La falta de espacio amenaza con frustrar el juicio a la mayor red de narcotráfico del Estrecho

La intensa labor desarrollada por la Guardia Civil contra las mafias del narcotráfico en el Estrecho se concreta en las múltiples investigaciones desarrolladas a lo largo de los últimos años. Las diligencias se reparten entre los juzgados del Campo de Gibraltar, saturados como pocos en España, más alguna que otra causa que tramita la Audiencia Nacional a causa de su complejidad y la implicación de terceros países.

Uno de los procedimientos judiciales más seguidos debido al amplio número de encausados es el derivado de la operación Dismantle, dirigida contra el clan de los Castaña. Liderado presuntamente por Antonio Tejón, este grupo fue considerado hasta su desarticulación hace dos años como la organización criminal más importante de entre las dedicadas al tráfico de drogas. Prueba de ello es que en el escrito de acusación elevado al juzgado por la Fiscalía Antidroga de Algeciras figuran 157 acusados.

Cada parte ha hecho su labor a conciencia: los agentes de la Benemérita reunieron las pruebas para proceder a las detenciones, la Fiscalía perfiló la acusación -con un total de 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas para los acusados- y el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Algeciras dictó el auto de procedimiento abreviado en un tiempo récord para permitir cuanto antes la apertura de juicio oral en la Audiencia de Cádiz. Y aún así, todo el trabajo o buena parte de este se puede ir al traste.

El próximo mes de septiembre se cumplen los dos años fijados por ley como periodo máximo para que los acusados permanezcan en prisión provisional. De no celebrarse antes de esa fecha la vista oral por parte de la Audiencia de Cádiz, en la sección de Algeciras, habrá que ponerles en libertad, con el consiguiente riesgo de fuga. En enero pasado, de los acusados, 146 estaban localizados por el Juzgado, en tanto que sobre los once restantes pesaban órdenes de detención.

Esa circunstancia es el motivo de preocupación compartido por diversas fuentes consultadas por Europa Sur, que ponen de relieve la pasividad de las autoridades a la hora de habilitar un espacio en Algeciras con capacidad para acoger la vista oral de dicha macrocausa. “Como decano y como juez, me duele que el enorme trabajo de la Guardia Civil y del juez de instrucción número 5, que para dictar el auto de procedimiento abreviado se privó hasta de sus vacaciones, caigan en saco roto”, manifestó este martes a esta redacción Alberto Ruiz, decano de los jueces de Algeciras, poniendo voz a una desazón generalizada.

Fuentes de la Fiscalía admiten que la falta de un espacio lo suficientemente amplio como para acoger la vista oral supone un obstáculo para el funcionamiento ágil de la justicia. “No nos podemos saltar la ley”, apuntan en relación al plazo de dos años, si bien plantean que se solicite una prórroga de la prisión provisional -en total, podrían alcanzarse hasta los cuatro años en esa situación- como alternativa para evitar una masiva puesta en libertad de los acusados. No obstante, esa sería una medida excepcional que conllevaría, en cualquier caso, una reducción de las posibles condenas por las dilaciones indebidas en el proceso.

Juicios para 2023

Hay un motivo de preocupación añadido, puesto que la sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz está fijando ahora la celebración de los juicios para 2023. No obstante y según recuerda Alberto Ruiz, ese calendario podría ser alterado ante la importancia de la causa derivada de la Operación Dismantle y el número de personas implicadas, puesto que a los 157 acusados hay que sumar sus abogados, los miembros del tribunal y la Fiscalía, además de la prensa que desee cubrir el juicio.

La suma de la petición de condenas formulada por la Fiscalía Antidrogas de Algeciras es de vértigo. El escrito de acusación, adelantado el pasado mes de enero por Europa Sur, establece por el delito contra la salud pública dos grupos de acusados: 49 de ellos afrontan una petición de 6 años y 9 meses de cárcel; otros 108, de 5 años y seis meses.

En cuanto a las multas, cada uno de los 157 acusados se enfrenta al pago de dos multas, a razón de 50 millones de euros cada una de ellas. En total, 15.700 millones de euros.

Según el escrito de acusación, fechado el pasado 13 de enero y firmado por la fiscal jefe Antidrogas algecireña, Macarena Arroyo, por el delito de contrabando se solicita para 144 acusados la pena de 5 años de prisión y el pago de forma individual de 4 millones de euros, lo que da una cifra total de 584 millones de euros. Por el delito de receptación, la petición para 144 los acusados es de dos años.

Por el delito de pertenencia a organización criminal aparecen 45 acusados, a razón de 2 años de cárcel por cabeza. Figuran, además, dos acusados (uno de ellos, Samuel Crespo, conocido por su truculenta fuga del hospital de La Línea en febrero de 2018, cuando estaba detenido) por el delito de posesión de armas, con una petición de condena de 3 años de cárcel para cada uno.

Finalmente, hay un último acusado por atentado contra agente de la autoridad, para quien el ministerio fiscal solicita 4 años de prisión y el pago de la indemnización (no establecida en el escrito) a la víctima.

Antonio Tejón, en la cúspide

El Ministerio Público sitúa en la cúspide de la supuesta organización criminal a Antonio Tejón Carrasco, al que le constan numerosos antecedentes penales por narcotráfico y para el que pide las máximas condenas.

El presunto jefe de los Castaña está acusado de los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, receptación y contrabando, por los que la fiscal solicita una pena conjunta de 12 años y medio de reclusión.