El copiloto del helicóptero en el que murió un funcionario de Aduanas pide la retirada de los cargos como investigado

San Roque/El copiloto del helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera que sufrió un accidente durante una persecución a narcotraficantes en julio de 2021 en aguas del Estrecho de Gibraltar ha solicitado al juzgado de San Roque que sigue la causa el archivo de las diligencias contra él y, en consecuencia, que se le levante la condición de investigado (anteriormente denominada como imputación) en un supuesto delito de negligencia.

En aquel accidente murió ahogado el observador de Aduanas José Luis Domínguez Iborra, quien ocupaba el asiento trasero de la aeronave, al precipitarse el helicóptero contra el mar. Tanto el copiloto (J. G. N.) como el piloto-comandante (A. O. S.), supervivientes del accidente, se encuentran actualmente bajo la condición de investigados en el complejo procedimiento de instrucción que trata de dilucidar las causas y responsabilidades del siniestro. Cuando se produjo el accidente, ambos pertenecían a la plantilla de la empresa Eliance, operadora de la flota aérea del SVA.

El copiloto pasó de testigo a investigado como consecuencia de la declaración del comandante-piloto que se produjo en noviembre de 2022. En ella, el piloto (quien por entonces ya estaba investigado en la causa) acusó a su compañero y al fallecido de lo ocurrido, provocando que la juez instructora modificara ese mismo día la condición de J. G. N. en el procedimiento -reportándole a su vez mayores garantías procesales, al tener la obligación de acudir asistido por un abogado-. El copiloto se había presentado en la causa como acusación particular por considerarse víctima de un presunto delito contra la seguridad en el trabajo.

Ahora, tras su declaración, sus representantes legales consideran que debe ser apartado del procedimiento y archivadas las diligencias contra él. "Es es claramente un trabajador que podía haber resultado perjudicado por la negligente actuación en el descenso y persecución del comandante del helicóptero y de la ausencia de cualquier procedimiento o instrucción establecida por Elliance que evitara el riesgo en estas operaciones", reza el escrito registrado esta semana ante el juzgado sanroqueño.

Para sustentar esta petición, los abogados del copiloto apuntan que el informe de la CIAIC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) estableció como causa del accidente "la maniobra brusca a baja altura, sin que existiera manual de operaciones o instrucciones para este tipo de operaciones" y que el piloto-comandante reconoció en la sede judicial que el copiloto le iba "cantando" las alturas, además del altímetro de la aeronave. Según los abogados del copiloto, el comandante faltó a la verdad al declarar que su defendido no le cantaba la velocidad de descenso, cuestión que obra en una tabla del informe de la CIAIC. "Se aprecia que iba descendiendo a gran velocidad, cuando frenaba repentinamente cada vez que alcanzaba una velocidad fuera de la aconsejada, informándole de tal extremo el copiloto (J. G. N.) siendo el comandante plenamente consciente, en todo momento, del exceso de velocidad de descenso que iba adoptando en cada momento, ya que de lo contrario, no hubiera disminuido la velocidad", destaca el escrito.

La tragedia del Argos

El suceso bajo investigación judicial ocurrió la noche del 11 de julio de 2021 a unos 50 kilómetros al este de Sotogrande, en San Roque, donde el helicóptero prestaba apoyo a la patrullera Águila IV en la persecución de una lancha rápida. En un momento de la persecución, el helicóptero perdió altura y se precipitó al mar. Dos de sus ocupantes, el piloto y el copiloto, pudieron salir de la nave y sacar de la misma al observador, que estaba inconsciente en ese momento, pero lograron reanimarlo.

El observador llegó a tierra con vida, pero entró en parada respiratoria y las maniobras de reanimación que se le practicaron no pudieron salvarlo.

Se ha personado en la causa la operadora Eliance, empleadora del piloto y del copiloto (no así del observador, que sí era funcionario de Aduanas) y el investigado en los autos, además de la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la familia del fallecido.