“Dieciocho años después todavía sufro las consecuencias”

Con catorce años y una hija que el padre no quiere reconocer, cualquier perspectiva de trabajo estable y bien pagado parece caída del cielo. Al menos, eso le pareció a Ingrid (nombre ficticio), a la que con esa edad, aún estudiando, le ofrecieron venir a trabajar a España a la casa de una familia adinerada, como interna. Una forma de darle un futuro mejor a su hija, le dijeron. Pero su historia, como las de muchas otras, acabó en un club de alterne, con una deuda por saldar sobre la mesa y condenada a prostituirse.

Ingrid llegó a España en 2002 y todavía hoy está sufriendo las consecuencias de haber sido víctima de la trata de personas. Su historia es un ejemplo más del drama por el que pasan cada año millones de víctimas en todo el mundo; se calcula que 25 millones (datos del Departamento de Estado de EEUU) sufren la trata en todo el planeta, de las cuales solo 2,5 millones están detectadas. Y va al alza: según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, el número de víctimas encontradas cada año en los países que reportan los casos ha ido en ascenso progresivamente desde el inicio del milenio. En 2016, fueron 254.000. Es un fenómeno creciente y por eso, Naciones Unidas ha designado el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata.

¿Qué es la trata de personas? Según el protocolo establecido por la ONU, se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En el caso de Ingrid, funcionó el engaño. Viajó con el pasaporte de otra persona, ya que ella era menor de edad. Solo cuando llegó a España y una taxista la llevó hasta un club de alterne comprendió que no iba a trabajar en el servicio doméstico. Nada más llegar, explica, le dieron instrucciones: aprender algo de español, vestirse con ropa interior e incitar a los clientes a consumir bebidas alcohólicas en la barra. También le informaron de las tarifas de los servicios sexuales. Su deuda inicial era de 2.500€, a lo que le iban sumando diariamente los costes de habitación y otros. La mujer al cargo del local se quedaba como mínimo entre el 40% y 50% de lo que ganaba cada noche.

Allí estuvo trabajando meses, con la constancia de que su madre estaba siendo vigilada, asegura. “Hice que se mudase varias veces, hasta que cambió a una ciudad más lejana y ya no volvió a saber nada de mis captadores”.

Ingrid acabaría dejando la prostitución, pero denuncia que entonces, aún menor, cayó en los abusos psicológicos y físicos por parte de su pareja. Seguía residiendo en España bajo la identidad falsa con la que llegó, pero sin la documentación en regla. Precisamente eso es lo que llevó a destapar su caso, que ella no había denunciado. Su ya ex pareja la denunció por tener una identidad falsa cuando ella estaba en un recurso de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y en ese momento, explica, se decidió a contarlo todo.

Se abrió un procedimiento judicial contra la responsable del club y su ex pareja, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de prostitución de menores, pero ambos salieron absueltos. La denunciante no había podido aportar prueba alguna y su declaración presentaba incoherencias y contradicciones, empezando por el hecho de que su identidad no estaba demostrada, destacaba la sala. Tampoco había testigos que corroborasen que había ejercido la prostitución de forma forzada y sí testificaron personas asegurando que las chicas estaban allí libremente. Las organizaciones que han trabajado con ella sí han considerado veraz su historia.

La dueña de los locales logró así una nueva absolución. No era la primera vez (ni sería la última) que se veía en los tribunales por la actividad en su red de clubes, distribuidos por varias provincias: en 2005 fue absuelta junto a su pareja de un delito de inducción a la prostitución al considerar la juez que no había pruebas de que las chicas brasileñas que trabajaban en los clubes lo hicieran coaccionadas o hubieran venido engañadas. Meses después ambos fueron detenidos en una operación policial hispano-brasileña por ser presuntamente los responsables de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras. Salieron absueltos una década después, en 2015, ante la falta de testimonios concluyentes ni pruebas. En 2008, volvieron a ser detenidos en una nueva redada contra la prostitución, en esta ocasión al descubrirse una menor de edad en uno de los clubes. En 2013, él volvió a ser detenido al contar con una orden de búsqueda internacional emitida por Brasil por un delito de tráfico de seres humanos.

La presencia de incoherencias en los testimonios y la falta de pruebas son una de las características de los casos de trata, explica Encarna Márquez, una de las portavoces de la Red contra la Trata Antena Sur. “La memoria de las víctimas falla, sufren una distorsión de la realidad consecuencia del shock sufrido. Cambian fechas, situaciones. Se refugian en la bebida. Es una de las señales de alerta”. También explica Márquez que la denuncia a los cuerpos policiales se dificulta si las familias están amenazadas. “Como tengan a la familia controlada, la chica no va a dar información de ningún tipo, porque hay mucho riesgo. Nosotros atendimos a una mujer a la que le mataron a su hermana en la puerta de una comisaría en Nigeria”, explica. “Y otra a la que una vez muerta la madame con la que tenía su deuda, los hijos pasaron a reclamársela".

Hay mucho que cambiar para sacar a la luz los casos de trata de personas, no solo para explotación sexual, sino también para la laboral, algo que también abunda. El año pasado, en la provincia de Cádiz fueron identificadas solo 13 víctimas de trata de seres humanos, una cifra que parece “insignificante” teniendo en cuenta “que estamos en un lugar de entrada”. En el conjunto del país, las fuerzas de seguridad liberaron el pasado año a 418 mujeres explotadas sexualmente (1.030 personas fueron detenidas por estos hechos) y 428 personas fueron rescatadas de las tramas que las habían traído a España con fines de explotación laboral. Solo durante el estado de alarma se efectuaron 133 operaciones contra grupos organizados, que se saldaron con la detención de 196 traficantes y la liberación de 215 víctimas.

Para Márquez “habría que establecer medidas de detección temprana para que las víctimas no lleguen a pasar por la explotación”, empezando por la presencia de un equipo multidisciplinar en el centro de atención temporal a extranjeros, en el caso del Campo de Gibraltar. Y abordar este fenómeno desde el punto de vista de la protección de las víctima, “no solo desde un punto de vista de persecución del delito”. El apoyo, además, debería ser prolongado en el tiempo.

Aunque ninguna ayuda puede ser tan prolongada como son las consecuencias de lo que han vivido las víctimas. Dieciocho años después de llegar y muchos después de dejar la prostitución Ingrid es capaz de contar lo ocurrido, “pero todavía me afecta recordarlo”. Y todavía sigue batallando para lograr ser una ciudadana de pleno derecho: consiguió que se le reconociera su verdadera identidad en 2014 después de un sinfín de trámites y hace un año logró un permiso de trabajo porque su hijo es español. Pero todavía no ha conseguido corregir los datos en el libro de familia y tras años en la economía sumergida no tiene derecho a subsidio alguno. “Todavía hoy estoy sufriendo las consecuencias de lo que me pasó”.