Alternativas reclama un reparto más beneficioso para la comarca del dinero intervenido al narcotráfico

El pasado 10 de junio, los representantes del Gobierno central en la provincia y los mandos de la Guardia Civil en la comarca mostraron una decena de cajas, bolsas de deporte y de plástico transparente repletas de dinero. Más de 16,5 millones de euros incautados en la Operación Jumita contra el tráfico de cocaína en el Puerto de Algeciras.

Billetes de 50, en su mayoría, y también de 20 y 10 euros. De 500 y de 100, los menos. Si todos fueran de 50 euros, la cantidad de papel moneda incautado a la trama delictiva superaría los 300.000 billetes.

Menos de dos semanas después, la Coordinadora Barrio Vivo de Algeciras anunció junto al Ayuntamiento de la ciudad la concesión de una ayuda del Plan Nacional sobre Drogas para la puesta en marcha varios programas con los que se busca evitar que los jóvenes y menores caigan en el entramado de la droga. No solo como consumidores, también como mano de obra para el narco. Algo más de 30.000 euros concedidos por la entidad nacional, el equivalente a apenas 600 billetes de 50 euros, a los que el Ayuntamiento tuvo que añadir de sus arcas un 30% más (otros 9.500 euros) como condición de la entidad nacional para otorgar la subvención a la entidad local.

“A todas luces resulta una cantidad ínfima e insuficiente. Es muy injusto que en la zona de España donde más droga y dinero se incauta por el narcotráfico, a lo que se añade la estigmatización del territorio, apenas llegue financiación del Plan Nacional sobre Drogas para la puesta en marcha de iniciativas para contrarrestarlo. El movimiento asociativo comarcal mantiene como reivindicación un cambio en el sistema desde hace casi 30 años por ser muy encorsetado”, detalla Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, en la víspera de la conmemoración del Día Mundial sin drogas que se conmemora este sábado 26.

Los colectivos de lucha contra las drogas del Campo de Gibraltar agrupados en Alternativas celebrarán este viernes en Algeciras (a las 11:00 en la Plaza Alta) la tradicional concentración en la que reclamaránun nuevo modelo de financiación de los colectivos antidroga más acorde a las necesidades del territorio. Y también que el Campo de Gibraltar sea considerado Zona de Especial Singularidad. Dos peticiones directas para el Gobierno central de Pedro Sánchez que, pese a ser sobradamente conocidas, no tienen aún una aplicación clara más allá de meros compromisos políticos.

El movimiento asociativo desarrolla su labor contra las adicciones en toda la comarca gracias a aportaciones la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos o entidades privadas. Pero tiene prácticamente cerrado el acceso a las ayudas y subvenciones del Plan Nacional sobre Drogas que, precisamente, se nutre en gran medida con los decomisos de dinero que las autoridades efectúan constantemente a las tramas del narcotráfico asentadas en la comarca, según Mena.

“No se han articulado medidas concretas para que el dinero incautado al narcotráfico revierta en el Campo de Gibraltar. Con lo que se lograría darle un doble valor si redundara en beneficio de la comunidad más perjudicada por el narcotráfico. Si hay un territorio especialmente azotado por esta lacra, es el Campo de Gibraltar”, insiste Mena.

El presidente de Alternativas detalla que el dinero intervenido a las mafias pasa al Ministerio de Hacienda. De ahí, un 50% se emplea para mejorar las dotaciones de las fuerzas policiales y la otra mitad se destina a la convocatoria anual de subvenciones del Plan Nacional sobre Drogas. “Pero a estas ayudas solo se pueden presentar entidades de ámbito nacional, ayuntamientos que sean capital de provincia o que superen los 100.000 habitantes y que además deben añadir un porcentaje a la ayuda obtenida. Es decir, una ciudad como La Línea, donde el narcotráfico supone un problema de gran magnitud, está totalmente apartada de estas ayudas. Y entidades como Barrio Vivo o Despierta no las pueden pedir por su cuenta mientras que no vemos que por aquí vengan las entidades nacionales a hacer ningún programa o intervención”, critica Mena.

