Los ecologistas amplían al Ministerio de Medio Ambiente sus denuncias por los rellenos de Gibraltar en aguas españolas

Gibraltar/Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y su Dirección General de la Costa y el Mar para tratar de frenar el impacto ambiental del proyecto urbanístico de lujo Eastside en Gibraltar. La asociación acusa a los Ministerios de Exteriores e Interior de mantenerse absolutamente pasivos ante unos rellenos en el mar que, además de invadir aguas españolas, ponen en riesgo un espacio protegido de gran valor ecológico.

El núcleo de la denuncia radica en la extracción y transporte de bloques de piedra desde la cantera de La Utrera, en Casares (Málaga), hasta la colonia británica. Estas rocas, como expone Verdemar, se están empleando en rellenos para ganar terreno al mar en la cara este del Peñón, una zona incluida en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). "Ya han acumulado decenas de miles de piedra de escollera, trabajando a destajo sin que la administración [española] remedie la situación", señala la asociación ecologista.

En su escrito dirigido al Miteco, al que ha tenido acceso Europa Sur, Verdemar denuncia que las obras carecen de los permisos adecuados y podrían vulnerar normativas europeas destinadas a proteger este espacio marino, considerado un corredor migratorio esencial para especies que transitan entre el Mediterráneo y el Atlántico. Además, alerta de que los residuos acumulados en la zona, incluidos materiales peligrosos, podrían estar siendo utilizados en cofres de hormigón, lo que incrementaría el riesgo ambiental. "Pretenden utilizar en cofres de hormigón los áridos mezclados con los residuos contaminantes que se acumulan junto al acopio de la escollera", prosigue la denuncia.

En respuesta a consultas previas, tanto la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina como la Junta de Andalucía han confirmado que no consta la existencia de autorizaciones para estas actividades en la ZEC del Estrecho Oriental. Sin embargo, los rellenos continúan, con camiones de empresas españolas cargados de escollera, recorriendo diariamente la autopista de la Costa del Sol hacia Gibraltar.

El proyecto Eastside, liderado por el grupo empresarial TNG Global Foundation, incluye la construcción de un hotel, 1.300 viviendas, un puerto deportivo y otras infraestructuras en una zona previamente utilizada como escombrera. Según Verdemar, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, emitida en 2008, podría estar caducada, ya que la legislación gibraltareña limita la vigencia de estas autorizaciones a cinco años. "Si el proyecto obtuvo la declaración de impacto favorable en 2008, el diseño evaluado poco tiene que ver con el actual: necesariamente han debido revisar la licencia de obras y prorrogar su vigencia, además de haber revisado la DIA y la validación de la Unión Europea", apunta Verdemar.

Pese a las reiteradas solicitudes de información ante distintos organismos, los ecologistas aseguran que no se ha presentado documentación que avale la legalidad de los rellenos ni su conformidad con las normativas europeas.

La protesta de Exteriores

Como adelantó este periódico el 23 de diciembre, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció a través de una carta dirigida a Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, que el Gobierno español formuló el pasado 8 de agosto una protesta ante la embajada británica en Madrid mediante una nota verbal, en la que reiteraba que cualquier construcción o relleno en espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht constituye una violación de la soberanía española. También señaló que el proyecto Eastside incumple normativas como el Real Decreto 1620/2012.

Sin embargo, Verdemar critica que esta protesta diplomática no se haya traducido en acciones concretas para detener las actividades. Albares también afirmó haber recordado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, la importancia de coordinar respuestas entre los distintos departamentos ministeriales.

Verdemar concluye su denuncia advirtiendo que el proyecto Eastside supone una amenaza seria para un ecosistema marino único, vital para la biodiversidad y clave en el equilibrio ecológico del Estrecho de Gibraltar. "No se ha tenido en cuenta que el LIC fue propuesto debido a la presencia de hábitats naturales de interés comunitario: bancos de arena recubiertos permanentemente por agua marina, arrecifes, estructuras submarinas causadas por emisiones de gases, así como de las especies de interés comunitario Tursiops truncatus (delfín mular), Caretta caretta (tortuga boba) y Phocoena phocoena (marsopa común)". Y añade la denuncia: "Insistimos, estos rellenos ya están modificando la dinámica del litoral en perjuicio de las playas de La Línea de la Concepción y, si siguen con la ampliación, el impacto será irreversible".

Por todo ello, la asociación exige la paralización inmediata de los rellenos, la revisión de todos los permisos y una respuesta firme que preserve este entorno protegido. "Existen motivos sobrados para exigir su paralización a las autoridades gibraltareñas y trasladar el incumplimiento a Europa. Aunque la colonia ya está fuera de la UE, el proyecto se aprobó siendo Reino Unido, es decir, un Estado miembro", recuerdan los conservacionistas.

La Dirección General de la Costa y el Mar, encargada de la protección del medio ambiente costero y marino, es ahora la principal receptora de la denuncia, y deberá determinar si las actividades denunciadas en la ZEC del Estrecho Oriental constituyen una infracción de las normativas nacionales y europeas.

Un precedente reciente

La denuncia de Verdemar Ecologistas en Acción ante el Miteco no es la primera señal de alarma respecto al impacto ambiental del proyecto Eastside en Gibraltar. El pasado 26 de agosto, José Luis Marín Aguinaga, ciudadano preocupado por las actividades en la zona, solicitó información sobre las obras en Gibraltar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, utilizando el Portal de la Transparencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su petición, Marín Aguinaga hacía hincapié en el continuo cruce de camiones cargados de piedras y tierra desde España hacia Gibraltar. En concreto, planteaba la cuestión de si el Ministerio había realizado algún informe sobre el impacto ambiental de las actividades, describiendo los rellenos como ilegales y destacando su posible afección al medio marino.

La respuesta oficial, fechada el 31 de julio de 2024 y consultada por Europa Sur, fue contundente. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental afirmó que no había tramitado ni estaba tramitando procedimiento alguno de evaluación ambiental relacionado con las obras en Gibraltar. La resolución dejó claro que, hasta esa fecha, el Ministerio no había intervenido en el asunto, pese a la magnitud del proyecto y las posibles repercusiones ambientales.

La directora general subrayó que los datos disponibles en el órgano ambiental no reflejaban actuaciones relacionadas con la evaluación de estas actividades en el entorno del Peñón, a pesar de las denuncias sobre los potenciales daños a la fauna marina y la alteración del medio marino en aguas colindantes.

Esta respuesta refleja un vacío administrativo que, según Verdemar, evidencia la falta de coordinación y acción en un asunto de evidente trascendencia medioambiental y legal. La ausencia de procedimientos formales para evaluar el impacto de las obras contrasta con la magnitud de los rellenos y el uso de materiales procedentes de España.

Finalmente, la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dejaba abierta la posibilidad de recurso, aunque la carga de la prueba y la iniciativa recae en los ciudadanos o colectivos que denuncian las actividades. Para Verdemar, este precedente pone de manifiesto la inacción de las administraciones competentes, que no han articulado mecanismos eficaces para supervisar un proyecto de esta envergadura que afecta directamente a un espacio protegido.