplifica exponencialmente en estas circunstancias".

Esta misma semana se aprobó la segunda batería de medidas: aplazamiento de los permisos de salida, acondicionamientos de galerías en los departamentos de Ingresos y Enfermería para pasar la cuarentena los que regresan de permiso y los ingresos procedentes del exterior, autorización de permanencia en la celda a los internos que de forma voluntaria así lo soliciten con el fin de evitar aglomeraciones, así como flexibilidad horaria o permanencia en vivienda para los funcionarios que tengan que atender a hijos menores o mayores a cargo y servicios mínimos de trabajadores para evitar aglomeraciones.