El máximo responsable de Alternativas demanda cambios en la distribución de esta financiación para la puesta en marcha de programas de educación, empleo, formación y contra la exclusión social a través de los ayuntamientos “como entidades más cercanas a los ciudadanos” y de las entidades sociales. “La Ley del Decomiso está muy encorsetada. Ya exploramos esta situación con la anterior coordinadora del Plan, con la que nos reunimos varias veces antes de ser destituida. A su sucesor le hemos pedido una reunión por si hay voluntad al respecto”, apunta Mena.

Especial Singularidad

La consecución de un trato diferenciado para hacer más atractivo el Campo de Gibraltar a los funcionarios, no solo de las fuerzas de seguridad sino también de ámbitos como la medicina o la educación, estará igualmente presente en la concentración de hoy. De hecho, será el asunto principal que hilará el manifiesto de este 2021 en el que se han cumplido los primeros cuatro años de una reivindicación muy escuchada en el Gobierno de manos del movimiento asociativo pero no atendida por el momento.

“Debería ser una realidad ya. No podemos esperar más. Y también demandamos que se escuche nuestra posición a la hora de ver cómo se puede articular este beneficio que, en esencia, es muy parecido a lo que se hacía años atrás en el País Vasco y Navarra para incentivar el arraigo de los funcionarios. Es decir, hacer la zona más atractiva con más sueldo, pero también con mayor puntuación en la orden de méritos a cambio de un plazo mínimo de estancia en el Campo de Gibraltar para dar cierta estabilidad a las plantillas de esos servicios esenciales”, resume Mena.

La Coordinadora Alternativas lleva varias semanas promoviendo que la petición sea una demanda institucional. “Nos hemos reunido ya con la Mancomunidad y varios alcaldes. Queremos que todas las instituciones de la comarca pidan esta figura con independencia de los partidos políticos y que apliquen todas las medidas del Plan Integral para el Campo de Gibraltar. Que haya unanimidad para demandar mejoras en la formación, el empleo, la educación, la sanidad o las infraestructuras para atajar la narcoeconomía. Lo hemos dicho infinidad de veces, que esto solo con Policía no se arregla, hay que abrir la posibilidad del desarrollo del Campo de Gibraltar para hacer frente al tráfico de drogas como forma de vida”, subraya el presidente de la coordinadora comarcal.

Unidad de Desintoxicación Hospitalaria

Una de las principales reivindicaciones de Alternativas durante los últimos meses, la reapertura de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH), apunta a una solución en el corto plazo, aunque a medias.

En este servicio, cerrado desde el pasado noviembre para atender el pico de ingresos por la Covid-19 de la tercera oleada de la pandemia, se ingresa a las personas con adicciones para superar bajo supervisión médica la fase posterior al cese del consumo de drogas y sirve de puente al posterior ingreso en comunidades terapéuticas o recursos asistenciales similares. Hasta su cierre contaba con seis camas.

"Ahora, tras unas gestiones de la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto, la Junta se comprometió a abrir de manera provisional tres de las seis camas en unos días. No cejamos en la exigencia de que se habiliten las seis, porque la lista de espera es larga con más de 30 personas. Alguno espera desde febrero de 2020", comenta Mena.

Las adicciones se incuyen como un área gestionada por la Consejería de Salud (anteriormente se adscribía a Asuntos Sociales) "con el argumento de que al ser un problema sanitario, la atención sería más eficiente e integral". "Por eso, nos parece aún más lamentable su cierre desde hace meses. Este recurso tan necesario tiene un coste ridículo ya que solo son seis camas disponibles con apenas 10 profesionales adscritos a este servicio y el tiempo medio de estancia por paciente es de 40 días dependiendo del grado de adicción de cada persona", estima Mena.

También hay problemas en la atención a drogodependientes en la prisión de Botafuegos, en Algeciras. Alternativas precisa que el Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) ha dejado de prestar su atención a los reclusos por la falta de renovación del convenio entre la Consejería de Salud de la Junta y el Ministerio del Interior. La situación es común en todas las provincias andaluzas.

"Se les priva del derecho a la salud. Pero, además, en un contexto en el que el consumo de drogas sin una atención adecuada redunda en más violencia, agresividad y problemas de convivencia. Este convenio debe renovarse ya", concluye Mena.