Los ecologistas protestan por el silencio de la Junta de Andalucía sobre el traslado de piedras hacia Gibraltar y exigen una investigación

Gibraltar/Verdemar Ecologistas en Acción ha vuelto a denunciar este lunes la "falta de respuesta" de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Casares ante sus reiteradas peticiones sobre la legalidad de las extracciones de piedra en la cantera de La Utrera y su traslado a Gibraltar. Según la organización, las administraciones "están obstaculizando el acceso a la información y poniendo trabas a la fiscalización de una actividad que podría estar vulnerando normativas ambientales".

La cantera de La Utrera, situada en el municipio malagueño de Casares, ha sido durante años fuente de piedra de escollera utilizada en proyectos de relleno en Gibraltar, específicamente en la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, un espacio marino protegido dentro de la Red Natura 2000. Verdemar sostiene que al menos 100.000 toneladas de piedra han sido transportadas desde Casares hasta la colonia británica, "sin que la Junta haya garantizado el cumplimiento de las normativas ambientales", exponen en una nota de prensa enviada a Europa Sur.

Opacidad y dilaciones administrativas

Desde hace meses, Verdemar ha solicitado a las administraciones competentes documentación sobre la legalidad de las extracciones y el impacto ambiental de la actividad. Sin embargo, la organización denuncia que la Junta de Andalucía ha eludido proporcionar "información clave", amparándose en el artículo 14 de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Este artículo establece límites al derecho de acceso cuando la divulgación pueda afectar la seguridad pública, la investigación de delitos o la protección del medio ambiente, entre otros aspectos.

El Departamento de Minas de la Junta ha argumentado que facilitar el acceso completo al expediente "podría afectar la operatividad de la Delegación Territorial de Málaga, dado que sería necesario revisar y disociar datos personales antes de su divulgación". Además, ha instado a Verdemar a concretar su petición y ha advertido que el acceso a la información podría implicar el pago de tasas.

"Nos parece todo muy sospechoso. Muchas instituciones han dejado de vigilar las buenas prácticas ambientales en estos parajes de gran valor"

Por otro lado, el Ayuntamiento de Casares ha tardado más de un año en responder a las denuncias ecologistas y solo lo ha hecho después de que Verdemar interpusiera una demanda basada en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. "Nos parece todo muy sospechoso. Muchas instituciones han dejado de vigilar las buenas prácticas ambientales en estos parajes de gran valor, y nosotros no vamos a cesar en nuestras denuncias", han advertido los ecologistas.

Vigilancia del Gobierno español

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha comenzado a vigilar el traslado de piedra desde La Utrera hasta Gibraltar. Como publicó este sábado Europa Sur, un inspector del ministerio ha sido destinado a la Verja para documentar el paso de camiones cargados con material de cantera, tras meses de presión ecologista. La medida coincide con una reciente reunión entre Verdemar y representantes del Miteco y la Dirección General de la Costa y el Mar, lo que sugiere un cambio en la postura del Gobierno ante las denuncias de impacto ambiental.

Según ha podido saber este diario, el Miteco y la Fiscalía de Medio Ambiente han intercambiado información en los últimos días sobre este caso, lo que podría derivar en futuras actuaciones legales. Previamente, Verdemar había solicitado formalmente a la Fiscalía que investigue las extracciones en La Utrera y su impacto en los ecosistemas del Estrecho.

Los ecologistas sostienen que los rellenos en la costa este de Gibraltar afectan a un espacio marino protegido y que la piedra de escollera utilizada podría haber sido extraída sin las autorizaciones ambientales necesarias. Además, han alertado sobre el posible uso de materiales contaminantes mezclados con los áridos empleados en los rellenos, lo que incrementaría el riesgo ecológico en la zona.

Un problema ambiental y político

El conflicto sobre la cantera de La Utrera no solo tiene implicaciones ecológicas, sino también políticas y administrativas. Verdemar insiste en que la Administración andaluza debe garantizar el cumplimiento de la "Normativa del Plan Especial para el Aprovechamiento, Restauración y Mejora Técnica y Ambiental de la Cantera de La Utrera", aprobada en 2013. Este plan establece medidas para minimizar el impacto ambiental de la actividad extractiva, pero los ecologistas sostienen que su cumplimiento no está siendo debidamente supervisado.

Sin embargo, la Junta de Andalucía defiende que no tiene competencias para actuar contra los rellenos que el Gobierno de Gibraltar realiza en la cara este del Peñón para el macroproyecto urbanístico del Eastside y, por tanto, no puede adoptar las "medidas contundentes" que le reclama el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Así lo explicó a finales de 2024, a preguntas de este periódico, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que entonces entendía que "las sanciones relacionadas con la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) sin título son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" y que éste es el caso de los terrenos que la colonia británica gana al mar en aguas españolas.

La Junta subraya que la ley sí la faculta para la tramitación y, en su caso, la imposición de sanciones por incumplimientos del condicionado de autorizaciones o concesiones. No obstante, afirma que no ha otorgado ningún permiso para la ocupación del espacio marítimo en el que se ejecutan las obras de relleno. Además, apela a la sentencia de 25 de marzo de 2021 (nº 1241/2021, rec. 105/2017), que manifiesta que “no cabe confundir la competencia para otorgar concesiones en el DPMT con la competencia para sancionar las infracciones de la Ley de Costas que puedan cometerse en dicha zona, la cual corresponde a la Administración del Estado”.

La consejería recuerda además que la gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España declaró en noviembre de 2012 ZEC el área marítima que rodea el Peñón de Gibraltar con el fin de salvaguardar su riqueza biológica y para constituir un paso estratégico para especies de cetáceos y aves marinas. La Comisión Europea ya había declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) al Estrecho Oriental, englobando una amplia zona "en virtud de la jurisdicción y soberanía españolas sobre las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar", según informó entonces el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este lugar protege una superficie marina de 23.641,82 hectáreas frente a la costa de La Línea de la Concepción, que se encuentra en la región biogeográfica mediterránea de la red ecológica europea Natura 2000.

Respecto al material de relleno supuestamente procedente de una cantera situada en Casares, la Junta afirma que la regulación de estos traslados es competencia de Aduanas, es decir, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. "Si el material fuese considerado un residuo, el traslado desde España a Gibraltar requeriría la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", subraya.

Mientras el debate sigue abierto, el Miteco mantiene su vigilancia en la Verja y la Fiscalía estudia posibles acciones legales. Verdemar, por su parte, asegura que seguirá denunciando lo que considera una "dejación de funciones" por parte de las autoridades autonómicas y estatales y una "amenaza grave" para el patrimonio natural del Estrecho.