Los depósitos judiciales, colapsados por la burocracia
La Junta solo abona el pago al cabo de muchos años si los vehículos están incluidos en una causa penal con sentencia firme
La masificación obliga a algunos depositarios a no admitir más bienes
Algeciras/El asalto de un depósito de vehículos en Conil, donde tres encapuchados robaron una embarcación el pasado fin de semana, ha puesto de manifiesto el problema que sufren dos depositarios desde hace años con los bienes que son incautados y llevados a este tipo de instalaciones. En la actualidad, el único depósito judicial público que existe en toda Andalucía es el de Bellavista (Sevilla), pero la Consejería de Justicia e Interior realiza algunas excepciones con depósitos privados en el Campo de Gibraltar porque el volumen de incautaciones es más elevado que en otras zonas y por el alto coste del traslado de los vehículos a Sevilla.
Los depositarios tienen que reclamar el pago a la Consejería de Justicia e Interior, pero estos entienden que los requisitos para que se les abone el pago son bastante complejos. Por este motivo tienen problemas a la hora de cobrar, para que se les retiren los bienes incautados y para recoger más vehículos porque en algunos casos ya no tienen más espacio.
La Junta solo se hace cargo de las facturas si los depositarios adjuntan una copia del auto donde se acredite que la sentencia es firme o con detalle de la causa de sobreseimiento, siempre que los bienes hayan formado parte de un procedimiento penal y cuando no exista condena en costas. De esta manera la administración andaluza solo se hace cargo del pago en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas.
Desde la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz afirman que en todos los casos en los que se han cumplido estos requisitos, acreditados por los depositarios, se han abonado las facturas, por lo que sostiene que no tiene deudas con nadie.
En el problema que tienen los depósitos en los que se acumulan bienes incautados hay dos factores. El primero es que no todos los procedimientos judiciales en los que se intervienen vehículos son penales, por lo que no todos los tiene que abonar la Junta. En este caso entran la defraudación a Hacienda, causas fiscales o causas civiles. "Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incauten vehículos y los lleven a depósitos no quiere decir que automáticamente la Junta tenga que pagar esa factura", indican desde la delegación territorial.
El segundo factor es la dificultad que tienen los responsables de los depósitos para conseguir la documentación de los juzgados. Cuando dejan un vehículo en un depósito, los cuerpos y fuerzas de seguridad entregan un acta de depósito que también entregan en el juzgado que haya ordenado la investigación. Pero a la hora de obtener una copia del auto en el que se acredite que la sentencia es firme, los depositarios no saben si en ese momento la sentencia es firme ni qué juzgado la ha emitido.
"Un vehículo se puede intervenir en el curso de una investigación que lleva un juzgado de Instrucción, pero después puede ir por lo Penal, por la Audiencia Provincial o incluso hasta la Audiencia Nacional", explican fuentes judiciales.
Esta situación obliga a los responsables de los depósitos a buscar uno a uno y en distintos juzgados esa certificación que exige la Junta. A ese problema se une la sobrecarga de trabajo que existe en las sedes judiciales.
Estas circunstancias están provocando que algunos depósitos estén saturados de vehículos, que tengan pérdidas económicas y que en ocasiones se nieguen a admitir más bienes incautados. Tras el robo de la lancha en Conil, la Junta indicó que está tramitando un contrato privado para la adjudicación del servicio de depósito de los vehículos que determinen los órganos judiciales de Algeciras. Ante este anuncio, los depositarios afectados solicitarán la retirada de los vehículos, que en la mayoría de los casos, al no poder manipularlos al estar inmersos en procedimientos judiciales, están en mal estado de conservación.
La Junta también recordó que el 20 de noviembre de 2013 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Fomento, Fiscalía General del Estado y Organismo Público Puertos del Estado que recoge que las embarcaciones consideradas como efectos judiciales intervenidos en procesos sobre tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y similares, deben custodiarse en los Puertos del Estado, algo que no siempre se cumple.
La última destrucción de bienes, hace cinco años
El proyecto para acabar con el estancamiento de los depósitos judiciales de embarcaciones y turismos aprehendidos en operativos antidroga y de otra índole fue impulsado por Lorenzo del Río, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por entonces presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. Según ha explicado Lorenzo del Río, a través de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial, que se celebran mensualmente con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a la investigación criminal, se plantearon dos medidas. Por un lado, subastar aquellos vehículos incautados que no tenían valor probatorio en el esclarecimiento de los hechos enjuiciados, lo que revertiría económicamente en las arcas de la propia Administración de Justicia. Por otro lado, obligar al titular del vehículo en cuestión a conservarlo embargado hasta que la autoridad judicial decidiera qué hacer con él. El propietario era pues el encargado de su mantenimiento. Lorenzo del Río recuerda que en 2015 se creó además la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano de la Administración General del Estado al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. No obstante, y a pesar de todas estas herramientas disponibles para evitar el acopio masivo del material incautado, existe una "inercia" generalizada a acumular estos bienes, lo que al final acaba generando un gasto con el que carga la Administración de Justicia. El actual presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, afirma que en el último año no ha habido ningún expediente gubernativo de destrucción o realización anticipada. El último fue el que se resolvió en 2013 con 1.441 bienes y anteriormente el de 2007, con 7.101. En total, 8.542 bienes destruidos en la última década. El coste de lo que supone este estancamiento es difícil de hacer, según Estrella, pues habría que calcularlo por cada bien desde la fecha en que se depositó hasta la que se dictó sentencia firme a razón de tres euros de media al día . "Hay procedimientos que duran tres años pero los hay que duran hasta diez". Ahora bien, "si comparamos lo que se venía pagando antes de esas destrucciones y lo que se ha pagado en facturas a los desguaces y depósitos después, podemos decir que, cuanto menos, se ha conseguido un ahorro de 3,5 millones de euros".
No hay comentarios