Ecologistas en Acción pide frenar el "expansionismo sin control" del aguacate para salvar la cuenca del Guadiaro

Campo de Gibraltar/"No estamos en contra del aguacate, entendemos su valor económico, pero hay que poner medidas". Con estas palabras resume su posicionamiento Ecologistas en Acción sobre la expansión "sin control" de este cultivo que copa varias hectáreas de la cuenca del río Guadiaro y que, a ojos de los conservacionistas, está secándola.

La entidad ha mostrado nuevamente su preocupación por la situación de estos cultivos, que ocupan más de tres hectáreas en la cuenca del río Guadiaro y Hozgarganta, en término de Jimena y San Martín del Tesorillo, y que es objeto de muchas reivindicaciones por su parte por la afección que tienen en el terreno por las tomas de agua.

Según los cálculos de Verdemar, entidad del Campo de Gibraltar que forma parte de Ecologistas en Acción, al menos una héctarea de las tres de plantación de aguacate en la comarca son ilegales en zonas de secano. Esto va de la mano de los más de mil pozos ilegales que han contabilizado los conservacionistas entre San Pablo de Buceite y la desembocadura del Guadiaro, un dato por el que muestran su preocupación por la afección al curso del río, que lleva varios años con sequías puntuales que achacan a este motivo.

De acuerdo con las estimaciones, las mismas hectáreas de cultivo de aguacate consumen más del doble que las de un campo de golf aunque, matizan, esto no significa que estén en contra de que se apueste por este producto, al que ha evolucionado la agricultura de la zona interior de la comarca por su mayor rentabilidad económica en detrimento de la naranja.

El principal problema que detectan desde Verdemar es el expansionismo sin control que se ha producido del regadío en zonas de secano, el cual obliga a realizar tomas de agua del curso del río drenándolo. Además esperan que se apueste realmente por el riego eficiente. "No podemos consentir que se sigan convirtiendo zonas de secano al aguacate", expresa Juan Corrales, portavoz de la entidad campogibraltareña.

En esta línea, señalan directamente a la Administración por no poner freno a esta situación, "engañándose a sí misma" y no realizando actuaciones contundentes contra los regadíos ilegales, cuyo proceso administrativo se saltan, según los ecologistas, muchos agricultores. De hecho, Corrales asegura que, con "desvergüenza absoluta", algunos de ellos colocan contenedores en los márgenes de los caminos en cuyo interior están las bombas que toman el agua del río y la llevan a las fincas.

Aun así, desde Verdemar aseguran tener constancia de que se imponen sanciones administrativas, derivadas como delitos ecológicos por la Fiscalía, que no compensan la ganancia que supone la plantación. "Un árbol de aguacate da 20.000 euros al año, si la multa es de 2.000 a 20.000 euros, la pueden pagar sin gran perjuicio económico", abunda Corrales. Hace apenas unas semanas se hicieron eco de una investigación sobre pozos ilegales de la Junta y la Policía Autonómica, aunque aseguran desconocer, por el momento, el estado de las pesquisas.