Los depósitos judiciales, colapsados por la burocracia

Algeciras/El asalto de un depósito de vehículos en Conil, donde tres encapuchados robaron una embarcación el pasado fin de semana, ha puesto de manifiesto el problema que sufren dos depositarios desde hace años con los bienes que son incautados y llevados a este tipo de instalaciones. En la actualidad, el único depósito judicial público que existe en toda Andalucía es el de Bellavista (Sevilla), pero la Consejería de Justicia e Interior realiza algunas excepciones con depósitos privados en el Campo de Gibraltar porque el volumen de incautaciones es más elevado que en otras zonas y por el alto coste del traslado de los vehículos a Sevilla.

Los depositarios tienen que reclamar el pago a la Consejería de Justicia e Interior, pero estos entienden que los requisitos para que se les abone el pago son bastante complejos. Por este motivo tienen problemas a la hora de cobrar, para que se les retiren los bienes incautados y para recoger más vehículos porque en algunos casos ya no tienen más espacio.

La Junta solo se hace cargo de las facturas si los depositarios adjuntan una copia del auto donde se acredite que la sentencia es firme o con detalle de la causa de sobreseimiento, siempre que los bienes hayan formado parte de un procedimiento penal y cuando no exista condena en costas. De esta manera la administración andaluza solo se hace cargo del pago en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas.

Desde la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz afirman que en todos los casos en los que se han cumplido estos requisitos, acreditados por los depositarios, se han abonado las facturas, por lo que sostiene que no tiene deudas con nadie.

En el problema que tienen los depósitos en los que se acumulan bienes incautados hay dos factores. El primero es que no todos los procedimientos judiciales en los que se intervienen vehículos son penales, por lo que no todos los tiene que abonar la Junta. En este caso entran la defraudación a Hacienda, causas fiscales o causas civiles. "Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incauten vehículos y los lleven a depósitos no quiere decir que automáticamente la Junta tenga que pagar esa factura", indican desde la delegación territorial.

El segundo factor es la dificultad que tienen los responsables de los depósitos para conseguir la documentación de los juzgados. Cuando dejan un vehículo en un depósito, los cuerpos y fuerzas de seguridad entregan un acta de depósito que también entregan en el juzgado que haya ordenado la investigación. Pero a la hora de obtener una copia del auto en el que se acredite que la sentencia es firme, los depositarios no saben si en ese momento la sentencia es firme ni qué juzgado la ha emitido.

"Un vehículo se puede intervenir en el curso de una investigación que lleva un juzgado de Instrucción, pero después puede ir por lo Penal, por la Audiencia Provincial o incluso hasta la Audiencia Nacional", explican fuentes judiciales.

Esta situación obliga a los responsables de los depósitos a buscar uno a uno y en distintos juzgados esa certificación que exige la Junta. A ese problema se une la sobrecarga de trabajo que existe en las sedes judiciales.

Estas circunstancias están provocando que algunos depósitos estén saturados de vehículos, que tengan pérdidas económicas y que en ocasiones se nieguen a admitir más bienes incautados. Tras el robo de la lancha en Conil, la Junta indicó que está tramitando un contrato privado para la adjudicación del servicio de depósito de los vehículos que determinen los órganos judiciales de Algeciras. Ante este anuncio, los depositarios afectados solicitarán la retirada de los vehículos, que en la mayoría de los casos, al no poder manipularlos al estar inmersos en procedimientos judiciales, están en mal estado de conservación.

La Junta también recordó que el 20 de noviembre de 2013 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Fomento, Fiscalía General del Estado y Organismo Público Puertos del Estado que recoge que las embarcaciones consideradas como efectos judiciales intervenidos en procesos sobre tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y similares, deben custodiarse en los Puertos del Estado, algo que no siempre se cumple.