La Junta sigue sin encontrar un espacio para los macrojuicios contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

Algeciras/Después de varios meses, la Junta de Andalucía sigue sin encontrar un emplazamiento para la celebración de macrojuicios en el Campo de Gibraltar, como el de la operación Dismantle, causa en la que figura Antonio Tejón, presunto líder junto a su hermano Isco del clan de los Castaña, junto a otras 157 personas. El 14 de septiembre los siete principales encausados cumplen dos años en prisión preventiva, tiempo máximo en el que pueden permanecer a la espera de juicio, aunque la Fiscalía Antidroga de Algeciras ha solicitado que se prorrogue este tiempo para evitar que queden en libertad.

La causa está solo a la espera de que la Junta de Andalucía habilite en Algeciras o en sus alrededores una sala adecuada para la celebración de este macrojuicio, el más importante pero no el único de una serie de vistas orales contra las redes del narcotráfico cuya celebración está pendiente.

Ante el riesgo de fuga de los encausados, la Junta se comprometió por última vez el pasado julio a buscar un emplazamiento, aunque aún no lo ha encontrado. "Desde la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración se trabaja en buscar el emplazamiento idóneo para albergar macrojuicios como el del clan de los Castañas, con 140 acusados. Ya se han visto algunos posibles espacios, si bien dadas las especiales características de este tipo de macrocausas aún no se ha encontrado una instalación adecuada que cumpla los requisitos necesarios. No obstante, la consejería continúa trabajando para hallar una solución lo antes posible que permita celebrar este tipo de juicios con todas las garantías y condiciones dignas", indica la Junta tras ser cuestionada por Europa Sur.

Soluciones "con urgencia"

También en julio pasado y a raíz de la llamada de atención realizada al respecto por el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio traslado a la Consejería de Justicia de la necesidad de que la sede algecireña de la Audiencia Provincial cuente con una sala adecuada para acoger los macrojuicios contra el narcotráfico.

El TSJA solicitó que se "arbitren con urgencia soluciones precisas en materia de infraestructuras que permitan al tribunal desempeñar su función jurisdiccional con la mayor normalidad y, en su caso, señalar las oportunas sesiones del juicio oral sin demoras por causas externas".

Las diligencias de la Operación Dismantle, con más de 25 tomos, fueron dirigidas por Jerónimo García, titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Algeciras. El próximo 14 de septiembre se cumplen dos años desde que Tejón y los otros seis encausados que siguen en prisión entraron en la cárcel como consecuencia de una operación de la Guardia Civil. Ese es el periodo máximo de reclusión que prevé la ley, aunque existe la posibilidad de que se prolongue dos más, hasta los cuatro años, en función de la gravedad de los delitos, la reincidencia de los acusados y el riesgo de fuga.

Hasta su desarticulación, los detenidos integraban el principal grupo de narcotraficantes del Estrecho. La suma de la petición de condenas formulada por la Fiscalía Antidrogas de Algeciras da idea de la importancia de las investigaciones desarrolladas por la Benemérita: 2.000 años de cárcel y más de 16.000 millones de euros en multas.

El escrito de acusación, desvelado por Europa Sur, establece por el delito contra la salud pública dos grupos de acusados: 49 de ellos afrontan una petición de 6 años y 9 meses de cárcel; otros 108, de 5 años y seis meses. Cada uno de los 157 se enfrenta al pago de dos multas, a razón de 50.000.000 euros: 15.700 millones de euros, en total.

El Ministerio Público sitúa en la cúspide de la supuesta organización criminal a Antonio Tejón Carrasco, al que le constan numerosos antecedentes penales por narcotráfico y para el que pide las máximas condenas. El presunto jefe de Los Castañas está acusado de los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, receptación y contrabando, por los que la fiscal solicita una pena conjunta de 12 años y medio de reclusión.

La presencia de un narcoembarcadero en el antiguo depósito judicial de Los Barrios, el alquiler de una nave industrial en un pueblo de Ciudad Real para ocultar las lanchas planeadoras, el uso de drones de vigilancia por parte de los traficantes o la instalación de geolocalizadores a cargo de los agentes de la Guardia Civil en los coches y embarcaciones de la red fueron algunos de los detalles que desvela la investigación desarrollada con sigilio por el OCON Sur y el CCON Sur de la Guardia Civil, entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre de 2020.